La oposición española se niega a darle protección jurídica a Juan Carlos

una protección jurídica especial tras su abdicación, ahora que ya no tiene funciones oficiales.

Privado de la inviolabilidad que lo preservó durante todo su reinado, Juan Carlos, una vez aprobado este texto, solo tendría que responder, en caso de juicio, ante el Tribunal Supremo español, en virtud de un sistema de "aforamiento" que protege también a miles de cargos electos en España.

El Partido Socialista, principal fuerza de la oposición, no está contra otorgar una protección jurídica especial a Juan Carlos, pero criticó la vía parlamentaria rápida elegida por el gubernamental PP, que los priva "de deliberaciones, de un debate sereno".

Antes de la votación prevista el jueves en el pleno del Congreso de los Diputados, la comisión de Justicia de la cámara baja adoptó el texto hoy con los únicos votos del PP.

Los socialistas y los nacionalistas catalanes de CiU se abstuvieron mientras que otros pequeños partidos de oposición, desde los centristas de UPyD a los nacionalistas vascos del PNV, votaron en contra, indignados por la idea de dar un estatuto especial a Juan Carlos.

"Es un mensaje de desacato a la justicia", lanzó el comunista Gaspar Llamazares, portavoz ante la comisión del grupo Izquierda Plural, que reúne a pequeños partidos republicanos.

Haciendo un paralelismo con la hermana de Felipe VI, la infanta Cristina, imputada por delito fiscal por el juez José Castro de las Islas Baleares, agregó: "es el mensaje de que 'a mí no me juzga un juez Castro, porque yo no soy el ciudadano Juan Carlos, a pesar de que he abdicado. Yo soy el rey emérito y la familia real solo responde ante el Tribunal Supremo y ante Dios'".

El jefe del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, defendió por su parte el proyecto, calificándolo de "razonable, justo y sensato", de dar al rey una protección tras los "cuarenta años pasados al servicio del Estado".

Tras la abdicación de Juan Carlos, el 18 de junio, y la proclamación de su hijo Felipe, el PP había anunciado el viernes que presentaría dos enmiendas a un proyecto destinado en un principio a modificar una ley sobre el poder judicial, ya en curso de tramitación.

Esta opción debía permitir evitar los largos meses de procedimiento necesarios a la presentación y aprobación de una ley específica, explicó el ejecutivo.

Un caso único

Con dichas enmiendas, el PP esperar dotar en 15 días al entorno directo del nuevo rey Felipe VI -su padre Juan Carlos, su madre Sofía, su esposa Letizia y su hija mayor Leonor, heredera al trono, aunque no la menor Sofía- de un estatuto jurídico similar al de miles de personas en España, desde los miembros del gobierno central hasta los parlamentarios regionales, pasando por jueces y fiscales.
El rey tiene, por su parte, un estatuto de inviolabilidad que impide juzgarlo.

Pero el estatuto que protege a los cargos electos termina el día en que dejan sus funciones, explica Eduardo Virgala, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.

Por lo tanto, tal como se plantea, el nuevo estatuto del rey parece "claramente inconstitucional", ya que va contra el principio de "igualdad de todos los ciudadanos ante la ley", señala.

"Se trataría de un caso único, de una persona que ya no ocupa ningún cargo público", estima.

Por su parte, los defensores de un estatuto especial para Juan Carlos temen un alud de demandas. El rey, de 76 años, podría tener que enfrentarse de nuevo a una demanda de reconocimiento de paternidad.

Alegando su invulnerabilidad, dos juzgados de primera instancia de Madrid habían rechazado en 2012 las demandas de paternidad contra Juan Carlos I presentadas por el español Alberto Solá Jiménez y la belga Ingrid Jeanne Satiau.