En una feliz coincidencia, “Mendoza” se vuelve a escribir con mayúsculas. Así como la contaminación del Matanza–Riachuelo constituyó un hito en la historia ambiental argentina, lo sucedido en Mendoza muestra el camino a seguir para construir una agenda de desarrollo sostenible.
Respondiendo al masivo rechazo popular, el gobierno de Mendoza (legislativo y ejecutivo) derogó la ley que permitía a los desarrolladores mineros utilizar sustancias químicas. Hecho que debe servirnos para reflexionar: ¿cómo se llegó a esto en una provincia pionera en la preservación ambiental, ejemplo de cuidado y racionalización del agua, que supo convertir el desierto en un vergel, en la que una industria extractiva -la petrolera- contribuye a su pujanza?, ¿y con una ley que, entre otras cuestiones, incluía la consulta obligatoria al prestigioso Ianigla y obligaba a contratar un seguro ambiental?
Errores de información, comunicación, timing, y principalmente subestimar a la sociedad civil se combinaron en un coctel imposible de tragar. ¿Podrían haber sido distintas las cosas? Nadie puede aseverarlo, pero lo cierto es que se habría podido evitar el conflicto social y el gobierno se habría ahorrado el costo político.
La discrepancia entre desarrollo y protección ambiental genera un debate polarizado.
Existen diferencias sobre qué modelo de país/provincia se quiere y cómo se llega a él.
Cada decisión que se tome generará resistencia de algún sector. Este leading case debe servirnos para aprender como cerrar la grieta ambiental; lo importante es lo que se haga de ahora en más. Y cómo.
El pueblo mendocino debe estar satisfecho por su logro, pero no debe sitiarse en el pedestal del vencedor omnipotente, sino en el de protagonista comprometido, que además debe valorar la sensatez del gobierno, que no por “obligada”, es destacable. El gobierno por su parte debe hacer una profunda autocrítica y saber que hay otros caminos a transitar junto a los ciudadanos.
Han cambiado los paradigmas, la política debe centrarse en la construcción de consensos. Deben motorizase debates irresueltos propiciando el diálogo
-basado en la ciencia y no sólo en la retórica-. Discusiones de las que deben participar todos: especialistas -de todos los lados de la biblioteca-, empresarios, políticos decisores y, muy especialmente, la ciudadanía.
Son muchas las cuestiones que dividen aguas: el calentamiento global, qué lugar ocupan los recursos naturales en una matriz de desarrollo, el oscurantismo de la energía nuclear, si es posible hacer cumplir las leyes cuando el Estado es el principal socio en un emprendimiento, la expansión de la frontera agrícola y la deforestación, es el deterioro ambiental un costo que deben asumir las empresas en su ecuación económica, si los recursos naturales son commodities que deben ser extraídos a cualquier costo, si el fracking es tan contaminante como algunos denuncian, si es posible incinerar basura sin afectar a la salud de la población, entre muchos otros.
Yendo a lo local, ¿está anulada definitivamente la posibilidad de la minería metalífera en Mendoza? ¿es posible una minería sustentable? ¿cuál es la real rentabilidad del negocio? ¿es “neoextractivismo megaminero” la forma correcta de denominar a la minería o se invoca con alguna carga ideológica o deliberado alarmismo? Preguntas sin respuesta… o con muchas.
En las antípodas del abordaje a la Ley 9.209, y como muestra del camino a seguir, está el tratamiento público que se dio al proyecto Portezuelo del Viento. Los estudios de impacto ambiental realizados por las universidades del Litoral (especialista en temas de agua) y de La Plata fueron sometidos a audiencias públicas en Buenos Aires y en Malargüe, logrando legitimación social.
Las zonas montañosas constituyen uno de los sistemas más vulnerables al cambio climático. Así, es probable que una menor disponibilidad de nieve afecte la disponibilidad de agua, el principal problema ambiental de Mendoza. Es entonces cuando Portezuelo del Viento pasa a tener un papel estratégico. Independientemente de que generará energía para 130.000 usuarios, la cuestión energética es secundaria al manejo del agua -no la denominarla central hidroeléctrica, sino reservorio acuífero o algo así-. Además de aumentar la superficie y garantía de riego para la producción agrícola y ganadera del sur de Mendoza, creará centenares de puestos de trabajo y se sumará un nuevo polo turístico a la laguna de Llancanelo, la caverna de las Brujas o la reserva Payunia, entre otras maravillas naturales que hacen del sur mendocino un paraíso del ecoturismo. Otro proyecto que une sin conflicto desarrollo y ambiente es el futuro centro de esquí El Azufre (en la imagen), que funcionará con energías renovables generando empleo genuino a los mendocinos. Ambos emprendimientos muestran alternativas de un posible y necesario desarrollo sustentable.
Malargüe/Mendoza no dependen únicamente de la minería para construir su futuro; cuentan con todo lo necesario para posicionarse como el destino sostenible líder en la región. El desafío es desarrollarse ocasionando el menor daño posible. Hay que resignificar la sustentabilidad implementando un proceso de ordenamiento ambiental participativo del territorio que permita decidir entre todos qué se hará, por qué, dónde y cómo.
