Sociedad
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hace 23 minutos
El escándalo por la causa de sobreprecios pagados por el Casino de Mendoza en servicios de limpieza a la empresa Masterful S.A. sigue acumulando capítulos desde el 2014, cuando el Tribunal de Cuentas formuló cargos por estas irregularidades detectadas en la facturación del Ejercicio 2013.
La Suprema Corte de Justicia se expidió, nuevamente, a favor de Carlos Bianchinelli y ordenó que se le restituya su moto Harley Devinson que había sido embargada, y que sea una camioneta Tracker la que quede trabada en el embargo.
El fallo de la Sala I, que lleva la firma de Julio Gómez, Dalmiro Garay y Pedro Llorente, hace lugar al pedido de sustitución de embargo originalmente trabado sobre la moto Harley Davidson con dominio 440-KNP, para que en su lugar sea trabado sobre el rodado marca Chevrolet, modelo Tracker, dominio AA093OI.
En abril del 2019 otro fallo de la misma sala, pero integrada en ese momento por Garay, Llorente y Mario Adaro, causó revuelo porque dio lugar a la demanda del ex diputado provincial y anuló los cargos millonarios que el Tribunal de Cuentas le había impuesto junto a Federico Domínguez, Miguel Bondino y Carina Andreoni, exautoridades del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
El fallo dejó al organismo de contralor fuera de juego e incluso advirtió que debería haber multado a los responsables en lugar de haberle formulado cargos. De nada sirvieron los testimonios de peritos y empleados, porque la Corte determinó que el servicio de limpieza sí se prestó sin evaluar el monto pagado, que había motorizado las acciones del Tribunal de Cuentas.
Un conflicto de larga data
Para entender el origen del litigio hay que ir casi 6 años para atrás, al 2014, momento en el que el contador del Casino de Mendoza, Gonzalo Jerez, detectó inconsistencias en el pago a la empresa de limpieza Masterful SRL. Observó que se estaban pagando más horas de las que físicamente podían cumplir los empleados de la empresa.
Bianchinelli, avisado de esta situación, acusó a Jerez de esas irregularidades y decidió removerlo de su cargo. El Tribunal de Cuentas fue puesto en autos y al revisar la facturación del Ejercicio 2013 detectó la existencia de los sobreprecios millonarios.
Por ese hecho se abrió una causa penal en la ex Fiscalía de Delitos Complejos que quedó en manos del fiscal Santiago Garay.
