Sociedad
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hace 16 horas
La discusión sobre el sistema de educación superior no universitaria en la provincia llegó a la Legislatura de la mano de la oposición.
El bloque de "Podemos Vivir Mejor", junto a otros sectores opositores (principalmente justicialistas), presentó un ambicioso proyecto que busca "evitar" que ese sistema educativo "esté sometido a un decreto y a la decisión del Poder Ejecutivo".
La iniciativa fue presentada por la senadora kirchnerista Natalia Vicencio (también referente de la CTA "de los trabajadores"), quien estuvo acompañada por líderes de otros sectores peronistas como Patricia Fadel (bloque PJ), Guillermo Amstutz (bloque Unidad Popular), entre varios más.
Según Vicencio, el proyecto se trabajó con estudiantes, docentes y “con varios rectores” de los actuales institutos, aunque no quiso dar nombres. “Preferiría no decirlos, por el impacto en el oficialismo”, dijo al respecto.
La legisladora contó que la propuesta se elaboró incorporando partes del texto de otras normas, como el proyecto de Ley de Educación provincial (6.970), del decreto 476/99, que fue el primero que generó reglas sobre estos institutos y del decreto 530/18.
Precisamente este último decreto, firmado por el actual gobernador, Alfredo Cornejo, es el que ha despertado gran cantidad de protestas desde sectores opositores, sin distinción de colores partidarios.
De hecho, la actual conducción del SUTE, proveniente de ámbitos de la Izquierda ideológica, ha criticado con fuerza la norma dictada por Cornejo. Un ejemplo es el pedido de inconstitucionalidad del decreto 530/18 que hizo ante la Suprema Corte la semana pasada.
Principales puntos
El proyecto consta de 48 artículos, de los cuales "los primeros 14 tienen que ver con el bien público que significa enseñar y aprender y la tarea indelegable del Estado", explicó Vicencio.
Del artículo 15° al 27°, se habla del Gobierno en la educación superior y el rol que le toca a la DGE en su organización.
Desde el 28° y hasta el artículo 40° se regula el régimen electoral de los integrantes de los consejos directivos y superior de los institutos y luego ordena –entre otros aspectos- el funcionamiento de los cuerpos colegiados decisores en ese sistema.
Según la autora, su proyecto garantiza la "descentralización" de los institutos, la "inclusión" de los estudiantes, la "participación democrática" de trabajadores, auxiliares, docentes, graduados y estudiantes, la "autonomía y el cogobierno" y el "acceso, permanencia y promoción" de los docentes, a través de la reglamentación de los concursos.
Cabe destacar que los cuestionamientos contra el decreto 530/18 apuntaron principalmente al régimen electoral que planteó el Gobierno de Alfredo Cornejo. “Limita la autonomía de los institutos”, dijeron en el SUTE.
El Ejecutivo defendió el decreto señalando que era una tarea que debía hacerse. "Reglamenta la ley 6.970, del año 2002, que nunca había sido reglamentada", dijo la coordinadora de Educación Superior de la DGE, Emma Cunietti, días atrás sobre eso.
La funcionaria también agregó que con la norma firmada por el Gobernador “se agrega calidad a la incorporación de los docentes”, a partir de los concursos públicos que se generan.
Aunque con la aparición del proyecto, en el Ejecutivo prefirieron no emitir opinión al respecto. "Hay que estudiarlo", dijeron fuentes gubernamentales.
En tanto Vicencio se esperanzó en que se pueda generar un consenso pleno con la iniciativa. "Esto recién empieza. Esperamos que se discutan y que podamos sacar una buena Ley", señaló la senadora.
