El informe anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) del año pasado revelaba que “informar, opinar, criticar e investigar al Gobierno es asumir el riesgo de la persecución estatal”. Esos términos definían la posición de la institución en 2013 y ahora, hace muy pocos días, la misma corporación efectuó el balance final de 2014, en la 52° asamblea anual realizada en San Salvador de Jujuy.
En éste, y en coincidencia con una década de gobierno del mismo signo político, las cosas no han mejorado mucho. Ese período, que arrancó en 2003, es visto como turbulento para la libertad de prensa desde el regreso de la democracia, hace 30 años.
Asimismo, hay asignaturas pendientes como la sanción de leyes que garanticen el acceso a la información pública y que regulen la distribución de la publicidad oficial. La primera significa la posibilidad de llegar al público con los sucesos que son de interés general y que tienen que ver con los asuntos de Estado y la actuación de los funcionarios, de cualquier rango.
En lo que concierne a la pauta publicitaria u oficial, que son los fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno, el desequilibrio en el reparto de la publicidad es nuevamente el denominador común, situación que perjudica a los grandes diarios no oficialistas de la Capital Federal y del interior.
Adepa sigue sosteniendo que el Poder Ejecutivo nacional no se ha apartado una línea de una concepción que desconoce el papel del periodismo en los tiempos actuales y considera a la prensa opositora “un enemigo a derrotar”. Por supuesto que no hay detenciones ni persecuciones feroces como en otras épocas de la Argentina pero sí hay una descalificación in totum al pensamiento que no se alinea con la concepción y visiones oficiales de la realidad. Sí continúan las agresiones directas frente a la posición crítica sobre determinados asuntos o gestiones gubernamentales, y presiones indirectas a medios y hombres y mujeres de la prensa que no piensan igual que el elenco del gobierno central y de las provincias alineadas con el kirchnerismo.
Con todo, las anomalías descriptas conviven con algunos pasos positivos y así lo ha reconocido Adepa en Jujuy. Mencionan como "señales positivas" la salida del ex secretario de Comercio Interior (Guillermo Moreno), con lo que cedió en parte el cepo publicitario privado que constituía un duro golpe económico para los medios gráficos del país. También se ha atenuado el hermetismo comunicacional, en especial por la habilitación de las reuniones de prensa a primera hora del jefe de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación.
Más allá de estos avances, que son reconocidos, persisten muchos componentes de soberbia e intolerancia de la era kirchnerista en lo que hace a la relación con la prensa.
Recordamos, como se ha repetido desde esta columna editorial algunos de los aspectos que criticamos, como lo ha mencionado Adepa en su documento de balance anual: “(el Gobierno) sigue compensando a aquellos que no desentonan con la retórica oficial y alimenta un aparato propagandístico que desde 2003 tiene un crecimiento exponencial.
Si sumamos la publicidad estatal, que afina la sintonía de ciertos medios con las partituras oficiales; el programa Fútbol para Todos, que dosifica el espectáculo deportivo con tandas proselitistas; el mantenimiento de medios públicos politizados, y el funcionamiento de organismos oficiales que aplican selectivamente la Ley de Medios, los argentinos destinamos no menos de 5.000 millones de pesos por año para sostener el discurso gubernamental y sus políticas mediáticas”.
