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hace 2 horas
La Asamblea General de la ONU aprobó hoy por abrumadora mayoría una resolución no vinculante para regular la reestructuración de deudas soberanas y evitar batallas judiciales como la de Argentina contra los denominados fondos "buitre".
La iniciativa fue impulsada por Argentina y recibió 136 votos a favor, 6 en contra y 41 abstenciones.
La resolución sobre los "Principios básicos de los procesos de reestructuración de deuda soberana" obtuvo el apoyo mayoritario de países de América Latina, África y Asia, y solo fue rechazada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Israel y Japón.
Para Argentina, impulsora de la iniciativa a través del Grupo de los 77 más China, se trata de un apoyo internacional en su batalla judicial contra los fondos especulativos que le ganaron un juicio por 1.600 millones de dólares en los tribunales federales estadounidenses por deuda en default desde 2001.
La resolución no menciona sin embargo a Argentina ni a esos fondos a los que califica de "buitres" por haber comprado bonos en default a precio de remate para luego litigar ante la justicia, rechazando los canjes de deuda de 2005 y 2010 que incluyeron importantes quitas y fueron aceptados por el 93% de los acreedores.
“Un Estado soberano tiene el derecho, en ejercicio de su discreción, de diseñar su política macroeconómica, incluyendo la reestructuración de su deuda soberana, la cual no debe ser frustrada o impedida por ninguna medida abusiva”, afirma el texto en el primero de sus nueve “principios”.
La resolución, redactada por un comité especial ad-hoc, fue presentada a votación por Sudáfrica tras un año de negociaciones desde septiembre de 2014, cuando se pidió a la ONU -también a través de la Asamblea General- establecer un marco para reforzar el sistema financiero mundial y evitar que los países endeudados padezcan situaciones como la de Argentina.
Argentina se niega a cumplir un fallo del juez Thomas Griesa de Nueva York que dio la razón a los fondos NML Capital y Aurelius, instando a la República a pagar 1.600 millones en concepto de capital e intereses actualizados.
En julio de 2014, y para presionar a Argentina a aceptar su sentencia, Griesa bloqueó parte de los pagos a los acreedores que entraron en los canjes, provocando un default parcial del país sobre esas obligaciones.
