Tras ocho meses sin abordar el tema de Venezuela, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó ayer una resolución que insta a Nicolás Maduro a cancelar las elecciones presidenciales del 22 de abril y a presentar un "nuevo calendario" para unos comicios "con todas las garantías" democráticas.
El texto -presentado en Washington por 7 países entre los que estaban Estados Unidos y Argentina- se aprobó con 19 votos a favor, uno más de los que eran necesarios.
Con Venezuela a la cabeza, 5 miembros votaron en contra. Hubo 8 abstenciones, entre ellas las de aliados tradicionales de Caracas como Nicaragua, Ecuador y El Salvador.
La aprobación de esta resolución incrementa la presión internacional sobre Maduro para que regrese a una senda democrática y constitucional de la que, según sus críticos, se ha apartado.
Ante los comicios anticipados al 22 de abril, en los que se han establecido vetos a una oposición que denuncia además falta de transparencia, la OEA exhorta al mandatario a fijar un nuevo calendario para un “proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble”, en el que participen todos los partidos y actores políticos “sin proscriptos de ninguna clase”.
El texto está en línea con lo que ya exigió el Grupo de Lima la semana pasada. Así, reclama observadores internacionales independientes, acceso libre e igualitario a los medios de comunicación y una autoridad electoral "cuya composición garantice su independencia y autonomía".
"¿Qué pasa con esta resolución? Absolutamente nada", manifestó el representante de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, en una rueda de prensa posterior. "Las elecciones han sido ratificadas y tendremos elecciones presidenciales en Venezuela el 22 de abril".
Venezuela considera que la celebración de un consejo permanente extraordinario ayer y la aprobación del texto es "resultado de la presión" del secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, en su reciente gira por el Hemisferio Occidental.
La reunión fue convocada la noche anterior a instancias de los países que presentaron el texto: Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Panamá y Santa Lucía. Chile se unió posteriormente a ellos. “Su único propósito es linchar a Venezuela”, dijo Moncada.
“La OEA ha permanecido callada demasiado tiempo. Debe actuar ahora porque el silencio es complicidad. Ha llegado el momento de que todos, incluido Venezuela, hagan lo correcto”, dijo el embajador mexicano, Jorge Lomónaco, en una sesión que duró poco más de dos horas y que estuvo marcada por protestas por parte de Venezuela y Bolivia, su aliado más estrecho. El embajador boliviano, Diego Pary, objetó la legalidad de la celebración del consejo permanente por no haber sido convocado con 24 horas de antelación.
Cisma y partida
El tema venezolano generó de hecho un cisma el año pasado en la OEA, donde fracasaron todos los intentos liderados por EEUU y México por condenar a Maduro.
Ante esa presión, el mandatario puso en marcha el proceso para que su país abandone la organización, lo que se concretará el año que viene.
El texto aprobado ayer solicita además al Gobierno de Venezuela que acepte la asistencia ofrecida por la comunidad internacional para evitar que se agrave la “situación humanitaria” y reitera “la voluntad” de apoyar medidas que permitan “el retorno al orden democrático y la paz social a través del ejercicio efectivo de la democracia”.
CIDH pide "garantizar" la vida de chicos con trasplantes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de un grupo de niños venezolanos en riesgo de perder riñones trasplantados por falta de medicamentos. La CIDH pide a las autoridades tomar acciones para “garantizar la vida” de los menores asegurando su acceso a medicinas y cubriendo sus necesidades nutricionales.
La medida beneficia a los pacientes del hospital público JM de los Ríos, en Caracas. Lo más urgente es lograr el acceso a los inmunosupresores que sólo entregan en las farmacias de alto costo del Seguro Social. Unos 3.500 trasplantados están en riesgo de perder sus órganos por la escasez de fármacos, según la ONG Codevida.
La Federación Farmacéutica cifra en 95% la escasez de medicinas para tratar afecciones crónicas, como las que padecen unos 16.000 pacientes dependientes de diálisis.
