La expresión “conflicto de intereses” acaba de hacer su sorpresiva aparición en el vocabulario de un país donde una mafia se había apropiado del Estado. La usan mal, como si supusiera necesariamente que alguien incurre en algún delito, lo que no es cierto; pero la usan.
Reconozcámosles el esfuerzo. Miles de peronistas acostumbrados a que sus dirigentes lloraran como chicos clamando “la Ferrari es mía, mía, mía”, se hicieran llevar los diarios a la Patagonia en la flota aérea presidencial, compraran tierras estatales a valor simbólico, alojaran tripulaciones de Aerolíneas en sus hoteles y usaran la caja de la obra pública como monedero, se rasgan hoy las vestiduras histéricamente mientras pronuncian el nuevo conjuro sagrado: “conflicto de intereses”. No es poco mérito. Bienvenidos a la República, compañeros.
Un conflicto de intereses no implica de por sí ningún delito a menos que se lo maneje mal; es decir: beneficiando mediante una decisión pública los intereses del funcionario que tomó la decisión. Inevitablemente, un gobierno presidido por un ex empresario, como el que los argentinos elegimos consciente y deliberadamente en 2015, enfrenta muchos potenciales conflictos de intereses que debe saber prever y manejar.
Macri lo hizo al inicio de su gestión, cuando se convirtió en el primer presidente argentino en poner sus propiedades bajo el control de un “fideicomiso ciego”; un administrador con el cual no comparte información. Sin embargo, no tomó similares prevenciones para el caso del patrimonio de sus hijos cuyo usufructo está en manos de su padre, como es el caso de Correo Argentino; permitiendo que se generara el primer incidente grave que ha afectado su popularidad.
Ahora bien, gracias al sesgo peronista de la información la vara con la que periodistas, intelectuales y la misma población miden a un gobierno peronista es la de Uganda, mientras que la vara para un gobierno no peronista es la de Noruega. Cuando no es el “roba, pero hace” menemista es el “roban, pero defienden los derechos humanos” de los K.
No es justo, pero es así; y el Gobierno haría bien en considerarlo una parte por ahora inevitable de la realidad. Desde este punto de vista, lo del Correo fue un error, y no menor; lo que no quiere decir que se haya cometido un delito. En primer lugar, porque la resolución incriminada estaba aún en fase de gestación, y nunca se implementó.
Intentemos resumir brevemente lo sucedido:
1) Después de un cese del pago del canon que data de 1999, CASA, la empresa creada por Franco Macri para controlar el Correo Argentino entró en convocatoria de acreedores; lo cual, según la legislación vigente y no reformada en doce años de mayorías parlamentarias K, congela la deuda en pesos.
Dado que el gobierno K nunca aceptó las propuestas de pago que hizo CASA ni pidió la quiebra como estrategia para forzarlo, los 300 millones de pesos-dólares de entonces se convirtieron en 300 millones de pesos-19 millones de dólares hoy, con una licuación del 94% ocurrida, casi completamente, durante los doce años K.
2) Como si esto fuera poco, mientras le concedía a Franco -sin concurso- el control del Belgrano Cargas y el contacto preferencial para los negocios con China, el gobierno K reestatizó el Correo reabsorbiendo los bienes de CASA, lo que incluyó una planta modelo en Monte Grande tasada en 330 millones de pesos por el Tribunal de Cuentas de la Nación. Fue la primera gran reestatización kirchnerista y, al mejor estilo anticorporativo K, se hizo sin pagar indemnización.
Así, Franco Macri dejó de ser propietario de una empresa deficitaria, llena de deudas y al borde de la quiebra, para pasar a ser el feliz posesor de un juicio al Estado fácilmente ganable por una cifra superior a lo que le debía y -detalle fundamental- que sí era y es actualizable por inflación. Otra hazaña anticapitalista K similar a las de Marsans (Aerolíneas) y Repsol, en la cual dándose aires de defender al ‘pueblo de la patria’ los Kirchner le aseguraban a los malvados capitalistas la parte del león.
Como parte de la herencia kirchnerista, Cambiemos se encontró con dos juicios simultáneos en curso. En uno, el Estado le reclamaba una deuda de 19 millones no actualizable a CASA, empresa propiedad del multimillonario Franco Macri pero que carece de todo bien con el cual pueda ser obligada a responder en caso de un fallo favorable al Estado.
En el otro, CASA le reclama al Estado una deuda actualizable en cuyo origen había -por lo menos- el valor de la planta construida (u$s 330 millones en la Convertibilidad son más de $ 5.000 millones hoy, 263 veces más que el reclamo estatal a CASA). Resumiendo: si a CASA le reconocen una mínima parte de lo que reclama, el Estado pierde dinero aunque le reconozcan toda la deuda que tiene CASA con él, y Franco Macri hace un negoción. Maravillas de la licuación asimétrica peronista; tan asimétrica y tan peronista como la pesificación de los ahorros en dólares de 2002.
