Una opinión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reavivó el conflicto entre La Pampa y Mendoza por la distribución de las aguas del río Atuel. Sin haber sido notificado aún el Gobierno local, ayer se conoció a través de medios nacionales que el organismo habría intimado a la Nación a dar una solución, a partir de una pedido que hizo la provincia limítrofe ante la sede internacional.
Pero lejos de alarmarse, el tema fue desconocido en el gobierno de Alfredo Cornejo, que espera una notificación formal para emitir una opinión. Por su parte, en La Pampa reconocieron que la opinión de las Naciones Unidas se debe a un pedido que hicieron ellos.
“El año pasado vino un veedor del comité del Agua de la ONU y le dio la razón a La Pampa”, contó a Los Andes el presidente del bloque de diputado del Frente Pampeano, Ricardo Consiglio.
Según confirmó el legislador, la encargada de hacer el planteo fue la fundación Chadileuvu, que a través de su presidente, Héctor Gómez, llevó el caso en el 2013 ante la relatoría de los Derechos del Agua en Ginebra, Suiza.
“El pedido fue en defensa de los pobladores del oeste de La Pampa por el daño ocasionado por la falta de agua. Desde la ONU sacaron esta resolución y, más allá de que son reservados, se comunicaron con él (con Gómez), interesándonse por el tema. El relator encargado es Leo Heller, de Brasil, y él a través de su asesor está en contacto con la fundación. Es así como instan a la necesidad del acuerdo. Este dictamen fortalece la posición de los pampeanos con respecto al nuevo juicio con Mendoza”, explicó Consiglio.
Ahora, la ONU
La demanda puntual que podría llevar a Mendoza a una nueva instancia judicial es por el reclamo que impulsa La Pampa. Según sostienen en la provincia vecina, del río Atuel (con nacimiento en la cordillera mendocina) no pasa agua al oeste pampeano, lo que generó “daño ambiental y ecológico” en la zona.
Esa situación cambió algo desde el último verano, gracias a las nevadas que han permitido que el río vuelva a lucir repleto.
El conflicto irresuelto llevó a que la provincia vecina iniciara un pedido de juicio contra Mendoza, situación que deberá resolver ahora la Corte Suprema de la Nación. Ante esto, la Fiscalía de Estado provincial tomó en sus manos la defensa y planteó, como excepción a la demanda, que el tema era cosa ya juzgada, a raíz de un fallo que data de 1987.
Hace más de un mes, se conoció que la Procuración General de la Corte rechazó este primer paso de la defensa mendocina, por lo que la provincia quedó a las puertas de un nuevo juicio, si es que el tribunal nacional considera avanzar así.
Con este contexto judicial de fondo, se conoció el comunicado que difundió la secretaría de prensa de la ONU, con una cierta inclinación a la postura pampeana.
“Dos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron hoy al Gobierno Nacional de Argentina una solución definitiva al conflicto interprovincial del río Atuel, que garantice el acceso equitativo al agua y respete los derechos humanos de las miles de personas afectadas desde hace seis décadas”, señaló el comunicado de la ONU.
“El Gobierno de Argentina tiene que tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de los residentes de las comunidades rurales de la provincia de La Pampa que han vivido durante décadas sin acceso adecuado al agua”, sostuvo el relator especial de la ONU sobre el agua y el saneamiento, Leo Heller, quien también advirtió que la construcción del embalse El Nihuil afectó a la población pampeana.
No obstante, la intimación no encontró un interlocutor en el Gobierno y hasta fue relativizada. Tanto en Fiscalía de Estado (encargada de la defensa) como en la Casa de Gobierno prefirieron no opinar.
“Ni la Provincia ni la Nación han sido notificados de lo que dijo la ONU, y hasta que eso no suceda, no van a hablar Tampoco sabemos si fue La Pampa la que inició este pedido, ni la capacidad técnica de quiénes lo dicen”, indicaron desde el Gobierno.
Por otro lado, los expertos en el tema en la provincia relativizaron el alcance que puede haber en el proceso jurídico que se inició en torno al tema.
“Se trata de una opinión, pero más allá de que sea la ONU no puede dirimir en el tema porque no tiene jurisdicción sobre esto, ya que es un conflicto entre dos estados provinciales. De todas maneras, seguramente la provincia de La Pampa va a utilizar todos estos recursos y opiniones a su favor”, explicó el diputado radical Gustavo Villegas, alvearense y autor del libro “Lamento del río Atuel”.
El fallo del '87 y el acuerdo fallido
Más allá de las novedades que se van conociendo en torno al tema y las voces que se suman, el conflicto por la distribución del agua que baja por el río Atuel es histórico.
Entre las fechas que marcan la historia de la pelea, hay un fallo de la Corte Suprema de la Nación de 1987 que estableció que Mendoza primero debía abastecer a 75 mil hectáreas bajo riego, para luego derivar agua a La Pampa.
El tema es que el Atuel, de todos los ríos mendocinos, es el que menor recarga tiene y además es muy inconstante en su caudal. “No tenemos precipitaciones parejas,como puede pasar en otros ríos, por lo que no es homogéneo en su caudal”, explicó Villegas.
En el 2008 hubo un convenio entre los gobernadores Celso Jaque y Oscar Jorge, para que el río mendocino también irrigara zonas pampeanas, aunque el acuerdo nunca tuvo aval legislativo y quedó sin efecto.
El último capítulo fue el pedido de juicio que impulsó La Pampa contra Mendoza y que está pendiente de definición. “El problema no se soluciona jurídicamente, sino haciendo obras de infraestructura”, consideró Villegas.
Pedido de "solución definitiva"
El comunicado que difundió la ONU dejó varios puntos a destacar que, como ya se mencionó, favorecen la postura pampeana. Los encargados de instar a una “solución definitiva” son Léo Heller (Brasil) y Hilal Elver (Turquía), integrantes de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Según explica el comunicado, estos “expertos de los procedimientos especiales trabajan de manera voluntaria, no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual”.
En su resolución, recalcaron: “Los gobiernos provinciales y el Gobierno nacional no se han comprometido lo suficiente para garantizar una solución adecuada a la dramática situación causada por la falta de agua en el oeste de La Pampa. Incluso, se puede constatar que, desde la construcción del embalse, se ha tolerado el uso unilateral del Atuel por parte de la provincia de Mendoza”.
