Sin ser uno de los “tema estrella” que copó la última sesión del año del Senado, el postergado proyecto de ley de Ética Pública amagó ayer con un primer tratamiento, aunque algunas indefiniciones lo dejaron, otra vez, para más adelante.
En esta oportunidad, la promesa es tratarlo en las primeras sesiones de febrero del año que viene.
De esta manera, la prometida y nunca concretada ley de Ética Pública mendocina sumará otro año de olvido, pese a las promesas e impulsos que hicieron parecer que “ya” salía.
La norma de transparencia obligaría a todos los funcionarios públicos a realizar sus declaraciones juradas anuales de bienes, las cuales deben ser públicas. Esto permite corroborar que la evolución patrimonial de cada político sea acorde a la remuneración recibida.
Entre las respuestas que surgen en torno al por qué no se trató ayer, hay varios rumores y pocas explicaciones concretas, más allá del tiempo que se tomarán para estudiarlo en profundidad.
En este sentido, los senadores se remitieron a la reunión que tuvieron el lunes en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en la que debatieron durante horas el proyecto.
“Estuvimos muchos tiempo artículo por artículo y, como quedó, era un engendro. Si lo sacábamos en el Senado, en Diputados iban a observar las inconsistencias e iba a volver a nuestra cámara”, explicó la senadora María José Ubaldini (FpV).
Más allá de los ajustes pendientes, en el oficialismo amagaron hasta último momento con tratarlo. En este sentido, mientras se debatían los proyectos de EPTM y Ecoparque, Ética Pública sonaba como un posible debate sobre tablas (no tiene despacho de comisión).
Pero sobre la hora, la presidente del bloque radical, Claudia Najul, anunció que el debate pasará al año que viene.
Por otro lado, Fiscalía de Estado sacó el lunes una resolución que “emparcha” al decreto 1.789/15, por el que el entonces gobernador Francisco Pérez obligó a los ministros del Ejecutivo a realizar sus declaraciones juradas.
Esta norma del Ejecutivo es la única que intenta ordenar una práctica que aún no tiene legislación.
La resolución de Fiscalía exceptúa de actualizar su declaración a quienes no hayan manifestado variaciones patrimoniales ante la AFIP. El organismo analizó este año casi 3.500 declaraciones juradas patrimoniales.
La resolución 218 fundamenta que exigir nuevamente la actualización patrimonial a quienes “no estén alcanzados por el régimen de impuestos a los bienes personales y/o ganancias, que cumplieron con la presentación de la declaración jurada de inicio y no han variado su patrimonio en forma sustancial, sería redundante y acarrearía un dispendio de recursos humanos y materiales”.
Primer "sí" para Portezuelo
Sobre el cierre de año, el convenio marco que contempla la obra de Portezuelo del Viento dio su primer paso local. Ayer, el Senado dio la primera ratificación al llamado a licitación que se realizará el año que viene.
Hoy, la Cámara de Diputados podría hacer lo mismo y dejar lista parte de la gestión provincial. Con este trámite hecho, y con el avance de otras tareas que se realizarán en la Provincia, el presidente Mauricio Macri tendrá hasta fines de abril para realizar el llamado a licitación de la obra hidroeléctrica en Malargüe.
Sanciones intermedias
La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto por el cual se introducen modificaciones a la Ley del Jury de Enjuiciamiento. La propuesta que había sido reformado por los diputados fue aprobada por 33 votos a favor.
La principal novedad que introduce es que podrá haber sanciones intermedias. Hasta ahora era la destitución o la absolución. Con la reforma, se incorpora como castigo la suspensión temporal de magistrados y funcionarios con aval constitucional durante hasta 180 días, sin goce de haberes.
