Efectivos de la Policía Metropolitana realizaron allanamientos en los barrios porteños de Puerto Madero y Constitución en busca de información sobre departamentos de la sociedad inmobiliaria Los Sauces, propiedad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, en el marco de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito.
“Queremos saber quién paga las expensas de cuatro propiedades”, detalló una fuente de la investigación.
En la causa están imputados la ex presidenta y su hijo Máximo por enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y adulteración de declaraciones juradas, a raíz de una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer que fue impulsada por el fiscal federal Carlos Rívolo y está bajo secreto de sumario.
Fuentes judiciales informaron que los operativos, dispuestos por el juez federal Claudio Bonadío, se realizaron en dos administraciones de consorcios en relación con los inmuebles que Los Sauces poseen en las calles Guevara 329, cuarto piso; Juana Manso 501, octavo piso; Machaca Güemes, Güemes 3322 noveno piso, y San José 1111, donde actualmente vive Florencia Kirchner.
Los allanamientos son los primeros a propiedades de la ex presidenta (hasta ahora, se habían limitado a ex colaboradores o socios como Lázaro Báez) se ordenaron porque el juez había librado, ya sin éxito, órdenes de presentación para obtener la documentación, informaron las fuentes.
Para este operativo, Bonadío habilitó “el uso de la fuerza pública y la fractura de puertas de acceso interiores que se encuentren cerradas, armarios, escritorios y todo acceso” que fuera de interés, algo que se llevó a cabo ante la resistencia a colaborar con el operativo judicial.
En los allanamientos en Guevara 335 y Sarandí 1456, se procuraba retirar comprobantes de pagos de servicios y resúmenes de expensas pero, como en principio no les permitieron el ingreso, los policías se retiraron y más tarde volvieron con la orden del magistrado de forzar las puertas.
Del allanamiento a la administración en Puerto Madero, personal del juzgado se llevó gran cantidad de documentación y comprobantes vinculados a los pagos hechos en relación a los departamentos objeto de la investigación.
Bonadío ha sido recusado y denunciado penalmente por la ex mandataria pero, a raíz del caso “Dólar futuro”, también a cargo de ese juez y que tiene a Cristina Fernández también involucrada.
La causa Los Sauces se originó por una denuncia que el 4 de abril pasado radicó la diputada Stolbizer sobre la sociedad cuya composición accionaria está integrada por Cristina (45%), Máximo (32,5%) y Florencia Kirchner (22,5%).
De acuerdo a la denuncia de la legisladora, Los Sauces S.A. habría sido usada para cobrar precios por encima de los de mercado; por otros alquileres y ventas de inmuebles, a través de negocios que involucraría a los dos empresarios más emblemáticos del kirchnerismo: Báez y Cristóbal López, que también son objeto de investigaciones judiciales.
“En Hotesur la devolución de los favores se hacía a través del alquiler de habitaciones. Con Los Sauces, la devolución de favores se hacía mediante el alquiler de inmuebles a las empresas de Báez y López”, graficó Stolbizer al hacer la denuncia.
A López se le habrían alquilado cocheras y departamentos en Puerto Madero, mientras que a Báez se lo vincula con dos complejos de departamentos en la ciudad de Río Gallegos, construidos por Austral Construcciones, la empresa creada por el empresario diez días antes de la asunción presidencial de Néstor Kirchner en 2003.
También se denunció una propiedad adquirida en 2010 por los Kirchner en la calle Mascarello -donde actualmente vive la ex presidenta- que no habría sido inscripta en el Registro de la Propiedad, donde figuraría como comprada dos años después a otra empresa vinculada a Osvaldo “Bochi” Sanfelice, dueño de una inmobiliaria, socio comercial y amigo de Máximo Kirchner.
Ordenan la captura del dueño de Helvetic
El juez federal Sebastián Casanello ordenó la captura nacional e internacional del abogado Néstor Marcelo Ramos, uno de los dueños de la sociedad Helvetic Services Group SA, radicada en Suiza, que en 2013 habría transferido 209 millones de pesos a Austral Construcciones SA, de Lázaro Báez.
El financista está citado a declaración indagatoria para el próximo viernes en la causa conocida como “la ruta del dinero K” pero hasta ayer no pudo ser notificado por el juzgado, por lo cual el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió al magistrado que libre la orden de busca y detención.
Ramos posee un tercio de Helvetic (las dos partes restantes están a nombre de la ciudadana italiana Úrsula Verena Fontana) que funciona como “una sociedad vehículo: una suerte de tren en constante movimiento, donde se suben y bajan activos de distintas personas que buscan reducir u ocultar parte de su patrimonio”, según consideró el juez Casanello en un fallo del 14 de abril pasado.
El jueves, el detenido empresario kirchnerista admitió que su empresa Austral Construcciones SA recibió en 2012 y 2013 casi 209 millones de pesos de Helvetic y aseguró que esa plata era un préstamo para “participar en la construcción de las represas de Santa Cruz”.
Además Báez negó ser el dueño de Helvetic Services Group, la sociedad que, según Federico Elaskar, compró su financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”, y en la cual su hijo Martín Báez y otras personas fueron filmadas cuando contaban 5,5 millones de dólares de origen incierto, una grabación divulgada públicamente en enero pasado y que reactivó este expediente judicial. DyN
