El plenario convocado por la CGT nacional para discutir el rumbo político y decidir posturas es fundamental para la futura relación gobierno-sindicalismo en lo inmediato y determina también un desafío para la dirigencia: establecer cómo actuar en momentos difíciles. Es el momento también para establecer cuáles son las ventajas o las complicaciones que aportaría una medida de fuerza en la que está en juego inclusive la imagen de país en el mundo y la posibilidad o no de nuevas inversiones.
Inquietud y malestar sindical tienen sus razones. La inflación ha superado ampliamente los porcentajes de aumento acordados en paritarias a principios de año, por lo que el salario real de los trabajadores ha caído; ha aumentado la desocupación y la suspensión de trabajadores como consecuencia de la caída de la actividad económica, y el Presidente no cumplió con su promesa de campaña de derogar el impuesto a las ganancias e incluso ha aumentado la cantidad de personas alcanzadas por la medida, entre otros aspectos.
Ahora bien, la dirigencia deberá considerar esencialmente la oportunidad de una posible medida de fuerza. Un paro de actividades debe ser la última instancia en un conflicto. De lo contrario, como decían viejos dirigentes sindicales, cuando no se llega a un acuerdo se pasa a una huelga mayor, por 48 horas, y la siguiente por tiempo indeterminado. En el caso actual, a excepción del impuesto a las Ganancias, ninguna de las otras situaciones -inflación y desempleo- tienen solución a corto plazo. Más aún, históricamente la conflictividad social se incrementa en diciembre, con motivo de la proximidad de las Fiestas. Si se realiza un paro en octubre, como piden algunos, ¿qué pasará en diciembre y cómo se hará frente a un posible nuevo reclamo de los trabajadores?
Otro aspecto a considerar es la utilización “política” de una medida de fuerza. Es sabido que los que más presionan son los gremios estatales, cuyos trabajadores están “protegidos” por la estabilidad laboral. En el caso de la actividad privada se conoce, como sucede en la vitivinicultura, que los empresarios están trabajando con un mínimo margen de rentabilidad, y una presión sobre los salarios puede llegar a provocar la pérdida de puestos de trabajo. Entre los gremios que presionan figura la CTA que lidera Hugo Yasky, que días pasados prestó su organización para que la ex presidenta, Cristina Fernández, utilizara la tribuna para criticar las medidas del Gobierno. Otro de los gremios que están presionando con una posible medida de fuerza es el de camioneros, que también constituye un caso especial en razón de que la familia Moyano, especialmente Hugo, está jugando sus fichas en la búsqueda de alcanzar la titularidad de la Asociación del Fútbol Argentino y, como expresó el líder transportista, está “acostumbrado” a ejercer presión.
El restante aspecto a tener en cuenta es la repercusión internacional que puede llegar a tener un paro de actividades. Como muestra deberíamos recordar que días pasados la Argentina fue sede de una importantísima reunión a la que concurrieron los máximos empresarios de todo el mundo. Sin embargo, las páginas de los principales diarios del exterior sólo se hicieron eco de la actitud de algunos trabajadores rurales que regalaron verdura en la Plaza de Mayo, en reclamo de la aplicación de una medida tendiente a que el Gobierno les entregue tierra para trabajar. Una medida de fuerza podría tener una repercusión similar e iría en contra de posibles inversiones.
Son 124 los gremios convocados y de las deliberaciones surgirán las medidas a adoptar. La situación económica y laboral no es la ideal pero tampoco es tan grave como para fijar medidas extremas. Es de esperar que la madurez de los dirigentes con mayor experiencia se imponga sobre aquellos que, por intereses políticos o personales o por falta de experiencia, impongan medidas que terminarán afectando al país en su conjunto.
