“Creo que es el momento en el que hay que tomar definiciones concretas. Nos ha pasado en muchos casos que los homicidios no se resuelven o terminan en cuestiones subalternas, derivadas, y esto no puede ser así”.
La definición del titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, fue dicha la semana pasada pero hoy la frase cobra aún más peso al cumplirse tres meses del día en que el fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto en su casa con un balazo en la cabeza.
“El tiempo excesivo termina enredando el proceso”, había completado Lorenzetti en su pedido de celeridad. Nisman estaba al frente de una fiscalía especial creada en 2004 para investigar el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y en el que murieron 84 personas.
A tres meses de la muerte del fiscal, la investigación judicial no pudo explicar todavía qué sucedió en el departamento de Puerto Madero. El desarrollo de la causa ocurre en medio de un enfrentamiento rabioso entre la fiscal Viviana Fein, a cargo de la investigación, y la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
La primera, ya lo ha dicho, mantiene abierta todas las hipótesis. En su entorno repiten: “Faltan aún elementos para afirmar que fue un suicidio, pero hay menos elementos aún para afirmar que hubo un crimen”.
Arroyo Salgado definió que fue un asesinato (“magnicidio”, dijo). El grupo de peritos que la asiste le discute a Fein el día en que murió el fiscal. Esta versión dice que Nisman fue asesinado el sábado 17 de enero, en una franja horaria que coincide con la visita que el técnico informático y colaborador de Nisman en la Unidad Fiscal AMIA, Diego Lagomarsino, hizo al fiscal para llevarle prestada el arma de la que salió la bala mortal.
Arroyo Salgado viene fracasando en su intento por recusar a Fein pero ha prometido llevar la puja hasta la Corte Suprema. Por prestar la pistola Bersa calibre 22, Lagomarsino es el único imputado.
Al cumplirse un mes de la muerte del fiscal, unas 200 mil personas marcharon por las calles porteñas para pedir justicia. “Yo soy Nisman” fue la consigna más difundida entre la multitud sensibilizada.
El 18 de marzo, sin embargo, apenas un centenar de personas se acercó al Palacio de Justicia para recordar al fiscal a dos meses de su muerte. Entre la multitudinaria marcha y el segundo homenaje ocurrieron muchas cosas. Trascendieron detalles de la vida privada del fiscal que minaron su figura, como fotos con modelos en playas mexicanas y en boliches vip porteños.
Otros hechos esmerilaron aún más la evocación de Nisman. Como Lagomarsino, afirmando que el fiscal le obligaba a darle la mitad de su salario (unos 41 mil pesos). O la difusión de documentos oficiales sobre las entrevistas de Nisman en la embajada de los Estados Unidos, adonde iba para pedir consejos respecto a la investigación del atentado a la AMIA.
Las revelaciones de la estrecha relación que tenía con el capo de la ex SIDE, Antonio Stiuso (hoy en el exterior, sin que se sepa su paradero), tampoco ayudaron a mantener en alto la memoria del fiscal. También se conocieron críticas de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA a lo actuado por el fiscal.
Pero en estos tres meses, además, tampoco prosperó la grave denuncia que Nisman difundió unos días antes de morir y sobre la que iba a exponer en el Congreso el día antes de ser hallado muerto. Nisman acusó a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y al canciller, Héctor Timerman, entre otros, de negociar la impunidad de los ciudadanos iraníes sospechados por la bomba a la AMIA a cambio de beneficios económicos.
La denuncia que con Nisman en vida había sido ninguneada por dos jueces (Lijo y Servini de Cubría), fue retomada y emprolijada por el fiscal Germán Pollicita, quien entregó un nuevo escrito al juez federal Daniel Rafecas.
La denuncia fue desestimada. “No hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual Jefa de Estado respecto a una instigación o preparación (no punible) del gravísimo delito de encubrimiento”, argumentó Rafecas, cuya resolución fue avalada por la la Cámara Federal.
El fiscal Germán Moldes (uno de los fogoneros de la marcha del 18 F) consiguió que Casación revise los rechazos de Rafecas y la Cámara. En Casación la denuncia debe ser impulsada por el fiscal Javier de Luca, funcionario de Justicia Legítima, agrupación alineada con la Casa Rosada. En tribunales se descuenta que Casación desestimará también la denuncia.
En el medio de este penoso enredo, sigue sin resolverse la impugnación judicial del memorándum de entendimiento rubricado entre Argentina e Irán para que los iraníes imputados por la Justicia argentina sean llevados a juicio en Teherán. Nisman consideraba al Memorándum como la coronación del acuerdo por impunidad. El acuerdo fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno nacional recurrió el fallo.
El expediente espera una definición en Casación. La próxima semana declarará ante la fiscal Fein, Elisa Carrió. La fiscal accedió a escuchar a la diputada nacional quien tiene su propia teoría sobre la muerte del fiscal y la relación del hecho con el Memorándum.
La causa judicial sigue con la carátula “muerte dudosa”. La ampliación declaratoria de los custodios de Nisman, pericias balísticas y una junta médica marcarán el pulso de la causa en las próximas semanas. Entre tanto, la campaña electoral toma ritmo con los pre-candidatos presidenciales lanzados a la carrera. Curioso o no, ninguno de ellos (salvo Carrió) está evocando la figura de Nisman en su discurso de campaña.
Una cámara, dos causas clave
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que ya tiene en sus manos la causa por la compañía Hotesur, vinculada a la familia presidencial, intervendrá en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento en la causa AMIA.
Fuentes judiciales informaron que en el sorteo realizado ayer a la mañana en el máximo tribunal penal del país la causa recayó en la sala integrada por los camaristas Gustavo Hornos, Luis María Cabral y Ana María Figueroa.
Además, Cabral y Figueroa también intervienen, aunque en la Sala II, en la causa por el memorándum firmado por el Gobierno nacional con Irán por la causa AMIA y resolvieron que el texto del acuerdo sea traducido del inglés al español, antes de decidir si es o no constitucional.
Antes de que la Sala I se aboque a la denuncia de Nisman, el fiscal Javier De Luca, del colectivo oficialista “Justicia Legítima”, será quien deba decidir si mantiene la apelación de la causa, sostenida en dos instancias por sus antecesores Gerardo Pollicita y Germán Moldes, o la rechaza.
Carrió declarará y advierte
La diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, confirmó que se presentará ante la fiscal Viviana Fein, quien la citó a prestar declaración testimonial la semana próxima luego de que la legisladora asegurara que tiene información para aportar en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
“Les digo a (César) Milani y a Aníbal Fernández que no me toquen”, insistió la precandidata presidencial, en una nueva advertencia al titular del Ejercito y al jefe de Gabinete de la Nación.
En un comunicado, Carrió ratificó que se presentará ante la fiscal Fein para “aportar la información sobre la que ha venido trabajando desde el momento del asesinato de Alberto Nisman”.
La legisladora presentó días atrás un escrito a la fiscal de instrucción en el que señaló que tiene elementos para brindar vinculados a la causa por la muerte del fiscal federal.
La semana próxima también volverán a declarar, en este caso en “ampliación de testimonial”, ocho de los diez custodios personales que tenía Nisman.
La fiscal resolvió convocarlos después de completar una serie de medidas de prueba sobre la mecánica de vigilancia que desplegaban en relación con el difunto fiscal.
