En septiembre de 1997 un grupo de chicos de Moreno, provincia de Buenos Aires, llegó a nuestra provincia para pasar su viaje de egresados en el departamento de San Rafael. Lo que tenía la finalidad de ser una experiencia llena de alegrías y travesuras de adolescentes terminó siendo todo lo contrario cuando uno de ellos encontró la muerte.
Sebastián Bordón tenía 18 años cuando fue asesinado por la policía y su muerte desmanteló cómo era el abuso de poder por parte de la fuerza, que quiso teñir el homicidio desviando la pesquisa con que el chico estaba metido en bandas de narcotráfico. Usaron civiles como testigos falsos, pero, aunque retrasaron la investigación, no lograron ocultarla y un crimen de gatillo fácil saltó a la luz. Por eso el gobierno del ex gobernador Arturo Lafalla dictaminó la creación de un Ministerio de Justicia y Seguridad, manejado por civiles, que puso a los comisarios generales de la policía en segunda línea de poder.
Desaparición y versiones cruzadas
El 1 de octubre de 1997 el grupo de egresados viajaba por El Nihuil cuando Sebastián tuvo un brote de violencia, acompañado de posibles alucinaciones, por lo que las docentes se asustaron y lo bajaron del colectivo para llevarlo al destacamento policial de esa zona. El joven pasó la noche ahí y su camada continuó viaje de regreso a Moreno.
Al día siguiente, la Unidad Regional II de San Rafael envió un informe diciendo que un joven con "problemas mentales" había desaparecido de la comisaría luego de golpear al cabo que lo vigilaba, Esteban Merelo. Por lo que un patrullero -en el que iban el oficial Daniel Gómez, el cabo Abelardo Cubillos y el agente Roberto Gualpa- salió a buscarlo, pero dijeron que no tuvieron éxito en encontrarlo.
Rápidamente se montó un operativo de búsqueda en el que colaboraron baqueanos, policías, Defensa Civil, entre otros, que rastrillaron toda la zona de El Nihuil y Valle Grande, lamentablemente sin resultados. La familia de Sebastián, junto con amigos y colaboradores, viajó para nuestra provincia a instalarse mientras durara la búsqueda.
Diez días después, precisamente el 12 de octubre, dos vecinos de la familia Bordón que se habían sumado a la búsqueda dieron con el cuerpo del joven en un barranco del Cañón del Atuel, lugar que curiosamente ya se había rastrillado y que estaba a más de 10 kilómetros de donde había desaparecido el chico. Mientras tanto, el juez de instrucción Horacio Yacante se encontraba en Moreno tomando declaraciones a los compañeros de Sebastián, pero al enterarse la novedad se volvió en carácter de urgencia a San Rafael.
Desde el día que Sebastián Bordón desapareció y hasta el momento que encontraron su cadáver circularon varias versiones sobre su paradero. La primera fue la de Humberto Vega, un camionero que aseguró haberlo visto caminando por otra localidad y la segunda fue la de Amanda Ledesma, una parapsicóloga que intentó hacer creer que el chico estaba vinculado con el narcotráfico. Luego se comprobó que habían dado falso testimonio siendo cómplices de la policía.
Investigación, juicio y condenas
Con el hallazgo del cuerpo de Sebastián, el entonces gobernador de la provincia, Arturo Lafalla, designó a Alejandro Cazabán para que llevara a cabo la investigación. El joven abogado de 31 años se desempeñaba como inspector de la Gobernación y rápidamente apuntó la pesquisa contra los policías y tomó la decisión de que fuera Gendarmería quien llevara la investigación adelante para evitar que los policías intervinieran con sus pares.
El Juicio por el homicidio de Sebastián comenzó en agosto de 2000 y finalizó en diciembre de ese mismo año. Fue uno de los juicios más largos en la historia de Mendoza que tuvo en total 195 testigos que se presentaron en doble jornada. Finalmente, la Cámara del Crimen de San Rafael (compuesta en aquel entonces por Domingo Mauricio, Mario Giambastiani y Jorge Germanó) determinó que el caso de Sebastián Bordón no fue un accidente, ni tampoco algo que tuviera que ver con el narcotráfico.
Para los jueces, el veredicto fue que a Sebastián lo interceptó el móvil 739 en la siesta del 2 de octubre de 1997, luego de que se escapara de la comisaría 38 ubicada en El Nihuil, y una vez que lo encontraron fue golpeado por los policías Daniel Gómez, Abelardo Cubillos y Roberto Gualpa quienes además lo escondieron con el permiso de su jefe, el comisario Hugo Trentini.
A Roberto Gualpa y Abelardo Cubillos los acusaron de lesiones graves y abandono de persona, por lo que les dieron 10 años de cárcel. En cuanto a Daniel Gómez, por tener un rango más alto, le dieron 12 años y al comisario Trentini le dieron 15 años culpándolo por homicidio. Al cabo Esteban Merello y a la parapsicóloga Amanda Ledesma, nada más les dieron 2 años y 6 meses de cárcel, debido a que sólo los acusaron de encubrimiento.
Los ex comisarios Juan de Dios Atencio y Carlos Plácido Escobar, junto con el camionero Humberto Vega Giménez fueron absueltos meses más tarde porque para la justicia "no tuvieron nada que ver" con la desaparición y muerte de Bordón.
Creación del Ministerio de Justicia y Seguridad
A un año del asesinato de Sebastián Bordón y mientras continuaba la pesquisa del homicidio, Arturo Lafalla junto con los líderes de la UCR y el PD anunciaron, en diciembre de 1999, la creación del Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza, el cual tenía la finalidad de reestructurar el sistema de la policía involucrando al poder civil y político en el funcionamiento del accionar policial, ya que hasta entonces funcionaba de manera cerrada y poco controlada. Con esta decisión, el poder de los altos cargos de la policía pasó a ser comandado por civiles y fue Alejandro Cazabán el primero en asumir el cargo de ministro.
Desde que la seguridad pasó a ser un tema de Estado, la provincia ha tenido hasta entonces 12 ministros: Alejandro Cazabán, Leopoldo Orquín, Roberto Grillo, Alfredo Cornejo (dos veces), Osvaldo Tello y Miguel Bondino, Juan Carlos Aguinaga, Carlos Ciurca, Carlos Aranda, Leonardo Comperatore y Gianni Vennier.
El caso de Sebastián Bordón desenmarañó el abuso de poder que se regía en la policía de Mendoza, tomó trascendencia nacional y fue el último homicidio en democracia por parte de la Policía en nuestra provincia.
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