Se cumple un año de la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman. Fue hallado en el baño de su domicilio con un disparo de arma de fuego en la cabeza, en circunstancias no esclarecidas por la Justicia, pocas horas antes de una presentación que debía realizar en el Congreso de la Nación. Allí se disponía a denunciar irregularidades en el Memorando firmado por el gobierno argentino con el de Irán con respecto a la investigación del atentado a la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994. Justamente, el doctor Nisman era el encargado de pilotear la fiscalía especial para ese caso.
La muerte del fiscal que denunció y acusó a la entonces presidenta Cristina Kirchner, a su canciller y a otros funcionarios del anterior Gobierno y allegados al kirchnerismo de encubrimiento para favorecer a los acusados por la voladura de la AMIA, sigue esperando que la investigación permita determinar sus motivos.
Las hipótesis de suicidio inducido y de asesinato fueron las que más se barajaron en el año transcurrido, pero no hubo avances en el seguimiento del caso, que quedó inmerso y relegado en un período electoral extenso y en el que hubo otras prioridades como ejes de campaña.
Debe recordarse que en la investigación que divulgó hace un año, y que se aprestaba a formalizar en el Congreso, el fiscal fallecido apuntó directamente a lo actuado por el gobierno argentino cuando acordó con Irán un polémico memorando de entendimiento que, de acuerdo con la conclusión de Nisman, había tenido como objetivo cambiar el rumbo de las pistas del atentado criminal consumado en Buenos Aires.
Nisman dejó planteada en aquella oportunidad la posibilidad de que el enigmático acuerdo bilateral hubiese encubierto motivaciones y necesidades políticas coincidentes de autoridades de ambos países. Con respecto a la revelación que había hecho Nisman, generó una tremenda disputa política por la reacción del kirchnerismo en su contra.
El nuevo gobierno nacional constituido recientemente ya expresó su decisión de que la Argentina renuncie al polémico acuerdo. De todos modos, nadie debe olvidar los alcances del trabajo de investigación del fiscal muerto, en especial mientras su violenta desaparición no resulte esclarecida. Lo merece la sociedad argentina, que de una buena vez quiere que los temas judiciales determinantes se resuelvan sin la influencia de los poderes políticos de turno.
Como aporte al avance de la causa, recientemente la Agencia Federal de Investigaciones, ex Inteligencia, dispuso como excepción que los agentes de esa área, en actividad o retirados, que tengan en su poder datos clasificados sobre la muerte de Alberto Nisman sean relevados del secreto, para que puedan hacer un aporte trascendente a la investigación judicial de la impactante muerte.
La calidad institucional que tanto se pregona merece que este escandaloso hecho, que conmovió al mundo y dejó con mala imagen a la Argentina, tenga el desenlace judicial correspondiente.
