El plato fuerte que presentó Alfredo Cornejo el 1 de Mayo, para eliminar “la puerta giratoria” en la Justicia, pasó ayer la primera prueba en el Senado. La semana que viene, con viento a favor y apoyo del PJ, podría ser tratado sobre tablas en la Cámara de Diputados y convertirse en ley.
Esto, claro, si perdura el consenso “forzado” en el Frente para la Victoria (FpV), que ayer acompañó en general aunque criticó, tanto en las reuniones de comisión como en la sesión, algunos artículos en particular. Los senadores, sin intendentes a quienes responder, se animaron a disentir en estos puntos y a hablar del peligro de inconstitucionalidad de la norma.
Pero más allá de estas observaciones, el proyecto sólo tuvo algunos ajustes técnicos (advertidos por el PJ) y salió tal como lo redactó Cornejo. Si bien el proyecto es el sexto en materia de Seguridad que envía la actual gestión provincial, es una de las modificaciones más sustanciales que ha logrado hasta ahora en la pelea contra la inseguridad.
A su vez, sienta una postura frente a la primera pelea judicial que tuvo que afrontar el Gobernador apenas asumió, cuando una parte de la Suprema Corte de Justicia (a la que se enfrentó) dio lugar a una acción de amparo que limitaba las prisiones preventivas.
Si bien este pedido terminó en la Corte nacional, en lo que podría considerarse “vía muerta”, presentó una necesidad que fue interpretada y presentada como el principal anuncio ante la Asamblea Legislativa.
El proyecto propone modificar el Código Procesal Penal en la parte que regula el dictado de las prisiones preventivas, con la intención de acotar el margen de interpretación que tienen los jueces a la hora de decidir si un sospechoso espera su juicio en libertad o en la cárcel.
A su vez, incorpora plazos y algunas novedades, como es la oralidad y una audiencia pública en la que puede participar la víctima.
Los "aportes" peronistas
Aunque el pedido de Cornejo era que la ley saliera con el consenso de la oposición, el apoyo que dio el FpV mostró algunos límites tanto antes como durante la sesión. En este sentido, el resultado final de 35 votos a favor (faltó un radical) y 2 en contra (del FIT) no reflejó el debate que hubo en el medio.
“Me hubiera encantado que esta ley saliera por consenso, recibir a la Justicia y a todos los que estaban en contra y pidieron permiso para participar”, criticó Patricia Fadel, presidente del bloque del FpV.
Una vez más, los intendentes justicialistas dieron la directiva a sus legisladores de apoyar el proyecto que, por otro lado, tenía un visto bueno en general. Pero aquellos que no responden a ningún cacique, sugirieron -sin éxito- durante las reuniones de comisión, algunos cambios más sustanciales y no sólo de forma.
“Hay artículos que en su redacción corren el riesgo de ser declarados inconstitucionales”, advirtió Luis Böhm, uno de los que votó en disidencia.
En este sentido, María José Ubaldini, otra justicialista crítica, señaló ayer que “se invierte la lógica y se convierte la prisión preventiva en regla, cuando en realidad es una excepcionalidad”.
En este sentido, advirtió que “se van a generar muchas demandas por sancionar una ley inconstitucional con costos millonarios a futuro que vamos a perder”.
Esto fue rechazado por el senador radical Juan Carlos Jaliff, que defendió: “El proyecto es constitucional de acuerdo a la legislación vigente y no es violatorio de los pactos. No obstante, cualquier ciudadano que se vea afectado puede recurrir a los organismos internacionales”.
Al finalizar su argumentación, la senadora justicialista dijo que “es una demagogia política que no tiene ningún efecto práctico en la prevención del delito y de la seguridad”. Esto, considerando que es una norma que avanza sobre los hechos consumados.
Los radicales señalaron en este punto que la prevención está en los casos de reincidencia y reiterancia.
Otro de los puntos cuestionados pasó por la sobrepoblación carcelaria que existe y que se incrementaría tras la aplicación de la ley. “El 41% de los presos está procesado, y de ese porcentaje, la mitad va a salir sin condena”, señaló Ubaldini.
En torno a esto, el radicalismo volvió a insistir en que la cantidad de presos nuevos que habría “no son muchos” y ubicaron el número en “ alrededor de 400 casos” más.
Los principales cambios
El proyecto que impulsa Cornejo plantea la modificación del Código Procesal Penal, el protocolo encargado de establecer el procedimiento ante un delito y definir la forma de investigarlo y juzgarlo.
Los cambios proponen que sea un juez y no un fiscal el que determine la prisión preventiva. Es decir, que el imputado espere en la cárcel su juicio.
Esto se dará en el caso de que exista riesgo procesal (peligro de fuga, de amenaza a la víctima o entorpecimiento de la investigación) o “semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho que merezca pena corporal”. No podrá exceder los dos años y será prorrogable por un año más.
En el caso de que el acusado sea encontrado in fraganti, el sospechoso debe ser detenido, aunque se debe respetar la celeridad que supone un proceso de este tipo. La novedad es que la prisión preventiva no debe exceder los tres meses, con una prórroga de tres más. A su vez, la prisión preventiva debe pedirse en 10 días prorrogables a 10 más (el plazo extra no se contempla en la flagrancia).
Estos cambios permitirán que no queden en libertad aquellos que, más allá de los indicios, no tienen una pena en abstracto superior a los tres años (hoy considerada excarcelable). A su vez, plantea disminuir los casos de reiterancia, es decir repetición de un delito sin condena, y de reincidencia, repetición cuando ya hubo una condena. Por esto se dice que se elimina la “puerta giratoria” en la Justicia.
Otra novedad es la audiencia oral y ya no escrita que, además, se va a grabar. A su vez, se incorpora a la víctima en esta instancia. “Hasta ahora, al estar frente al juez sólo el imputado, éste se transforma en la víctima”, consideró Miguel Bondino (UCR).
