En materia minera, como en tantas otras, la dirigencia de nuestra provincia se debe un debate serio y profundo, capaz de abordar el tema con una mirada racional y estratégica elevándose por encima de pequeños intereses de corto plazo, de las emociones que generan las cuestiones ambientales y la desinformación general en torno a estos y que determinan los cambiantes estados de opinión pública.
En este sentido, poco ayuda a la transparencia de ese debate el mal manejo de la información, sobre el accidente, que brindó la empresa. Dos veces debió rectificar la cantidad de litros de solución cianurada derramada hasta llegar al millón de litros. La incertidumbre siembra sospechas y dudas.
Ciertamente la empresa actuó incorrectamente, debió dar explicaciones claras, precisas, completas y oportunas y aún debe darlas a la mayor brevedad, como también deben hacerlo los organismos responsables del Estado provincial y nacional. Tampoco suman las demoras y las explosivas explicaciones elípticas de organismos científicos e internacionales.
El incidente sirvió para demostrar que no es tan sencillo mantener en secreto un accidente ambiental. La tecnología de las comunicaciones y su globalización, no lo permitirían, más allá de la mayor o menor eficiencia que puedan acreditar los organismos de control.
En este sentido, fue positiva la rápida intervención de la Justicia que suspendió las tareas en la mina hasta tanto se evaluara el estado de situación imperante en el yacimiento; solicitó la realización de numerosos análisis independientes en el agua de los ríos que podrían haber sido afectados por el accidente y finalmente, levantó esa suspensión una vez que los análisis arrojaron resultado negativo en cuanto a la presencia de cianuro en el agua o a que la flora haya sido afectada.
Por ello, es fundamental diferenciar claramente entre el accidente del derrame y la contaminación. Hasta ahora ocurrió afortunadamente lo primero y no parece razonable estigmatizar a toda la industria minera, definiéndola por defecto como contaminante por el accionar de una empresa que deberá asumir todas sus responsabilidades.
Hace más de veinte años, una bodega, también sanjuanina, utilizó alcohol metílico en sus vinos y mató a más de veinte personas. Sin embargo, como es lógico, no se condenó por ello a la actividad vitivinícola en general. O el uso de cianuro y otras sustancias contaminantes por parte de las fábricas del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires y su vuelco en el mismísimo Riachuelo que, dicho sea de paso, soslayan la mayoría de los legisladores de Buenos Aires.
Este accidente debe necesariamente abrir un debate maduro sobre las condiciones en que puede desarrollarse la minería metalífera, sin fanatismos ni cegados por intereses sectoriales sino con la mira puesta en permitir cualquier actividad industrial que no ponga en riesgo al preciado recurso hídrico pero que tampoco condene a toda una provincia a la frustración de no poder beneficiarse del potencial de sus recursos naturales cuando y donde ello fuera posible.
