Aunque el desempleo en el país el año pasado fue de 9,1%, el subempleo inestable alcanzó el 15,5% y el empleo precario 32,7%. Es decir, 48% de los trabajadores no realiza aportes al sistema de seguridad social, lo que no sólo implica que no ha accedido a un empleo digno sino que además constituye una asimetría con el 92% de los adultos mayores que perciben una jubilación o pensión.
El último informe del Barómetro de la Deuda Social Argentina muestra que, pese a que luego de la crisis de 2001 se recuperaron algunos indicadores, existe un núcleo de pobreza estructural que no se ha erradicado.
Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que creó la Universidad Católica en 2003, visitó la provincia y presentó “Progresos sociales, pobrezas estructurales y desigualdades persistentes”, el documento con datos de 2014. El objetivo de este programa interdisciplinario es visibilizar qué derechos se están vulnerando, para generar un reclamo por su cumplimiento en la ciudadanía.
Uno de los interrogantes que se busca responder es si la reactivación económica poscrisis se tradujo en un mayor desarrollo humanos y social y cuáles son las deudas en este sentido. La comparación histórica muestra que la recuperación no impactó de la misma manera a todos los estratos sociales.
Así, mientras la clase media pudo acceder a un empleo pleno, casi la mitad de los trabajadores que no tienen acceso a la seguridad social se concentra en el 25% de la población con menos recursos.
Una de las estrategias para intentar reducir el número de hogares con necesidades básicas insatisfechas fue aumentar la cobertura de los planes sociales. Entre 2010 y 2014, el porcentaje de hogares que recibían un subsidio trepó del 20,2% al 28,6%.
Sin embargo, la cifra de beneficiarios -que pese a eso están en situación de pobreza- pasó de 51,3% en 2010 a 64% el año pasado. De hecho, 78% de los hogares que se ubican en asentamientos inestables es asistido por estos planes.
Salvia detalló que tanto el acceso masivo a jubilaciones (la cobertura pasó de 70% a 91% entre 2004 y 2014) como la ampliación de los programas sociales tuvieron como finalidad asegurar un ingreso a mayor número de hogares. Pero planteó que no se ha logrado este objetivo a través del empleo digno. Y si bien se protegió el derecho a la alimentación, no se dotó a estas personas de autonomía económica, otro derecho fundamental.
Según el relevamiento de la Encuesta de la Deuda Social Argentina, 6,4% de la población es indigente (versus el 1,2% del Indec) y 28,7% se encuentra por debajo de la línea de pobreza (en comparación con el 4,3% oficial). De todos modos, Salvia aclaró que el observatorio no aspira a ocupar el lugar de los datos oficiales y que, por el contrario, es importante contar con un organismo creíble que provea esa información.
En cuanto a la percepción subjetiva de las personas sobre si sus ingresos resultan suficientes para cubrir sus necesidades, 42% considera que no y apenas 11,8% tiene capacidad de ahorro. El coordinador del Observatorio resaltó que tanto los indicadores objetivos como los subjetivos muestran que existe un amplio sector de la población que no se vio incluido en el crecimiento económico.
El diagnóstico del informe es poco alentador: si bien hubo una mejora indiscutible luego de la crisis, los sectores vulnerables no fueron los más favorecidos.
El análisis de la Universidad Católica es que se está creando una sociedad más dual y desigual, al punto que el país se distinguía de otros de América Latina por la preponderancia de la clase media, mientras en los últimos años la región ha avanzado en procesos de igualdad y Argentina se ha ido fragmentando.
Asimismo, consideran que la situación no se va a revertir a partir de un nuevo crecimiento económico, sino que se necesita una planificación de desarrollo de largo plazo, dirigentes que la implementen y una sociedad que les exija su cumplimiento.
Una década de estudio
La primera Encuesta de la Deuda Social argentina se realizó en 2004. Para la del año pasado, cuyos resultados se publicaron en julio, se relevaron 5.668 hogares seleccionados de modo aleatorio en 25 aglomerados urbanos de todo el país (con más de 80 mil habitantes), aunque está especialmente representado el Área Metropolitana de Buenos Aires. Si bien los datos no están discriminados por provincia o región, en Mendoza se registraron unos 700 hogares.
Para consultar el informe 2014 se puede ingresar a www.uca.edu.ar/observatorio. En la actualidad se están procesando las encuestas de 2015.
Sensación de inseguridad
Entre los aspectos que se analizan en el informe se considera la seguridad ciudadana. En 2014, 88% de la población se sentía insegura, mientras en 2004, poco después de la crisis, 68%. En este indicador no se observa, como en la mayoría de los otros, una diferencia entre los sectores de mayores ingresos y los más vulnerables: la sensación de inseguridad los afecta casi por igual.
En tanto, el porcentaje de hogares en los que al menos un miembro fue víctima de un hecho delictivo pasó de 22 a 31%. Y la percepción en los barrios de venta y tráfico de drogas creció en una década de 28% a 43%.
