El anuncio del Departamento General de Irrigación acerca de la situación hídrica de la provincia marca un punto sobre e que hay que comenzar a tomar medidas en forma urgente.
Tras 10 años consecutivos, donde las menores nevadas han implicado una caída promedio del 50% de los caudales de los ríos, se pronostica que para este año los caudales serán un 10% menor aún.
Esta situación ya dejó de ser una crisis para transformarse en la nueva normalidad y el problema es que, pese a que se venía anunciando, es poco lo que se ha hecho para adaptarse a ella.
Y ahora urge tomar decisiones con mucha velocidad ya que este mismo año muchos productores pueden encontrarse con problemas de abastecimiento, mientras algunas zonas urbanas tendrán inconvenientes en ciertos días u horas de días muy calurosos de verano.
Lógicamente, en circunstancias como las actuales se comienza a analizar el nivel de consumo y se lo compara con otras sociedades.
El consumo urbano está cerca de los 400 litros por habitante, mientras en otras ciudades el consumo es mucho menor.
Hoy hay una discusión en Italia, donde consideran que 130 litros por habitante es demasiado elevado y se comparan con Israel, donde es de 120 litros.
Lo cierto es Mendoza se debe revisar la vieja matriz de distribución del agua porque hay menos recursos, hay zonas que dejaron de ser agrícolas y se urbanizaron y en las zonas urbanas hay cada vez mayor demanda, ya que los asentamientos urbanos han carecido de una planificación seria.
A pesar de que estamos en una crisis o una nueva realidad con menores recursos, no solo no hubo transformaciones en el sector público, que administra el recurso, sino que tampoco la hicieron los usuarios y, en este caso, por falta de incentivos.
Uno de los mayores incentivos, el mejor estimulante de la racionalidad es la tarifa, y este es un punto donde estamos fallando.
En el sector agrícola que representa el 90% del consumo, se sigue con el viejo sistema de turnos, pero este sistema no contempla la escasez y el cobro por el recurso está supeditado a muchas variables no objetivas, ya que importantes cantidades de agua suelen perderse en los canales secundarios y terciarios de riesgo, además de los que se pierden dentro mismo de las propiedades.
Los especialistas calculan que así como hay zonas donde la efectividad del uso no llega al 50%, hay zonas donde no llega al 30%. El resto es pérdida, un lujo que no nos podemos dar en el desierto.
En el caso del consumo urbano, que representa un 7% del total, también hay graves ineficiencias. Al elevado consumo (en muchos casos irracional por el llenado de piscinas), se debe agregar ineficiencias propias del sistema de distribución, donde aún persisten instalaciones antiguas no relevadas llevando agua hacia destinos desconocidos. También se han detectado conexiones clandestinas.
En el sector industrial, donde se destina el 3%, aparecen también bolsones de ineficiencia. En todos los casos hay problemas serios de falta de control. Y todos reconocen que hay que llegar a un sistema de medición volumétrica de la venta del agua, es decir, que se venda por litro, como sería lógico. Pero para llegar a este estado hacen falta inversiones muy importantes que deberían planificase como política de Estado porque seguramente su ejecución superará varias gestiones.
Mendoza es un desierto y todo lo que se ha construido se hizo administrando el recurso más escaso: el agua. El transcurso del tiempo hizo que la población creciera pero el recurso ha disminuido por efectos del calentamiento global y esta es una situación que, al no poder modificarla, hay que saber administrarla. Es un desafío que hay que asumir sin más dilaciones.
