Además de denuncias penales contra los principales popes del kirchnerismo de la Cámara de Diputados que permitieron que el miércoles juraran en representación del cuerpo dos miembros de La Cámpora en la Auditoría General de la Nación (AGN), la oposición analiza por estas horas dar al conflicto una solución política y no esperar a que sea la Justicia la que resuelva el entuerto.
Como el 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores, el Frente para la Victoria (FpV) perderá el control de la Cámara baja, ya que no tendrá más quórum propio (pasará de 135 diputados a 112), los principales bloques de la actual oposición exploran la posibilidad de conformar nuevamente un “Grupo A”, como lo hicieron en 2009 para controlar por dos años las principales comisiones, y propiciar una nueva elección de los representantes de la Cámara en la AGN.
Dicho con otras palabras, esto significa que se tiene en mente echar a los camporistas Juan Ignacio Forlón, ex titular del Banco Nación, y Julián Álvarez, ex secretario de Justicia, quienes juraron el miércoles bajo una lluvia de insultos y abucheos opositores.
El argumento que blandirá la oposición para llevar adelante la remoción es que los dos hombres de La Cámpora no podrán investigar la gestión de Cristina Fernández ya que se han desempeñado hasta esta semana como funcionarios.
Según entienden los legisladores opositores, la norma que dispone que Diputados tiene tres asientos en el colegio de auditores no especifica de qué modo deben distribuirse entre las fuerzas políticas esos cargos.
“Sólo se hace mención a que se debe respetar la composición del cuerpo”, explicó Mario Negri, jefe del bloque radical. En base a esta lectura, radicales, macristas, la Coalición Cívica, el Frente Renovador y otras fuerzas analizan aunarse para votar la revocación de los mandatos de Forlón y Álvarez.
Esos lugares en la AGN podrían ir, entonces, uno para el FpV, otro para la UCR y otro para el Pro, ya que serán a partir de diciembre los tres bloques más numerosos. Pero también se estudia la posibilidad de desplazar al kirchnerismo y dar el puesto al massismo, lo que sería toda una declaración de guerra contra el oficialismo, más allá de si gana el balotaje Daniel Scioli o Mauricio Macri.
Para llevar a cabo esta estrategia, los bloques opositores deben reunir una tropa que supere los 112 legisladores K que habrán desde el 10 de diciembre. Entre la UCR, el Pro y la CC, tendrán 90 legisladores. Pero si se suman massistas y delasotistas, llegan a 120. Además, podría anexarse a los diputados de Progresistas, que serán seis más.
Ayer, el cordobés Negri refutó los argumentos vertidos por el bloque oficialista para sostener la legalidad de la votación que permitió que Forlón y Álvarez recalen en la AGN. “Ellos (los K) dicen que los mandatos de los tres auditores estaban vencidos desde hace dos meses porque en 2007 se eligieron en setiembre.
Pero la verdad es que estas personas juraron en diciembre de ese año. Desde setiembre de este año, cuando supuestamente vencieron sus mandatos, han firmado cuatro informes. Entonces lo que dice el kirchnerismo no tiene coherencia alguna”, explicó el cordobés.
Avalando esas palabras se expresó ayer el auditor Horacio Pernasetti (UCR). “El inicio de mi mandato fue el 15 de diciembre (de 2007), entonces mi mandato vence el 15 de diciembre”, explicó.
El radical atribuyó la movida del oficialismo a la intención de crear un cerco para proteger a la jefa de Estado que, en poco más de un mes, deja su cargo al frente del Ejecutivo nacional.
“Como todos los procesos de la Auditoría ya están planificados un año antes -este año ya planificamos las auditorías de 2016 y todas tienen que ver con la gestión de Cristina Fernández-, evidentemente son acciones que tienden, a nuestro criterio, a establecer un corset para asegurarle impunidad”, disparó el funcionario.
Reclamos ante la Justicia
Por otro lado, ayer dos organizaciones civiles presentaron denuncias penales contra el kirchnerismo por la maniobra a través de la cual el miércoles se votó en Diputados la designación de los ex funcionarios camporistas. En la Cámara Federal porteña fueron recibidas ayer dos denuncias que, por sorteo, recayeron en los juzgados federales 10 y 12, a cargo de Julián Ercolini y Sergio Torres, respectivamente.
Una de ellas, presentada por el abogado porteño José Magioncalda, de la asociación Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, pidió investigar a Domínguez por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La otra, radicada por Fernando Míguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, planteó que se investigue si se perpetraron los delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, estafa y defraudación contra la administración pública”.
Además de la Presidenta y Domínguez, los denunciados fueron la titular del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, y los camporistas Julián Álvarez y Juan Ignacio Forlón, que asumieron como miembros de la Auditoría General de la Nación.
