Los condicionamientos a que se encuentra sometido de forma permanente el periodismo independiente en nuestro país obligaron una vez más a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), asociación que nuclea a la mayor parte del periodismo argentino, a reiterar sus advertencias con motivo de los avances que se producen sobre la libertad de expresión en la Argentina.
El planteo dirigido hacia las actuales autoridades se tradujo, además, en una exhortación a los candidatos presidenciales y legislativos, para que asuman “el compromiso de restaurar, a partir del 10 de diciembre, el respeto a la plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa”.
Aunque fuese previsible que en el último tramo de la campaña electoral el Gobierno nacional saliera a pregonar lo que supone sus “logros”, no deja de sorprender el tratamiento que la propia Presidenta de la Nación da a cada uno de los temas y el modo en que prioriza el hábito de denostar a todos aquellos que no coinciden con su modo de pensar, y, en particular, a las críticas de la prensa.
“Un periodismo coaccionado como nunca desde la reinstauración de la democracia y sometido a descalificaciones permanentes en cadenas nacionales que la Presidencia usa con frecuencia inusitada y al margen de la ley”, dice el duro comunicado de la entidad.
El kirchnerismo se parece mucho a lo que hacen los gobiernos de Venezuela y Ecuador y si no ha profundizado sus avances sobre la prensa libre, ha sido porque es consciente de que la ciudadanía no lo va a aceptar.
De todos modos, y tal como lo señala Adepa, sigue adelante con su manejo militante sobre los medios públicos, la asignación arbitraria y sin control de la pauta publicitaria, el uso de los organismos oficiales para presionar y condicionar críticas, la aplicación selectiva de leyes y resoluciones, el secretismo en el acceso de los datos generados por el Estado y los agravios y mensajes desafiantes a repetición desde las más altas esferas del poder político contra las voces disidentes.
Y, tal como lo señala el informe, esa política nacional se replica en muchas provincias, donde los medios “padecen además presiones a veces más graves de parte de gobernadores e intendentes”.
Cuando los funcionarios intentan justificar la reiteración de cadenas oficiales -la Presidenta la ha utilizado 38 veces en lo que va del año- aseguran que lo hace para dar a conocer la gestión del Gobierno que no se “refleja” en los “medios hegemónicos”. Cabría preguntarse entonces el motivo por el cual el Estado destina 12 millones de pesos por día para propaganda oficial, suma que equivale a 14.336 asignaciones universales por hijo o a 3.140 jubilaciones mínimas.
En ese monto se incluye el programa Fútbol para Todos y la pauta publicitaria de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). No se mide a todos los medios con la misma vara sino que el listado de “beneficiarios” de la propaganda gubernamental sigue encabezado por grupos “nacidos o criados al calor del dinero del Estado, escuálidos de audiencia pero anabolizados con ingentes partidas presupuestarias, que burlan toda razonabilidad”, señala la entidad periodística.
Resta poco más de un mes para la realización de las elecciones y menos de tres meses para la asunción de las autoridades que resulten electas. Es de esperar que en ese período las autoridades nacionales, encabezadas por la propia Presidenta, comprendan que no se puede seguir avanzando de ese modo sobre la libertad de expresión, como viene sucediendo hasta hoy, porque la prensa libre es una de las bases del sistema democrático que todos los argentinos estamos dispuestos a defender.
