La semana pasada el Gobierno de Alfredo Cornejo lanzó la licitación para construir la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada), que se ubicará detrás de las cárceles de Boulogne Sur Mer y San Felipe.
Será el primer edificio de un "polo judicial" que el Ejecutivo planea instalar en el mediano plazo en un área de unos 18 mil metros cuadrados.
Es entonces el primer paso para mudar todo el fuero penal allí, con la idea de concentrar el proceso de detención, imputación, dictado de prisión preventiva y condena o absolución de los imputados de la primera circunscripción judicial (Gran Mendoza), donde se da el 70% de los procesos de la provincia.
La intención del Gobierno es que todo el complejo esté terminado "antes del fin de la gestión de Cornejo".
Por eso apura esta primera licitación (la apertura de sobres será el 8 de marzo), pero "en no más de dos meses" seguirán los llamados para los otros edificios.
Además del centro de detención Estrada, el Gobierno planea construir la nueva sede del Ministerio Público Fiscal y otro edificio para el fuero penal. "En él habrá 30 salas de audiencias públicas", explicó el ministro de Infraestructura, Martín Kerchner, a cargo la obra. La edificación alojará a juzgados de garantías y las cámaras del crimen.
Otra novedad es que se construirá un túnel subterráneo que unirá a las penitenciarías con el nuevo complejo. Esta especie de "presoducto" (así le llaman algunos) servirá para trasladar a los detenidos a las diversas audiencias.
Queda para otra oportunidad -pero igual se ha proyectado- la construcción de un edificio para el Ministerio Público de la Defensa.
Así, "todo el proceso se hará en un mismo lugar", confirmó Kerchner.
La primera etapa (construcción de la Estrada) tiene un costo de $163,4 millones. Pero para todo el complejo edilicio el valor estimado es de entre $900 millones y $ 1.000 millones, dinero que -dijo el ministro- "se está gestionando".
Planteo y consenso
Cornejo ha dicho varias veces que los temas sobre seguridad y justicia fueron diagramados "en épocas de campaña". Eso le da lógica a la gran cantidad de leyes que ha promovido para "agilizar" la Justicia.
Este proyecto no se aleja de esa consigna y en el Ejecutivo aseguran que "comenzó a armarse en 2014".
Como en otros casos aparece el ejemplo de Chile. Un viaje a ese país en aquel año realizado por el propio Cornejo, aún intendente de Godoy Cruz, junto a Gianni Venier (hoy ministro de Seguridad), José Valerio (hoy ministro de la Corte), Marcelo D'Agostino (hoy subsecretario de Justicia) y Kerchner (en ese tiempo diputado provincial), fue detonante para algunos de los cambios hoy ejecutados, como las audiencias orales o este "polo judicial" penal.
También lo fue un viaje a Neuquén, donde ya existe un polo similar.
"Para que la oralidad funcione es necesario unir todo el proceso", explicó una fuente del Gobierno. Esa unión se refiere "a la policía y a los penitenciarios en sus funciones, al ministerio público fiscal con la acusación, a los jueces de garantía con control de legalidad de procedimientos y a las cámaras, que son las que dan la condena o absolución", añadió.
El espacio contendrá también la posibilidad de instancias de apelación, que de alguna manera liberarán de tareas a la Sala Penal de la Corte. "Se trabajará con los mismos jueces de cámara, que eventualmente funcionarán para atender reclamos", explicó el ministro de la Corte Valerio, uno de los principales impulsores del proyecto.
Entre los distintos fundamentos para este polo, no sólo está el de "eficiencia" y "agilidad" judicial, que evitará traslados de presos. "También dará más seguridad", dicen en el Gobierno. "El detenido no tendrá forma de escaparse", aseguran.
Otro punto a favor que ven es la "descompresión" del Palacio Judicial. "Hoy ese edificio está colapsado y con esto habrá más lugar para los procesos civiles y de familia", aseguran los ideólogos del proyecto.
Los fundamentos son compartidos en los ámbitos judiciales, incluso en los que se muestran antagónicos al Gobierno. "Dará eficiencia a la Justicia", recalcó una fuente de esos sectores, mostrando el acuerdo.
En el entorno del Gobernador de todos modos, creen que habrá cierta resistencia, "principalmente de los que no quieren trabajar", señalan. Y así agregan fundamentos. "Con esto, a la justicia penal no le quedará otra que tener que trabajar", señalaron, sobre todo a partir de la incidencia de la oralidad, el expediente electrónico y, lógicamente, la disminución de distancias.
Finalmente, un punto clave que se realza es el ahorro. "Hoy se gastan $ 175 millones por año en el traslado de detenidos para los procesos. Con este polo, todo eso se ahorrará", remarcó Kerchner.
Celso Jaque: "Ojalá que se haga"
Hace una década, en febrero de 2008, el entonces gobernador, Celso Jaque (PJ), presentaba a la Suprema Corte, presidida por quien también lo hace ahora, Jorge Nanclares, un proyecto de "Ciudad Judicial".
La idea era en ese tiempo trasladar buena parte del Palacio de Justicia al mismo terreno en el que ahora se plantea ubicar el polo judicial.
Hubo idas y vueltas pero no hubo acuerdo para avanzar.
En la gestión actual no reconocen esa iniciativa. "No hay ni un papel proyectado", dijeron técnicos de Economía.
Consultado por Los Andes, Jaque recordó con añoranza su idea y apoyó este nuevo proyecto de Cornejo. "Ojalá que se haga, será muy útil", dijo el ex mandatario peronista.
La experiencia de Neuquén
En noviembre pasado, 19 magistrados, entre fiscales y jueces de la provincia, viajaron a Neuquén para conocer el funcionamiento del "polo judicial".
El contingente fue convocado y auspiciado por el Poder Ejecutivo, y estuvo liderado por el magistrado José Valerio, que contó la experiencia. "Conocíamos Chile y Neuquén nos ayudó a cerrar la idea", resaltó el juez.
Valerio confirmó que en esa provincia funciona todo el sistema en un edificio único.
En números
$1.000 millones. Es el monto en parte estimado por el Gobierno para construir todo el polo judicial detrás de las cárceles de San Felipe y Boulogne Sur Mer.
30 salas de audiencia. Es la cantidad de ámbitos para el debate en los que se aplicará la instancia de oralidad que agiliza la justicia, según quienes idearon el proyecto.
2 años. La intención del Gobierno es que todo este proyecto quede finalizado antes de que Cornejo termine su mandato. "Estamos casi seguro de que lo lograremos", dicen.
