Cuando el martes se constituya la comisión de Salud de Diputados, con la macrista Carmen Polledo de presidenta, el escenario para la discusión del proyecto de ley de despenalización del aborto habrá quedado listo, como nunca en ocho décadas.
La primera reunión, de carácter informativa, se celebrará una semana después, el martes 20 de este mes. Luego, durante todo abril y todo mayo se producirán cientos de exposiciones y apasionados debates en el interior del Congreso, con movilizaciones en las calles a favor y en contra.
Así lo anticipó a Los Andes el diputado macrista Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General, que será la cabecera del plenario que formará con las de Salud, Legislación Penal y Familia. En otras palabras, Lipovetzky será el moderador y el responsable de todo el debate sobre aborto en la Cámara baja.
“Como es un asunto de gran envergadura, estamos trabajando mucho con la parte administrativa de la Cámara de Diputados para que el debate sea cuidado y usando inclusive otros ámbitos para incluir a quienes por cuestiones de espacio no puedan ingresar. Por ejemplo, usando pantallas gigantes en salones contiguos al que se use para las reuniones”, dijo el diputado del PRO.
Señaló que la intención es “que cada diputado pueda proponer un número determinado de expositores pero en forma individual, no por bloque” porque esta discusión atraviesa los mandatos partidarios.
La interrupción voluntaria del embarazo ya está permitida por el Código Penal pero solamente "si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios"; también, "si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".
El proyecto que se presentó el martes pasado y que firmaron 71 diputados establece la derogación de los artículos del código que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo y declara que la mujer embarazada podrá practicarse un aborto "durante las primeras 14 semanas" de gestación.
Además, la propuesta -elaborada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito- declara el aborto legal transcurridos los 14 meses de gestación únicamente para casos de violación, riesgo de vida de la madre o malformaciones fetales graves.
En la vereda de enfrente no se quedaron de brazos cruzados: con la firma de 20 diputados, entre los cuales figuran los cuatro diputados de Córdoba Federal, Juan Brügge, Martín Llaryora, Alejandra Vigo y Paulo Cassinerio; la radical Soledad Carrizo y el macrista Javier Pretto, se presentó un contraproyecto de “Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y de los Niños y Niñas por Nacer”.
Posiciones
El lema de los promotores de la despenalización es "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".
Esgrimen, entre otros argumentos, que los abortos igualmente se practican en el país y de manera clandestina, y que estos son la principal causa de muerte materna en la Argentina.
También afirman que a una operación de interrupción voluntaria del embarazo puede acceder una mujer con capacidad económica para pagar los 40.000 pesos que cuesta, mientras que no lo pueden hacer las mujeres pobres; y que la mujer tiene derecho a decidir qué hacer con su cuerpo y con su vida.
Los que están en contra, que se declaran "a favor de la vida", comparan el aborto con un asesinato; dicen que la vida empieza desde la concepción y afirman que la mujer no decide sobre su cuerpo sino sobre la vida de otro.
Por ahora, el escenario en Diputados es de virtual empate, con un tercio de indefinidos.
"Se van a seguir haciendo, con o sin ley"
El aborto es una realidad; se practica desde siempre y se seguirá practicando. La diferencia es la inseguridad de la clandestinidad en contraposición con las óptimas condiciones sanitarias, si estuviera legalizado, y con una fuerte campaña de salud reproductiva y educación sexual. Así lo entiende la obstetra Sofía Amenábar, especialista en mortalidad materna.
"A lo largo de mi carrera he visto morirse a muchas chicas por haberse metido en la vagina un pepino o una aguja de tejer, en la más profunda ignorancia, y he visto a mujeres pudientes que se practicaron abortos en sanatorios, atendidas por profesionales de la salud, en óptimas condiciones de higiene y el mayor de los cuidados. Los abortos se van a seguir haciendo, haya o no haya ley. La diferencia es que se hagan en un marco de seguridad y que además puedan hacérselos tanto las que tienen recursos como los que no los tienen", afirmó.
Amenábar, ex profesora titular de la cátedra de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, remarcó que la interrupción voluntaria del embarazo no es una práctica amable para el paciente ni para el médico. "Si se legaliza, no me haría nada de gracia estar haciendo abortos. Los he hecho cuando hubo necesidades irrefutables, como malformaciones fetales o mujeres con cáncer, que tenían que hacerse quimioterapia".
En Uruguay no mueren mujeres por esa causa
Hace 15 años en Uruguay, un país con 3,3 millones de habitantes, se morían entre 8 y 10 mujeres por año por abortos ilegales. Con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, vigente desde 2013, esa cifra cayó a cero.
Antes, la muerte de una mujer uruguaya por un aborto clandestino era tan sólo un número para las estadísticas sanitarias; hoy "sería un escándalo".
Así lo entiende Alejandra López Gómez, doctora en Ciencias Sociales, psicóloga especializada en género, sexualidad y salud reproductiva de Uruguay.
Desde Montevideo, la especialista señaló que la clave para llegar a la aprobación de la ley en su país fue que las mujeres organizadas que lo impulsaban lograron "transformar el reclamo feminista en un reclamo ciudadano".
El proceso en Uruguay no fue para nada sencillo ni corto en el tiempo: desde 1985 se discutía en el Parlamento modificar la ley vigente entonces, que era de 1938, tan antigua como el artículo 86 del Código Penal argentino, que rige desde 1927.
En Uruguay el aborto es legal hasta la semana 12 de gestación, hasta la semana 14 para casos de violación y sin plazo cuando hay riesgo de vida de la madre y, malformación fetal grave.
