Mendocinos con discapacidad buscan amparo judicial para no perder sus pensiones

La lucha de la Multisectorial por la Discapacidad para restituir las pensiones dadas de baja (o suspendidas según la Nación) seguirá mañana a las 15 frente a la Legislatura.

A partir de esa hora, familiares y personas con discapacidad que han dejado de percibir los 4.475 pesos que cobraban todos los meses juntarán firmas para el petitorio que se presentó ayer en el Congreso Nacional y recibirán la documentación de todos los damnificados para presentar un amparo ante la Justicia.

"Tienen que llevar el DNI del titular de la pensión, un recibo y el certificado de discapacidad", explicó la presidenta de la organización Padres Autoconvocados de chicos, jóvenes y adultos con discapacidad, Alejandra Berlanga.

"A nivel provincial no manejamos un número cierto de bajas pero a nivel nacional con unas 90 pensiones", agregó.

En Mendoza, más de 35 mil personas reciben pensiones no contributivas (una mamá que tiene más de 7 hijos, los mayores de 70 años y discapacitados). Los beneficiarios tienen que demostrar que tienen una discapacidad de 76 por ciento o más de incapacidad laboral, que la persona o su pareja no cobre jubilación, pensión, retiro u otra pensión, que no trabaja en relación de dependencia, no tener bienes ni parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos.

En la provincia todavía no se conoce el número de damnificados porque no les ha llegado ninguna notificación para advertirles la situación, sino que se enteran cuando van al banco a cobrar y no hay dinero en la cuenta.

"La Comisión Nacional aduce es que en realidad no se les dio de baja  a esas pensiones, sino que se suspendieron", explicó el asesor legal de la Dirección de Discapacidad de Mendoza Carlos Riera en radio Mitre.

Para solicitar la rehabilitación del beneficio, hay que hacer el reclamo al 0800-222-3294 o ir en persona al Centro de Asistencia Local (en Mendoza, 9 de Julio 3099, Ciudad).

“Desde lo legal hay que reclamar a la Comisión Nacional de Pensiones la emisión del acto administrativo que ordena la suspensión o baja del beneficio para tener el derecho de acceder a la vía administrativa o agotarla para pasarla a recurso de amparo de la Justicia Federal”, explicó Riera.