En el momento de su sanción definitiva, hace ya un año, los legisladores dejaron perfectamente aclarado que la denominada Ley de Talles tenía como objetivo específico terminar con la discriminación a la que suelen verse sometidas las personas con mayor peso corporal.
En ese marco, y en la intención de evitar que los comerciantes se vieran perjudicados con la nueva norma legal, otorgaba la potestad al Gobierno para que, en la reglamentación, otorgara un plazo prudencial para su aplicación definitiva.
Sin embargo, a un año de aquella sanción, la ley no ha entrado en vigencia ni tampoco ha sido reglamentada por parte del Poder Ejecutivo, razón por la cual la sensación de discriminación de una parte importante de la sociedad continúa vigente.
Con la sanción de la ley, Mendoza había dado un paso importante a nivel nacional, esencialmente porque, pese a las advertencias inclusive de profesionales médicos, la “tendencia” de los diseñadores en sus desfiles de modelos es mantener a jóvenes esbeltas con cuerpos cada vez más delgados y estilizados, y hasta se supo que hay modistas tan exigentes que muchas jóvenes han llegado a sufrir serios problemas de salud en su intención de reducir su peso.
Esa situación determinaba paralelamente una tendencia cuasi discriminatoria para las personas con problemas de sobrepeso y que las obligaba a recurrir a negocios “específicos” para poder adquirir ropa que se adapte a sus medidas.
Todo llevaba a indicar que la reglamentación no tardaría en llegar. A modo de ejemplo, sólo cabría recordar que durante los festejos vendimiales las candidatas departamentales se manifestaron a favor de la norma legal, en un acto organizado por el Ministerio de Agroindustria y Tecnología y reforzada por la Subsecretaría de Comunicación Pública.
En la oportunidad se hicieron públicos los convenios firmados con la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Capital y se hizo entrega de distinciones a comercios, fabricantes de ropa y reconocidos diseñadores e instituciones que participaron de la campaña.
Sin embargo, aún no hay una resolución definitiva por parte del Ejecutivo. Se indica, entre otros conceptos, que normas similares han fracasado en otras provincias y que por ello es necesario trabajar primero en un cambio cultural, agregando que resulta prácticamente imposible que un comerciante tenga todos los talles de todos los modelos que se ofrecen a la venta.
Destacan que las personas con mayor peso no se encuentran desprotegidas en razón de que son numerosos los negocios que ofrecen ese tipo de ropa.
Los comerciantes, por su parte, hacen hincapié en la situación económica indicando que la adaptación es muy difícil y que en las actuales condiciones resulta problemático hacer frente a nuevos costos.
En las entidades que nuclean a personas con obesidad existe una sensación de fracaso porque no se han producido cambios y hasta señalan que ni siquiera han sido ampliados los probadores para la ropa.
Desde el Poder Ejecutivo se ha indicado que es factible que la reglamentación correspondiente se produzca dentro de un mes y que a partir de allí se establecerá un período de adaptación a los efectos de posibilitar la fabricación para la próxima temporada y la inscripción de los comercios.
Es de esperar que esos plazos de respeten a los efectos de evitar problemas a quienes deban cumplirla, pero esencialmente para terminar con la discriminación que afecta a un porcentaje importante de la población.
