En medio de las peleas por el Presupuesto 2015 y los desacuerdos legislativos que dejó este año en materia de Seguridad, hay un proyecto que, pese a las polémicas iniciales, logró que oficialismo y oposición se pusieran de acuerdo: la iniciativa de un privado para construir un nuevo penal en Cacheuta (Luján).
La idea se mantuvo en pie incluso en el Presupuesto “radical” aprobado el lunes último por la Cámara de Diputados bajo el consenso logrado por todos los partidos políticos en la Mesa de Enlace de Seguridad.
La nueva cárcel albergaría a 960 internos y se levantará, en un plazo de tres años, en el mismo predio de Cacheuta donde está el penal de Almafuerte. La idea fue impulsada por el empresario sanrafaelino Omar Álvarez (dueño de la constructora Obras Andinas y de varios medios de comunicación) y avalada por el Poder Ejecutivo, el cual llevó el texto a la Legislatura a mediados de octubre.
La semana pasada, la Bicameral de Seguridad hizo la presentación final y ahora todos esperan a que el Ejecutivo llame a licitación, una vez que consiga el permiso legislativo de endeudamiento.
Claro que los enfrentamientos en otros puntos, que llevaron a la UCR a votar y hacer valer su propia pauta de gastos para 2015, desairando al propio gobernador Francisco Pérez, son ahora un obstáculo para la ejecución de esta obra.
Hasta ahora, a contramano de lo que se repitió una y otra vez este año, la iniciativa logró sobrevivir las reiteradas peleas entre justicialistas y radicales, y aun las contradicciones que se evidenciaron en algún momento entre el Legislativo y el Ejecutivo con la declaración de la emergencia en Seguridad.
Cabe recordar que esta medida fue impulsada por el mismo oficialismo y proponía la sanción expeditiva de un paquete de leyes para contrarrestar la inseguridad. Pero, para sorpresa de todos, la declaración fue dada de baja por el propio Gobernador el mismo día que en Diputados se aprestaban a darle sanción definitiva.
En la historia de desencuentros e ideas que quedaron en el camino este año está el proyecto de creación de un banco provincial, el crédito pretendido por Pérez para la construcción de 6 mil casas con fondos chinos o el actual conflicto por la Ley de Educación (postergado para el año que viene), sólo por nombrar algunos.
Es por eso que algunos no dudan en ver a la nueva cárcel como uno de los únicos proyectos en pie. El último round del que también escapó la iniciativa es la pelea por el Presupuesto. El lunes, la pauta de gastos para 2015 tuvo una polémica media sanción luego de sufrir, en el mismo recinto, algunas modificaciones a mano.
Entre los cambios, la UCR retocó algunos artículos, entre los que estaba el 41, el cual contempla un “endeudamiento en operatorias con proveedores” que financian erogaciones de capital, aunque sin especificar por cuánto ni para qué.
Estas dos precisiones fueron escritas por el radicalismo, que previó un financiamiento de “hasta la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000), para la construcción de un nuevo complejo penitenciario en la zona de Cacheuta”.
Con este aval, sólo resta saber qué pasará en el Senado el martes que viene, cuando se retome la discusión de la pauta de gastos. “Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer hasta acá. Una vez que salga el Presupuesto, inmediatamente se llama a licitación”, confirmó el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, uno de los impulsores del proyecto.
“Todos los sectores nos comprometimos a apoyarlo, por la necesidad y urgencia que presenta el tema”, ratificó el radical Héctor Quevedo, presidente de la Bicameral de Seguridad.
“Hemos trabajado con los legisladores y la Mesa de Enlace, se hizo un esfuerzo muy grande y se logró acordar con la oposición”, ponderó Lafalla, y diferenció este acuerdo de las discusiones que mantienen con la UCR por el tema presupuestario.
Entre lo privado y lo público
En sus inicios, la idea de construir una nueva cárcel de iniciativa privada tuvo sus reparos tanto en los mismos legisladores como en los especialistas en el tema.
La idea surgió de la constructora Obras Andinas, la cual por su condición de “iniciador” podrá competir en un llamado a licitación para la construcción del penal y si su oferta es superada por otra, tendrá la chance de igualarla, tal como lo dispone la ley 5.507 de Concesión de Obra Pública.
Las dudas que se plantearon en su momento tenían que ver con lo que venía después de la construcción: la etapa de administración y gestión. “En un principio se habló de una cárcel privada con un modelo similar al de Estados Unidos”, indicó el senador Gustavo Cairo (Pro) en referencia al sistema de “alquiler por plaza”, en el que el Estado paga a la empresa constructora el hospedaje por persona.
Esta concepción fue quedando de lado en el transcurso del debate, aunque todavía hay algunos que plantean algunas “dudas” sobre cómo hará el Estado para afrontar los gastos.
Entre los más críticos están quienes, bajo el silencio que les impone el acuerdo, piden más detalles que aseguren cómo serán las gestiones de devolución del financiamiento privado. Otros apuntan al origen de la idea misma y se preguntan: “En Casa de Gobierno, ¿no hay suficientes arquitectos como para diseñar una cárcel?”.
Frente a esto, Lafalla aseguró que “el privado no la administra, sólo realiza la construcción y luego queda en manos del Estado” y en el oficialismo apuntaron a que el Gobierno tiene un período de cinco años para el pago de la edificación, mientras que la construcción está prevista en tres años.
Licitan pulseras magnéticas
Entre las medidas de seguridad pendientes, una de las promesas del Gobierno tiene que ver con un viejo proyecto: que los internos con prisión domiciliaria sean controlados a través de una pulsera magnética. En los avances que ha tenido la idea, el próximo lunes se abrirán los sobres licitatorios de 100 dispositivos.
“Tenemos una necesidad por el colapso penitenciario y para vencer esto hemos tomado tres medidas: por un lado, vamos a usar las pulseras magnéticas con un sistema georreferenciado para aquellos que estén con prisión domiciliaria.
La segunda medida es que el año que viene vamos inaugurar la penitenciaría federal en Cacheuta, la cual servirá para albergar a 600 internos y descomprimir Almafuerte. La tercera es la construcción a tres años de este nuevo penal de iniciativa privada”, enumeró Lafalla.
