La crisis de credibilidad que sufre la Justicia argentina desde hace mucho tiempo aumenta, lamentablemente, con la sucesión de opiniones y propuestas que suman más confusión entre la población, necesitada de que jueces y fiscales que llevan a cabo una labor honesta y despojada de toda influencia sectorial o política.
Hace pocos días, el intelectual kirchnerista Mempo Giardinelli propuso la lisa y llana eliminación del Poder Judicial de la Nación para transformarlo en un mero servicio a la comunidad dependiente del poder político. El referido periodista y escritor efectuó tan sorprendentes apreciaciones como parte de un supuesto plan de reforma constitucional que propiciarían profesionales cercanos a Cristina Fernández de Kirchner en caso de volver a ser gobierno. Hizo mención a la puesta en marcha de “una nueva Constitución de origen popular para que haya un servicio judicial”.
Entre otras observaciones, el intelectual kirchnerista sostuvo que los tiempos finales del siglo XX y los primeros años del XXI estarían demostrando que el Poder Judicial como tal no cumple con su finalidad de ser un equilibrio entre los dos poderes políticos del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. A su entender, el Judicial se ha transformado en todos esos años en un “súper poder político” que no responde a los propósitos encomendados en la estructura del Estado. Tales afirmaciones son realmente preocupantes, en especial porque se realizaron prácticamente en el marco de la campaña que nos conducirá a la elección presidencial.
Pretender justificar la virtual eliminación del Poder Judicial, para transformarlo en un mero servicio dependiente de los políticos de turno, por la sucesión de acciones de dudosa honorabilidad e idoneidad por parte de los magistrados significa desentenderse del problema de la forma más simple y, fundamentalmente, no admitir los grados de culpabilidad en el desmanejo judicial que tienen prácticamente todas las administraciones políticas recientes en la Argentina. Justamente, durante los 12 años de gobiernos kirchneristas, y luego de una acertada renovación de la Corte Suprema, sobrevino a través de los años una suerte de colonización de los estrados judiciales con el propósito de transformarlos en gran medida en virtuales dependencias del Ejecutivo para silenciar o encubrir actos de corrupción que se generalizaron en la conducción política. Dichos actos pudieron trascender, afortunadamente, antes de la asunción del actual gobierno nacional por la valentía y profesionalidad de investigaciones periodísticas y de jueces y fiscales comprometidos con el bien común.
Es indudable que la Justicia debe prestar un servicio invalorable a la ciudadanía, pero jamás dependiendo de la voluntad política sino de la capacidad y honestidad de sus propios integrantes. La política nomina y nombra a los jueces para garantizar esos requisitos, pero luego son los magistrados, como poder del Estado alejado de toda política partidaria, los que deben hacer cumplir la ley y la igualdad de todos ante su vigencia.
