Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
Durante esta semana el gobierno de Mauricio Macri se ha visto presionado por reclamos que están totalmente justificados, pero cuyo cumplimiento es imposible, salvo que se sacrifiquen las metas inflacionarias prometidas.
Los reclamos por el impuesto a las Ganancias eran y son totalmente justos. El atraso en la actualización del mínimo no imponible castigaba en forma injusta a un gran número de trabajadores y era razonable actualizarlo, aunque todos se quejan porque es muy bajo. Sergio Massa está proponiendo elevarlo a 60.000 pesos, lo que dejaría afuera a la mayoría de los jubilados, salvo de los regímenes de privilegio, como jueces, diputados o ministros nacionales. Además, quieren actualizar las escalas, y este también es un reclamo justo
Pero este acto de justicia, con un mínimo de 30.000 pesos y sin actualizar las escalas, tiene un costo fiscal de 49.000 millones de pesos anuales, de los cuales las provincias absorberán 25.000 millones porque van a disminuir los fondos de coparticipación. Si el Congreso decide actualizar las escalas, el costo fiscal será mayor.
Sergio Massa sabe que lo necesitan para sancionar leyes fundamentales y le va a hacer pagar a Macri su propia campaña política. Él sabe que lo que hace es una locura demagógica, pero sabe que no la pagará pero sacará réditos políticos.
En este caso, hay un reclamo justo, que al estar tan atrasado y tan lleno de distorsiones, genera consecuencias indeseables por los problemas fiscales que puede acarrear. Massa les dice que él no va a objetar los aumentos de las tarifas, que le traerán al Gobierno un doble beneficio: dejará de pagar subsidios y aumentará la recaudación de IVA, mientras a las provincias ingresarán más por Ingresos Brutos y coparticipación.
Reclamo de las provincias
Con muchos años de atraso, y como un indudable gesto político, la Corte Suprema de Justicia decidió, a fin del gobierno de Cristina Fernández, acceder a un reclamo de provincias que habían demandado a la Nación por la indebida retención del 15% de la masa coparticipable para financiar al sistema de Seguridad Social. Cristina, ni lerda ni perezosa, sacó un DNU extendiendo el beneficio a todas las provincias 10 días antes de dejar el poder, con la idea de complicarle la vida a Macri.
Y se la complicó. Macri sacó otro DNU anulando el de su antecesora y ahora apareció de nuevo el inefable Sergio Massa amenazando con no convalidarlo. Para eso, consiguió que Macri cree un organismo con nombre de fantasía política para definir la devolución de ese 15% a las provincias en forma progresiva durante 4 años, que sería el tiempo que Massa calcula que le falta para ser presidente.
Todo muy bonito pero este reclamo, que era justo, debía modularse muy bien por no haber sido devuelto en su momento y lo que es justo termina generando un problema de proporciones no calculadas: el desfinanciamiento de la Anses y el pago de los jubilados actuales y futuros.
El problema es que con los actuales recursos propios (aportes de los trabajadores y contribuciones patronales) a la Anses no le alcanza para pagar las jubilaciones actuales. Se provee, además, de participaciones en recaudaciones de varios impuestos como IVA, Ganancias y otros.
Los datos estadísticos muestran que hay una caída en la tasa de natalidad y un aumento de la tasa de longevidad. Lo que hace prever que en un futuro no muy lejano no tendremos pirámide sino un rectángulo poblacional, con tendencia a transformarse en un triángulo invertido.
En estas condiciones los pedidos de algunos gremios, alentados por el siempre promesante Sergio Massa, de un 82% es una utopía imposible de cumplir. Hoy tenemos menos de 2 aportantes por cada pasivo, cuando harían falta 5 por cada uno para pagar el 82% y que se reviertan las tasas de natalidad y longevidad, algo que no ocurrirá.
Un reclamo justo que tendrá consecuencias muy graves en el corto plazo.
El arreglo con los holdouts
Esta semana, a raíz de un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, quedó el camino liberado para la Argentina y se les cerraron a los fondos buitres que aún se mantenían duros. De hecho, NML, de Paul Singer, ya habría acordado.
Para esto, la Argentina deberá emitir bonos por 15.000 millones de dólares para pagar al contado a todos y terminar con el vergonzoso default en el que el país estuvo encerrado desde 2001. Esta deuda se suma a los 6.000 millones que emitió Cristina para comprar el 51% de YPF, que al momento de expropiarla anunció que no se pagaría nada y que los españoles nos debían plata.
Un arreglo necesario para poder acceder a préstamos internacionales pero con un alto riesgo. Este es que si se consigue plata, es probable que tanto el Gobierno nacional como las provincias relajen los ajustes que tienen que hacer y eviten pagar costos políticos. El riesgo es endeudarse para pagar deudas y recrear una fiesta de gasto “para la felicidad de pueblo”.
Todas son reivindicaciones muy justas que al hacerse tarde y a las apuradas, en medio de presiones políticas, pueden generar costos secundarios indeseables, como relajar la pauta de disminución del déficit o la tasa de inflación. Con estos costos fiscales, que todos festejen, pero que nadie se queje.
