La oposición golpeó al gobierno de Mauricio Macri, en su peor momento en dos años y medio de gestión, al aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece límites a los aumentos de tarifas. La iniciativa ahora será girada al Senado, donde los bloques de Miguel Pichetto y Cristina Kirchner tienen previsto convalidarla. Esto obligará al Presidente a pagar el costo político de vetar la ley.
El proyecto, pactado en la Cámara baja entre el kirchnerismo, el massismo y el PJ, obtuvo 133 votos a favor, 94 en contra y 3 abstenciones.
La votación se produjo tras más de diez horas de debate, en una sesión especial en que hubo duros cruces entre oficialismo y oposición.
La iniciativa establece que los aumentos tarifarios no podrán ser superiores a las subas salariales. Pero este límite tiene impacto en todo el país solamente sobre el gas, porque en el interior la luz y el agua son concesiones provinciales, a excepción de la Capital Federal y parte de la provincia de Buenos Aires, donde operan la estatal AySA y las distribuidoras eléctricas Edenor, Edesur y Edelap, que son de concesión nacional.
Así, mientras durante los años de kirchnerismo las tarifas de la luz para los porteños y los bonaerenses permanecieron congeladas (al igual que las del gas en todo el país), en el interior fueron aumentando sobre la base de fórmulas vigentes en los contratos de concesión provinciales.
Esta diferencia también se produjo con el agua: AySA mantuvo tarifas desactualizadas por decisión del gobierno kirchnerista mientras en Mendoza, con Aysam, las facturas sí aumentaron.
Desigualdades
"Las tarifas eléctricas en el interior están en promedio un 33% más caras que en ciudad y provincia de Buenos Aires. Si se ejecutase este proyecto, esta diferencia crecería al 70%", dijo el radical Federico Zamarbide sobre los topes tarifarios, que regirán solamente en la zona metropolitana del país para la luz y el agua.
El diputado radical sostuvo que durante el kirchnerismo "la persona que estaba conectada a la red de gas se sacaba la lotería porque tenía gas gratis", debido al congelamiento de tarifas, lo que a su criterio "generó desinversión en el sistema y que la gente más humilde del interior jamás tuviese acceso a la red".
"Hoy hay cuatro gasoductos incorporados al Presupuesto nacional, uno de ellos en mi zona, por el cual peleamos durante más de 15 años y que permitirá duplicar la capacidad de gas en los departamentos Alvear y San Rafael. No voy a acompañar ningún proyecto que implique algún riesgo para el nivel de obra energética que se está desarrollando en el país", aseveró el mendocino.
En la oposición también hubo planteos sobre la inequidad tarifaria entre el interior del país y el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires):
"Convirtieron a AySA en una de las empresas más grandes de agua y saneamiento, pero a AySA la financiamos todos los argentinos y presta el servicio solamente en la Capital Federal y provincia de Buenos Aires", se quejó el diputado Martín Llaryora del PJ cordobés.
Segundo round
El proyecto antitarifazo estará en condiciones de ser tratado en el recinto del Senado dentro de tres semanas, dijo ayer el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto.
La iniciativa será girada a las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.
De todas maneras, Pichetto abrió el paraguas y pidió “esperar a ver qué viene de Diputados”, aunque señaló que la oposición “mantuvo un marco de prudencia institucional” en torno del debate.
En la Casa Rosada, Marcos Peña reiteró ayer que, en caso de quedar aprobada, la ley será vetada. "Ya hemos sido muy claros", sostuvo Peña, y desafió a la oposición a explicar "de dónde saldrán los fondos para pagar esta ley".
Cruces
Durante la sesión, los diputados del Bloque Justicialista, que responde a los gobernadores y es considerado la oposición dialoguista, se quejaron de que la Casa Rosada los haya tratado de "demagogos" y defendieron el proyecto antitarifazo.
El bonaerense Diego Bossio dijo que entre 2016 y 2017 los salarios crecieron un 63%, mientras que las tarifas de gas lo hicieron un 927% y las de electricidad, un 920%. "¿No es momento de que paremos la pelota y podamos ponernos en el zapato del otro?", se preguntó el exdirector de la Anses de Cristina Kirchner.
Otro ex funcionario kirchnerista, Áxel Kicillof, afirmó que el gobierno de Cambiemos tiene "el mejor equipo en echarle la culpa a otro y no hacerse responsable de nada. Lo que pasa hoy en la Argentina es pura y exclusiva responsabilidad de un mal plan económico, que ha sido mal aplicado", dijo el ex ministro K.
El macrista Luciano Laspina señaló que el gobierno anterior dejó al país "sin energía para poder crecer, sin dólares en la balanza comercial, sin reservas" y con "una bola de subsidios" que significaron "150 mil millones de dólares" y sin distingo de clases sociales, que "sirvieron para que las mansiones tuvieran agua, luz y gas prácticamente gratis".
También sancionaron dos leyes clave para el Ejecutivo
Antes de la maratónica sesión especial para debatir el proyecto antitarifazo, la Cámara de Diputados convirtió en ley dos iniciativas que el Gobierno de Mauricio Macri esperaban con premura.
Uno el proyecto de financiamiento productivo que permitirá apuntalar el desarrollo del mercado de capitales y atraer inversiones, iniciativa reclamada por el gobierno nacional, ya que la Argentina es uno de los países de la región que tiene los mercados de capitales más pequeños.
La segunda es una reforma a la Ley de Defensa de la Competencia que incorpora la figura del arrepentido para combatir prácticas monopólicas, modifica el sistema de multas y crea un programa para detectar casos de cartelización.
Ambos proyectos se transformaron en ley luego de varios frustrados intentos ya que se trataba de un debate que se venía postergando por la controversia en torno a la cuestión tarifas.
El proyecto de financiamiento productivo había sido aprobado el año pasado por la Cámara de Diputados pero recibió modificaciones en la Cámara alta, que fueron ratificadas en el dictamen de mayoría surgido de la reunión de comisión firmado la semana pasada, finalmente avalado hoy en el recinto.
El proyecto de Financiamiento Productivo busca apuntalar el desarrollo del mercado de capitales y a la vez potenciar el financiamiento de las pymes que hoy no tienen acceso al crédito a través de la factura electrónica, que será de aceptación obligatoria a los 30 días de emitida, se utilizará como si fuera un cheque que podrá negociarse en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La iniciativa incorpora además herramientas para que los bancos otorguen hipotecas por medio de la securitización, que se pueden vender en el mercado de capitales a instrumentos financieros y por ese motivo se crea la letra hipotecaria ajustada por el CER.
Respecto de la modificación de la ley de defensa de la competencia apunta a aplicar penas a los responsables de la monopolización de precios y dar amparo a quienes los denuncien abuso dominante.
Se crea la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo autárquico, descentralizado. La Autoridad crea a su vez un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.
El Tribunal venía demorado desde hace más de 15 años, cuando se votó la sanción original de la ley 25.156.
