La Justicia y organismos de control reclamaron ayer al Poder Ejecutivo más independencia para poder contratar a personal sin la necesidad de tener el aval del Gobernador. Al momento de explicar sus pautas de gastos 2020 en la Legislatura, los titulares de la Suprema Corte, la Defensoría Pública, Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, coincidieron en que hay artículos en el Presupuesto que "conspiran" contra la independencia de estos organismos del Estado.
Más allá de la pauta presupuestaria, en la que todos destacaron que hay una baja de recursos en relación con el año pasado (teniendo en cuenta la inflación y también la participación porcentual en las erogaciones totales), hicieron énfasis en tres artículos que según los funcionarios son inconstitucionales y hay que reformar. Son el 8, el 25 y el 35, que hablan sobre las modificaciones presupuestarias dentro de cada jurisdicción; las modificaciones de la planta de personal, transferencias de empleados por reestructuraciones;y la autorización del Poder Ejecutivo para nombramiento de personal.
Jorge Nanclares, Fernando Simón; la defensora Mariana Silvestri y Néstor Parés, cuestionaron estos artículos que están operativos desde hace algunos años. Si bien dejaron en claro que más allá del trámite burocrático no han tenido mayores problemas para los nombramientos, "atenta contra la independencia".
En el caso de la Suprema Corte, Nanclares destacó que el año pasado "hubo 106 vacantes sin cubrir" lo que, según él, resintió el funcionamiento de la Justicia. "Es necesario recuperar la facultad institucional que tiene la Suprema Corte de hacer designaciones. Estuvimos abocados a las reformas procesales pero realmente la experiencia del año anterior nos ha dificultado el cumplimiento de algunos puestos esenciales", agregó.
Por su parte, Parés declaró que la "preocupación" que tiene como órgano de contralor "es que, para designar, tengamos que pedir autorización al Poder Ejecutivo. Esto quita independencia, por lo que vamos a pedir la modificación para terminar con esta traba".
En la misma línea se manifestó Simón, quien redactó un documento junto al ex presidente de la Cámara baja, que se presentó ante los legisladores que votarán el Presupuesto en las próximas semanas.
"Lo que buscamos es que se nos permita gastar lo que la Legislatura nos otorgue. No es gastar por gastar, sino poder ejecutar gastos sin pedir autorización porque a los que tenemos que controlar les tenemos que pedir permiso. Nos parece inconstitucional y un mal gesto republicano", cuestionó el Fiscal de Estado.
No obstante, destacó también que hasta el momento no han tenido problemas a la hora de plantear cargos para vacantes, pero dejó en claro que "es una posibilidad".
En el caso de Silvestri, consideró que se necesitan cargos para cubrir en la Justicia de Familia y que "no deja de ser una intromisión de un poder en otro". Y si bien aclaró, como Simón, que han tenido demoras pero no problemas, "comparto en que irrumpe en la independencia de poderes".
El oficialismo lo reconoce
Desde el oficialismo, el titular del interbloque de Cambia Mendoza, Jorge López, admitió que de los organismos descentralizados "se recepcionaron muchos reclamos, que principalmente son por el manejo del personal". Sostuvo que los artículos de la polémica se incluyeron en su momento "por el desmanejo de ingresos no controlados que se vieron en años anteriores".
El diputado radical agregó que "se consensuará con el Poder Ejecutivo si estas enmiendas deben o no seguir", pero opinó que una de las posibilidades es que se "dé más autonomía dentro de los marcos de las autorizaciones legislativas, e independencia en el manejo de partidas".
Cerró: "Reconocemos que los poderes son independientes del Ejecutivo y no es bueno que los organismos de control dependan del controlado. Pero no ha habido problemas en los últimos cuatro años. Veremos si hay una acción superadora de estos problemas".
