El decreto 1789/15 firmado por el ex gobernador Francisco Pérez obliga a los funcionarios del Ejecutivo provincial a presentar su declaración jurada. Cada empleado público debía remitir su estado patrimonial a la Fiscalía de Estado. Esta semana se cumplieron los plazos para hacerlo y aparecieron los números: casi la mitad, no hizo lo que correspondía.
Según informó la Fiscalía de Estado, "de un total de 1437 funcionarios y empleados que deben informar su situación patrimonial, 729 (50,73%) la elevaron en el plazo fijado en el decreto, el que se cumplió este lunes 18 de enero".
Este relevamiento corresponde a los trabajadores salientes que terminaron su gestión en diciembre pasado.
El Decreto que estableció el régimen de declaraciones juradas (DDJJ) fue dictado en octubre del pasado año y dispuso que los funcionarios en ejercicio tendrían 30 días hábiles desde la entrada en vigencia de la norma legal, plazo que se cumplió el lunes pasado.
Para los funcionarios remolones que aún no han presentado su DDJJ, el formulario sigue disponible en la página web de Fiscalía de Estado.
Ministerio por ministerio
Para los funcionarios entrantes con la gestión del radical Alfredo Cornejo, también hay obligatoriedad de presentar su estado patrimonial (Así se pude comparar cuando terminen con la gestión, dentro de cuatro años). Para quienes arribaron a la Casa de Gobierno en los últimos días, tienen tienen 30 días hábiles a partir de su nombramiento y los primeros vencimientos se concretarán el próximo 26 de enero.
Sanciones
Una vez vencido el plazo para presentar las DDJJ, los empleados que no lo hayan hecho en tiempo y serán intimados por Fiscalía de Estado y deberán hacerlo en 5 días hábiles desde recibir la notificación.
Si persiste el incumplimiento, se considerará “falta grave” de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 560/73 y se solicitará la separación de su cargo. Para quienes ya no cumplan funciones en el Estado, se sugerirá que no puedan ser designados en la administración pública provincial.
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