La primera gran disputa entre los gobernadores y la Casa Rosada acaba de desatarse por los subsidios al transporte urbano de pasajeros. El disparador de la discusión fue la negativa oficial de transferir más fondos para respaldar el "congelamiento" de tarifas por los cuatro o seis meses que pide el presidente Alberto Fernández.
Calificadas fuentes del Gobierno nacional dijeron a este diario que "no habrá fondos para las provincias al menos por 120 días". En ese plazo, se analizará un nuevo esquema de subsidios "más federal" que el actual, para lo que será determinante la expansión de la Red Sube, que opera hasta el momento en 39 ciudades.
Algunas provincias, como San Juan, ya anunciaron el congelamiento de tarifas por 180 días y ahora el gobierno del peronista Sergio Uñac espera subsidios, que no habrá. El intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, consideró que en su ciudad el sistema es "inviable" si no llegan los recursos nacionales que se cortaron el 31 de diciembre, por la caída del fondo de Compensación Complementaria Provincial (CCP).
El Gobierno de Mendoza confirmó que reclamará a la Nación subsidios para costear el congelamiento y el chaqueño Jorge Capitanich adelantó que no podrá evitar un aumento en los costos de los pasajes. Ayer, el Concejo Deliberante de Viedma, en Río Negro, ya autorizó un incremento del 26% para el boleto y en Córdoba ya está convocada una audiencia para el 14 de este mes, en la que se definirá un incremento.
Pagos pendientes
En el país hay 25 municipios (de grandes ciudades) que hasta noviembre recibieron subsidios por $ 950 millones y aún está pendiente el pago de diciembre por unos $ 180 millones. Son 16 provincias las que necesitan fondos para afrontar el congelamiento, tras haber recibido recursos por $ 4.690 millones en 2019. Esas provincias son: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tucumán.
Los municipios son: Santa Fe, Bariloche, San Luis, Paraná, Santa Rosa, Neuquén, Río Gallegos, San Salvador de Jujuy, Corrientes, Viedma, Caleta Olivia, Cippolletti, General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás de los Arroyos, Pergamino, Formosa, Olavarría, Gualeguaychú, Necochea, San Martín de los Andes, Villa Mercedes, Villa La Angostura, Rosario y Resistencia.
En setiembre de 2018, el Gobierno de Macri y los gobernadores acordaron, en el marco del Pacto Fiscal, que serían los municipios los que se harían cargo de los subsidios al transporte urbano local y las provincias, al interurbano. En ese momento se establecieron algunas compensaciones específicas hasta diciembre de 2019 pero los resultados de aquel pacto no llegaron y la situación financiera se complicó.
"El que sacó lo subsidios al interior fue Macri y dejó al país en una situación tan complicada que ahora no se pueden restablecer, porque no hay recursos. Claro está que el espíritu es resolver la inequidad entre el AMBA y las provincias, porque deben terminarse los ciudadanos de segunda. Necesitamos tiempo", dijo ayer un colaborador del ministro de Transporte, Mario Meoni, a este medio.
En la Casa Rosada, en tanto, comentan que las provincias contarán este año con unos $ 60.000 millones que no tenían previstos, debido a la suspensión de la baja de impuestos locales (Ingresos Brutos y Sellos) que se acordó en diciembre cuando se suspendió por un año la aplicación del Pacto Fiscal. Entienden que de allí los gobernadores deben sacar el dinero para subsidiar el boleto por lo menos por cuatro meses.
El plan que viene
El objetivo de la iniciativa del nuevo Gobierno es establecer "una tarifa base por pasajero" y, a partir de ese piso, cada gobierno provincial o municipal podrá establecer el precio del boleto que considere necesario para la sostenibilidad del sistema. El objetivo de Nación es que la tarifa del transporte no sea "prohibitiva".
La tarifa base, explicaron las fuentes consultadas, permitiría a la Nación tener un mayor control sobre el costo real del boleto por kilómetro recorrido. "Habría uniformidad de criterio para todo el país y un esquema más transparente", dijeron las fuentes oficiales. Eso gatillaría un diferencial de subsidio por pasajero que pagaría la Casa Rosada.
Por ello, al menos hasta mayo, no habrá un peso para las provincias. La prioridad, como históricamente hicieron los gobiernos, está puesta en el Área Metropolitana de Buenos Aires, tanto para 200 líneas de colectivos como para los siete ramales de trenes que, a diario, transportan a 15 millones de personas. Allí se volcarán subsidios por $ 75.000 millones.
Sí seguirán girando recursos para los servicios interprovinciales que siguen bajo jurisdicción nacional, como el servicio que une a Resistencia con Corrientes y a los servicios de larga distancia. Para ello, se destinarán entre 450 y 500 millones de pesos entre enero y abril, con la apuesta de tener listo el nuevo esquema en mayo.
También se trabajará con la Secretaría de Energía de la Nación para el rediseño de los subsidios destinados al precio diferencial del gasoil, dado que el objetivo es que la tarifa base tenga el mismo impacto en todo el país. Las petroleras ofrecen cierta resistencia a que continúe el actual esquema por los costos de llevar el gasoil hasta lugares donde no hay destilerías y piden que haya una segmentación por región.
Ante la negativa, Suárez insistirá en negociar con la Nación
El Gobierno provincial anunció el congelamiento de tarifas y, ante el posible “no” por parte de la Nación, estudia otras alternativas para costear los $ 500 millones para subsidiar el transporte. Además, hay $ 3.000 millones que se necesitan para no aumentar la tarifa de energía eléctrica.
"Si el Gobierno de Buenos Aires quiere subsidiar el precio del boleto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que lo haga, pero si lo hace la Nación, ¿qué pasa con el resto de las provincias?", insistió Mema.
Con este escenario, el Gobierno provincial apuntará a que la Nación vuelva a la distribución de recursos para las provincias y que, de esta manera, ayude a compensar la tarifa en el boleto de colectivo y también de la energía eléctrica.
Otra de las opciones que negocia Mendoza para enfrentar el costo de los congelamientos es la posibilidad de renegociar la deuda que venció en 2019 y la que se deberá pagar en este 2020. Este "roll over", que debe ser aprobado en la Legislatura y necesita el apoyo opositor, permitiría a la Provincia "patear" los vencimientos de la deuda a futuro, que rondan los $ 6.500 millones, y así destinar una parte de sus recursos a estos subsidios.
La discusión por el Presupuesto de 2019 tuvo su momento más caliente cuando el PJ no le avaló esta herramienta a la gestión del Alfredo Cornejo. Si este año sucede lo mismo, se complicará el panorama financiero en lo que respecta a la administración de los recursos que se destinarían a subsidiar el transporte y la energía eléctrica.
Si las dos alternativas anteriores no pueden llevarse a cabo, el Gobierno deberá ajustar la obra pública. En ese caso, se deberá discutir qué obras no se ejecutarán y en qué municipios. / Fernanda Verdeslago - Especial para Los Andes
