La relación entre el Poder Ejecutivo provincial y la Justicia ha tenido en los últimos meses cortocircuitos. En parte dicha situación es atribuible a que el actual Gobierno tiene como una de sus prioridades la eficientización del Estado en los servicios que presta a la sociedad y en ese marco el desempeño de jueces y fiscales suele estar en la mira del gobernador Alfredo Cornejo y su equipo.
En las últimas semanas dos hechos puntuales sorprendieron en los despachos del Ejecutivo y acentuaron el clima de confrontación observado entre poderes. Por un lado, el Gobernador expresó públicamente su desagrado porque el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados frenó el proceso a un fiscal acusado por el Gobierno por su actitud para manejar un caso que hace pocos meses terminó en un resonante femicidio. Se debe admitir que en este caso el Gobierno se pronunció rápidamente sobre el desempeño de un magistrado como consecuencia de un crimen que generó, en asocio con otros dos hechos ocurridos casi simultáneamente en la provincia, lógica sensibilidad social y reclamos de justicia.
Además, y a raíz de la resolución del Jury, el licenciado Cornejo anunció la agilización de un proyecto, en demorado trámite legislativo, que facilita mecanismos más concretos para juzgar la calidad profesional de un fiscal, posibilidad que hasta la oposición encontró viable en virtud de la gravedad de los cargos que se le formulan al cuestionado magistrado.
En segundo lugar, el titular del Ejecutivo se mostró fuertemente sorprendido por la reciente excarcelación del ex intendente Sergio Salgado, de Santa Rosa, que dispuso la Suprema Corte a raíz de un planteo de la defensa del mencionado político. Este caso se sumó al enojo observado poco antes por la decisión del Jury con respecto al fiscal del proceso por femicidio y llevó al Gobernador y su entorno a sospechar de intencionalidades o influencias políticas de algunos jueces supremos.
En el primero de los hechos citados, el del fiscal en proceso de enjuiciamiento, resulta atinada la intención de mejorar los mecanismos de evaluación de una gestión, porque una desatención o muestra de incompetencia puede derivar, como en el hecho que sirvió como detonante, en un final trágico totalmente evitable desde todo punto de vista.
En cuanto al proceso judicial que se le sigue al ex intendente Salgado, la reacción y las conjeturas sobre posible influencia política que se hacen desde lo más encumbrado del poder provincial son absolutamente opinables. En este caso los jueces, que tienen como obligación conocer la ley y velar por su correcta aplicación, no negaron los cargos que se le formulan al ex jefe comunal de Santa Rosa en cuanto a los tremendos problemas financieros que generó y dejó con su gestión, sino que consideraron que con su obrar no pudo demostrarse que haya sido el jefe de una asociación ilícita, delito por el que se puede sostener la detención de un hombre procesado en una situación como la que afecta a Salgado.
El ímpetu que la gestión política pretende transferir a la Justicia para responder a una justa demanda de la sociedad, de ningún modo puede justificar intromisiones de un poder en otro, ni especulaciones sobre alguna injerencia política en las decisiones que se toman. Las resoluciones judiciales se adoptan en base a la interpretación y correcta aplicación de la legislación vigente y el apego a dicha premisa debe ser obligatorio para cualquier funcionario.
