La Nación pidió a Salta que suspenda los desmontes y a Urtubey no le gustó

Solicitaron suspender y restaurar las 40 mil hectáreas ya desmontadas. El gobernador de esa provincia consideró la medida “insólita”.

La Nación pidió a Salta que suspenda los desmontes y a Urtubey no le gustó
La Nación pidió a Salta que suspenda los desmontes y a Urtubey no le gustó

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación instó hoy a Salta a suspender la tala de bosques y restaurar " las 40.000 hectáreas ya desmontadas" a través de una resolución a la que el gobernador de esa provincia Juan Manuel Urtubey calificó de "insólita" y adelantó que defenderá la competencia provincial.

El titular de la cartera, Sergio Bergman, suscribió la resolución 56/2018, publicada hoy en el Boletín Oficial, que insta a Salta a suspender las talas autorizadas por los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10.

"Los desmontes son incompatibles con la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y las disposiciones del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema)", destacaron en un comunicado.

El Ministerio instó además a la provincia a restaurar "las más de 40.000 hectáreas desmontadas hasta el momento bajo esas autorizaciones" y prohibió "la emisión de certificados de exportación de palo santo", provenientes de esas áreas.

"En su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley de Bosques Nativos, el Ministerio de Ambiente entiende que las autorizaciones otorgadas a través de esos decretos modifican regresivamente y de manera relevante el ordenamiento territorial de la masa forestal, aprobado por la ley provincial 7.543", agregaron.

Dichos decretos, aprobados en 2010 para recategorizar "zonas rojas y amarillas", fueron derogados en 2014 por la misma provincia mediante el decreto 3749/14, aunque mientras estuvieron vigentes se autorizaron cambios de uso de suelo en 32 fincas, sobre alrededor de 80.000 hectáreas de bosques protegidos.

Se entiende por "zona roja" aquella donde no se pueden realizar intervenciones de ningún tipo, mientras que la superficie en "zona amarilla" permitiría el rolado de arbustos de baja altura y árboles en mal estado y la implantación de pasturas para aumentar la oferta de forraje.

"De esas 80.000 hectáreas ya se habían desmontado más de 40.000, y de ejecutarse las autorizaciones restantes se sumarían más de 33.000 de pérdida de bosques de alto valor de conservación, entre las que se cuentan las de la finca Cuchuy", precisó la cartera ambiental nacional.

El Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable salteñoinformó ayer que había sido suspendida la aplicación de los cambios de uso de suelo en esa finca situada en General Ballivián, 340 kilómetros al norte de la capital provincial, que habían sido denunciados por Greenpeace.

El 10 de enero esa organización ambientalista anunció que "la intervención de sus activistas había logrado frenar las topadoras que desmontaban un área considerada reserva natural", en referencia a la finca, cuyo dueño es Alejandro Braun Peña.

Urtubey aseguró que “realmente es una medida insólita porque una resolución de un Ministerio de la Nación declara inconstitucional un decreto provincial".

"Soy abogado y entiendo que a eso lo deben resolver los jueces, pero bueno, en el gobierno nacional a veces pasan cosas raras", expresó el mandatario a la prensa.

De esta forma, el gobernador se refirió a la resolución 56/2018, publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por el titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, que insta a Salta a suspender las talas autorizadas por los decretos provinciales del año 2010.

“Se resolvió esta situación planteando la ilegalidad de lo que se está haciendo en la provincia y frente a esto, nosotros obviamente vamos a sostener la defensa de la competencia provincial”, adelantó Urtubey.

Indicó además que la provincia "notificó de la resolución de la Nación a cada uno de los que tienen losaprovechamientos forestales, a efectos de no someterlos a una situación de inseguridad jurídica que después les genere un problema serio”.

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