Una de las consecuencias que deja el coronavirus en el mundo es la creciente utilización de internet y de muchas otras herramientas digitales. Alumnos que se comunican con sus maestros a través de diversas vías digitales, empresas que hacen reuniones virtuales, médicos que usan la telemedicina, comercios que hacen ventas digitales y entregas por delivery, trabajadores con teletrabajo desde su casa, además del uso intensivo de plataformas de streaming y juegos online, han sido parte de la nueva realidad.
Pero estas actividades, motivadas por la cuarentena, es posible que queden incorporadas definitivamente a la vida cotidiana.
Muchas herramientas han demostrado ser muy positivas y, cuando se salga del aislamiento preventivo y obligatorio, una gran parte de ellas - sino todas- pasarán a ser la nueva normalidad.
El problema es que las posibilidades de acceder a estas tecnologías no han sido iguales para todas las personas. Esta es una realidad que se vive en todo el mundo y en la Argentina es particularmente más complejo por el atraso en las inversiones y, mucho más, por el avance de nuevas tecnologías, como el 5G, que ya está presente en los principales países de la región.
Dentro de nuestro territorio, la dispersión de la conectividad es muy despareja. Es bastante completa en el área de la Ciudad de Buenos Aires áreas del Gran Buenos Aires, así como en algunas zonas del Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Mendoza. Esto tiene que ver con que para las empresas es más rentable instalarse en áreas de mucha concentración de población.
Para Mendoza también es un problema. Hemos visto el problema de la conectividad en varias zonas de la provincia por la falta de celulares o la imposibilidad de las familias de pagar los costos de los servicios de internet a la hora de que los chicos puedan seguir sus tareas escolares.
En particular es clara la falta de conectividad en zonas de muy bajo poder adquisitivo o en barrios marginales donde habitan muchos chicos, pero también adultos que podrían acceder a educación a distancia o distintas modalidades de teletrabajo.
El gran desafío será el de planificar políticas públicas nacionales y provinciales para asegurar la universalidad del servicio y con menores costos a los actuales.
Hoy, un usuario en la zona del AMBA puede acceder a 50 o 100 Mb de velocidad mientras en Mendoza el grueso solo puede aspirar a 16 Mb y en casos muy contados a mayor velocidad pero con costos muy superiores a los que se paga en Buenos Aires.
Esta estrategia empresarial lo único que consigue es agrandar la brecha de desarrollo entre la zona metropolitana de Buenos Aires y el interior del país y es algo sobre lo que deberán poner el acento las autoridades provinciales y todos los representantes políticos en los órganos nacionales.
En la Argentina existe el Fondo de Servicios Universal (FSU) al que las operadoras aportan el 1% de su facturación pero dependen de decisiones políticas para su aplicación a fin de conseguir el objetivo de dicho Fondo.
El mismo podría aplicarse para pymes prestadoras de servicio en el interior del país que atienden a poblaciones alejadas para que puedan mejorar y ampliar sus servicios a efectos de asegurar esta universalidad. Esto es algo que, a la luz de la experiencia que estamos viviendo, debería ser una prioridad en el futuro cercano.
En síntesis, el desarrollo tecnológico ha pasado una prueba de fuego con la crisis del coronavirus y ahora avanzará a mayor velocidad en cuanto a nuevas aplicaciones y desarrollos y mejoras de conectividad. Argentina y Mendoza no pueden darse el lujo de no atender este tema con urgencia y seriedad.
