Los inicios de la gestión de Rodolfo Suárez pasarán a la historia por su fracaso con la ley minera. En solo 20 días el gobernador envió el proyecto para modificar la 7.722 y la Legislatura lo sancionó en una sesión exprés. A los pocos días el mandatario promulgó la ley 9.209 pero antes de que termine la semana mandó otra iniciativa para derogar la norma que él mismo había impulsado y que también alcanzó fuerza de ley mediante sesiones especiales.
"Desde la vuelta de la democracia no hay registro de un proyecto presentado, sancionado, promulgado y derogado ipso facto. Todo el proceso es legal pero inusual, anormal y poco común. Al ser el propio autor el que promulga y deroga violenta el principio de congruencia, es una contradicción que no reconoce antecedentes en la provincia y desconozco si existe un caso similar en el país", explicó el abogado e histórico secretario legislativo (ya jubilado) Jorge López Reynaudo.
"No hubo criterio de oportunidad. El gobernador tuvo la instancia de vetar la ley por la falta de lo que ahora se denomina consenso social y no lo hizo. Vetar hubiera sido más entendible, de hecho fue uno de los pedidos de la gente", agregó.
López Reynaudo comentó que durante sus casi 35 años de trabajo en la Legislatura nunca se dio este proceso legislativo porque en general cuando el Ejecutivo manda un proyecto y no hay consenso social, lo retira antes de que entre a la cámara. El otro camino posible -y bastante usual- es que la iniciativa comience a ser tratada en comisiones y nunca se formalice el despacho, o que una vez puesto en conocimiento del cuerpo legislativo se decida su archivo o rechazo. También hay proyectos que se dejan "morir" en comisiones hasta que pierden estado parlamentario.
De este tipo de acciones hay ejemplos recientes durante la gestión de Alfredo Cornejo. Específicamente, la ampliación de la Corte en junio de 2018 y -relacionados con la 7.722- los proyectos de modificación de Juan Agulles y Alejandro Abraham. Ambos se juntaron y empezaron a tratarse en comisión en octubre de 2018, pero ante el inicio del año electoral en 2019 ninguno de los dos prosperó.
Antes de promulgar, el gobernador tiene la opción de vetar una ley. Aunque no es lo más común también hay ejemplos cercanos en el tiempo pero sobre iniciativas ajenas al Ejecutivo. En 2018, Cornejo vetó la ley 9.082 que creaba el Consejo de Profesionales de la Ciencias Informáticas. Diputados le dio sanción definitiva el 30 de julio y el 6 de agosto el mandatario provincial la vetó a pedido de los empresarios y universidades del sector.
Para López Reynaud la sanción, promulgación y derogación de la 9.209 en una semana marcó un hito en la historia de Mendoza. "Es un antecedente negativo a nivel parlamentario porque debilita las instituciones. Actualmente, hay una crisis de sociabilidad que ha llevado a la crisis de institucionalidad y esto que se vivió en los últimos días en la provincia es un reflejo de ello", dijo el letrado.
"Hoy los partidos políticos van atrás de los movimientos sociales. Lo que pasó en Mendoza también está pasando en Francia, en Chile y en Hong Kong", añadió.