La extinta resolución del ministro de Comunicaciones Aguad tenía, sin embargo, un error importante: acordaba el pago de CASA al Estado sin ninguna quita, un indudable paso adelante después de casi veinte años de vista para el otro lado y licuación por parte de los K, pero no establecía ningún requerimiento de renuncia de CASA al juicio contra el Estado, más importante en términos económicos. ¿Estaba en condiciones de hacerlo? Probablemente, no; ya que a CASA-Franco Macri le bastaba no aceptar el acuerdo, evitar pagar nada y dejar que la licuación asimétrica vía inflación siguiera disminuyendo el valor real de su deuda con el Estado pero no el monto del juicio de CASA contra el Estado.
Pero en política no solo hay que ser sino que parecer, y el viento mediático desatado sobre el caso -sumado a una respuesta tardía del Gobierno- se convirtió en tempestad, demostrando que hubiera sido mejor hacer antes lo que se hizo después: preparar un mecanismo administrativo diferenciado y transparente para casos en los cuales, diga lo que diga Aguad, existe un inevitable conflicto de intereses.
Dicho esto, las afirmaciones del kirchnerismo original y del kirchnerismo reciclador de jefes de gabinete sobrepasaron el habitual ridículo.
Los famosos 70.000 millones de los que habló la fiscal no tienen sustento en ninguna fórmula legal, ya que al restatizarse el Correo la obligación de pago del canon por parte de CASA cesó, y llamar “condonación” al respeto de lo que la ley de concursos y quiebras establece es, además, un disparate jurídico mayor. Por otra parte, si Mauricio Macri y su gobierno deseaban ayudar a Franco la tenían bien fácil: les bastaba no exigirle ningún pago a CASA o rechazar toda oferta que hiciera CASA, dejando que la licuación asimétrica peronista siguiera haciendo lo suyo, sin pagar ningún costo político.
Supongamos ahora, por un momento, que el coro de insultadores del Presidente, mayoritariamente compuesto por los ex funcionarios K del Club del Helicóptero y los ex funcionarios K del Frente Reciclador, tuviera razón. Demos por supuesto que Macri intentó deliberadamente beneficiar a la empresa de su padre mediante la propuesta de acuerdo que luego retiró. Lo cierto, lo no discursivo, lo real, es que: 1) una fiscal asociada al kirchnerismo, Gabriela Boquín, denunció la resolución; 2) fueron presentadas tres denuncias penales contra el Presidente y el Ministro por administración fraudulenta, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública; 3) el fiscal federal Juan Pedro Zoni, de Justicia Legítima, los imputó a ambos antes de que la resolución ministerial hubiera generado ninguna medida concreta ni, por lo tanto, ningún daño al Estado; 4) en todos los diarios del país, sin excepción, se difundió el tema en términos muy críticos para el Gobierno, y -finalmente- 5) el Presidente dio una conferencia de prensa, consideró erróneo lo actuado, pidió disculpas y ordenó volver todo a fojas cero y crear un “mecanismo para controversias judiciales” permanente para los casos de potenciales conflictos de intereses.
Yo no sé qué votaron los que votaron por Cambiemos ni tampoco creo que todos hayamos votado por lo mismo; pero yo voté precisamente esto. Se llama República y no es un sistema basado en la confianza respecto de las autoridades sino precisamente en todo lo contrario. La República es un mecanismo basado en la desconfianza hacia los funcionarios, especialmente hacia los más poderosos, comenzando por el Presidente; para cuyo control se dispone todo tipo de artificios institucionales: división, independencia y equilibrio de poderes, pesos y contrapesos, agencias de control y prensa independiente de la pauta estatal y libre de los aprietes presidenciales, entre otros.
Lejos de constituir una demostración de que todo ‘sé ’gual’, lo sucedido con el Correo demuestra la diferencia entre el orden anterior, monárquico, verticalista y con toques de fascismo (Moreno, D’Elía, Sabbatella), y un orden actual imperfecto pero innegablemente republicano. Basta mirar lo sucedido con el Correo Argentino desde la óptica de la efeméride de esta semana, el aniversario de la masacre estatal de Once, para percibir la diferencia. Allí sí que no hubo “errorismo de Estado”, como denominó Daniel Filmus a la retractación presidencial, en una frase insultante para quienes realmente creen en los derechos humanos.
Allí no hubo marcha atrás sino acelerador a fondo sobre el pedal de la corrupción hasta que un tren se incrustó contra el andén. Allí sí que no hubo conflicto de intereses sino saqueo directo, público y obsceno de los recursos del Estado por parte de una mafia. Las denuncias contra ella durmieron una década en los juzgados argentinos mientras el Estado era vaciado y la gente moría, como sucedió en Cromañón, en Once y en La Plata. Ya pasaron cinco años de Once, la masacre que hizo comprender a los argentinos que la corrupción y la falta de República matan. Ojalá no lo olvidemos nunca más.
