En voz baja a la ex Coordinación de Infraestructura Básica le dicen “La Rosadita mendocina”. Esa dependencia era parte del organigrama del ex Ministerio de Infraestructura y fue creada en 2012 por el ex gobernador Francisco Pérez y su ministro Rolando Baldasso.
La Coordinación tenía sede fuera de Casa de Gobierno y se manejaba con amplias atribuciones, al punto que hacía sus propias licitaciones, adjudicaba, inspeccionaba y certificaba obras de cloaca y agua. Tan amplias que hasta se asegura que hay falta de transparencia en el pago de viáticos a inspectores.
A poco de asumir la nueva gestión en el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía se encontraron con la dependencia y desde abril se audita una muestra de 100 expedientes de obras.
La directora de Control de Gestión, María Teresa Badui, dice que ahora están mirando con lupa obras adjudicadas por la Coordinación que aún la Provincia no termina de pagar o las que aún no están concluidas.
Es poco lo que trasciende, sobre todo se refiere a falencias técnicas en la documentación de obras que abre las puertas a sospechas, pero todos los que comentan algo se guardan de hacer acusaciones (ver aparte).
Lo que más se cuenta es un desaguisado con viáticos y una licitación en la que el adjudicado terminó pagando el alquiler de la sede de la Coordinación, con la sospecha de que ese alquiler de 6.250 pesos mensuales terminó siendo cargado en los costos de la obra licitada.
La sede fue incluida en la licitación para construir el sistema de cloacas “El Sauce”. El ganador ofreció una casa en calle La Pampa del Barrio Bombal, a pocas cuadras de Casa de Gobierno. Allí no se desempeñaba mucha gente, apenas una media docena de empleados. Al llegar la nueva gestión, disolvió la Coordinación y dejaron sin efecto el alquiler.
Yendo a los viáticos, la Coordinación tenía un régimen de cobertura de traslados propia: se pagaban $ 200 y si hacía falta alojamiento, $ 300 más, mientras que los inspectores de otras áreas cobraban $ 35 (actualmente el valor es de $ 96).
Estos montos también estaban incluidos en las licitaciones y debía pagarlos el oferente que fuera adjudicado. Los auditores indican que no había un procedimiento claro para el pago de esos viáticos que permitiera hacer un seguimiento de cantidad de inspecciones, duración y tareas desarrolladas, así como tampoco saber cómo los liquidaban las empresas.
En la auditoría hasta se sugiere que se hacía la vista gorda a la demora de las obras, porque eso implicaba más viáticos y justifican la sugerencia en el hecho de que nunca hubo multas aplicadas por los aplazamientos y por la cantidad de convenios para hacer alteraciones de los proyectos, al menos en los expedientes analizados.
Hasta 2012 no existía una dependencia dedicada a las obras de infraestructura básica y fue creada por el decreto 574 publicado en el Boletín Oficial el 27 de abril de 2012; en ese decreto firmado por Pérez y Baldasso se aprueba el organigrama completo del Ministerio de Infraestructura. La Coordinación dependía de la Subsecretaría de Obras Publica.
Un año después, otro decreto, el 1139, publicado en octubre de 2013, modifica y amplia las facultades de la Coordinación. De hecho, le otorga a la oficina el poder para hacer la documentación técnica y legal previa a la licitación, tramitar la compulsa de precios y la contratación, recibir las propuestas, evaluarlas y adjudicar, inspeccionar la obra, ampliar plazos, aprobar adicionales y alteraciones del proyecto, certificar obra y variación de precios y elaborar acta de recepción provisoria y definitiva de la obra terminada.
Esto implica que tenía las mismas atribuciones que la tradicional Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas (Dacop), pero fuera de Casa de Gobierno y con media docena de empleados.
La Coordinación de Infraestructura Básica tenía criterios diferentes respecto de la Dacop, tanto en la certificación de obras, como en los cálculos de ajuste de precios, ampliaciones de plazos y aplicación de multas. La auditoría encontró hasta diferentes criterios entre expedientes de la misma Coordinación, incluso en pliegos licitatorios.
Un centenar de expedientes despertaron la sospecha
Son muchos los puntos cuestionados por la auditoría en la muestra de 100 expedientes de obra. En este momento hay una segunda etapa de análisis concentrada en las obras en las que las empresas están reclamando el pago de los mayores costos por las alteraciones de proyecto y en las que aún no se terminan, con la intención de corregir los montos a pagar.
En la muestra de expedientes, los auditores encontraron casos en los que “las causales que justifican alteraciones son notablemente escuetas” y no permiten establecer si la alteración del proyecto original es por deficiencias o por imprevistos en la obra.
También se consigna que en varios expedientes no constan las comunicaciones entre inspección y empresa contratista; además se señala que en algunas las planillas presupuestarias con el detalle económico que implica la alteración del proyecto, solamente lo firma el coordinador del área y el representante técnico de la empresa, no los inspectores.
La falta de firma de los inspectores de obra también se encontró en convenios de adicionales o supresiones o en contrataciones directas.
Esto resulta extraño, puesto que los inspectores son los que visitan la obra, conocen las fallas de proyecto y deberían suscribir las alteraciones de proyecto. La falta de esa firma indicaría “una laxitud en el control, marca la imposibilidad de que una misma persona esté en todas las obras de manera simultánea”.
En la mayoría de las planillas presupuestarias relevadas se ponen en estudio aumentos y muy pocas disminuciones contractuales.
Además, en la mayoría de los expedientes relevados en los que se estudia una alteración del proyecto, no constarían planos de los detalles nuevos para analizar si los cómputos corresponden con la ejecución.
Incluso algunos presupuestos fueron escritos en hojas membretadas de las empresas contratistas, por lo que la auditoría infiere que los cálculos de costos fueron realizados por las empresas, sin contraparte del Estado.
