La última garantía de los derechos individuales, y también de los sociales e institucionales, es -acá y en todo el mundo, hoy, mañana y siempre- la Justicia.
Porque cuando todas las otras instancias jurisdiccionales se agotan, no queda más alternativa que resolver el problema con la vara que fija esa famosa figura que, con una balanza y los ojos vendados, intenta -lo más objetivamente posible- arribar al máximo de verdad que el ser humano puede acceder para vivir en forma civilizada.
En la Argentina, al fijarse (como se lo está haciendo) una agenda de recuperación institucional, el bisturí deberá calar hondo en el funcionamiento del Poder Judicial en todas sus expresiones, en lo nacional y en lo provincial, en la Corte Suprema y en todas las instancia inferiores. Inclusive, lo cual no es un tema nada menor, en la formación de los profesionales que con el tiempo ocuparán esos determinantes cargos. Todos temas en los cuales nos encontramos frente a una profundísima crisis.
Cuando al ciudadano común se le pregunta acerca de cuál institución pública es la que tiene en más baja estima, las miradas se fijan casi unánimemente en la Justicia, pese a que sindicatos, ni partidos, ni legisladores gozan de un reconocimiento positivo.
Pero frente a la Justicia es donde las personas se sienten más desprotegidas e indefensas. Como que al fallar la misma, se quedaran sin la garantía final, la de última instancia, la que puede corregir en todo lo que sea posible, los desaguisados de los otros poderes o instituciones.
En particular son dos las grandes cuestiones que decepcionan a los argentinos frente al accionar de la Justicia. Una, el modo de dicho poder del Estado en reaccionar frente a la corrupción.
Dos, las actitudes referentes a la gravísima situación de la inseguridad que parece no encontrar soluciones ni en las versiones garantistas ni en las de mano dura, porque a veces el ideologismo o la abstracción dominan por sobre la necesidad de actuar sobre la realidad tal cual ésta es, y no como queremos que sea.
La corrupción, lo hemos visto en los últimos tiempos, es capaz de destrozar Estados y Naciones cuando los que tienen el manejo del poder político se apoderan de los gobiernos para anteponer las ambiciones particulares a las finalidades públicas.
Porque ello es el principal basamento del saqueo del Estado por políticos que dejan de representar los intereses para los que fueron elegidos para devenir bandas ilícitas que a su inmoralidad la complementan casi indistintamente con su ineficiencia, puesto que ambas suelen ir de la mano.
Es precisamente frente a ese acontecer en las alturas del poder, tanto político como económico, cuando la Justicia debe estar atenta y castigar, con toda la fuerza que le permite la ley, estos avasallamientos de la propiedad de todos en pos de la avaricia de unos pocos.
Sin embargo, suelen ser mayoría los magistrados complacientes con el poder de turno y, en el mejor de los casos, sólo juzgar al poder que se va. Y no sólo por falta de contralor sino también por complicidad directa con aquellos a los que deberían investigar y eventualmente condenar.
Lo mismo ocurre cuando la Justicia se encuentra frente a la inseguridad creciente en que vive inmersa la población entera, ya que por más leyes que se modifiquen, si la actitud del juez es desaprensiva, nada se podrá hacer para combatir seriamente este mal tan devastador.
Son precisamente estos temas tan urgentes y vitales los que diario Los Andes quiere acercar a todos sus lectores y a la sociedad en general. Por tal razón, mañana, jueves, en Ciclo de Encuentros, debatiremos con cuatro reconocidos especialistas sobre las relaciones entre Justicia y Seguridad.
