En junio una ONG local presentó una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia frene los pases a planta permanente del Estado y obligue al Gobierno a realizar llamados a concurso para acceder a cargos públicos.
Ahora la Corte le pedirá a Alfredo Cornejo (UCR) que publique un informe con la nómina de las personas que pasaron a planta y ascendieron sin concursar en la gestión de su antecesor Francisco Pérez (PJ) en 2015.
Así lo informó a Los Andes uno de los abogados que integra el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (Cladh). “Pedimos una medida de prueba en el proceso, y es que Gobierno informe la lista de personas que pasaron a planta sin concurso y los ascensos que se dieron en forma irregular.
Algo que nunca quiso hacer el gobierno de Pérez. El objetivo es que se informe quiénes son esas personas, porque eso debería ser información pública. La Corte aceptó esa medida de prueba así que le pidió al Gobierno que dé la nómina”, explicó Ignacio Boulin Victoria.
Asimismo, el letrado de la ONG detalló que se trata de aproximadamente 1.500 personas.
La resolución del máximo tribunal dice textual: “...la prueba informativa ofrecida por la actora, constituye un derecho humano fundamental, de interpretación progresiva, colectivo, que corresponde a toda persona por el solo hecho de integrar la comunidad política, ante lo cual aquella debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se esté frente una legítima restricción (...) se concluyó que la información sobre nombre, DNI, categoría escalafonaria, naturaleza del vínculo, lugar de prestación de las funciones y horario de trabajo del personal que presta servicios para la Administración, no comprende datos personales de carácter sensible, ni de aquellos especialmente protegidos por la Ley 25.326”.
Al respecto, Boulin remarcó que se trata de un gran paso adelante “porque en el derecho de acceso a la información pública, el principio de máxima divulgación requiere que el Estado no espere a que le pregunten sobre esto, sino que está obligado a difundirlo de manera proactiva. Es decir, en futuros casos similares el Estado tendrá que publicar los datos sin necesidad de que la Corte lo exija”.
Por su parte, desde el Gobierno de Cornejo comentaron que si bien todavía no les ha llegado la comunicación (lo cual es lógico porque la Corte informó a la ONG de esta resolución ayer por la siesta) ya saben que está en marcha.
“Se sabe extraoficialmente. Ni bien se notifique se va a responder y por supuesto que está la predisposición para colaborar y presentar todo lo que pidan. Cuando llegue el oficio se va a contestar de inmediato”, dijeron desde Casa de Gobierno, agregando que esta resolución sigue el lineamiento de Cornejo y que a ellos claramente les interesa que se dé a conocer dicho listado.
Los gremios expectantes
En tanto, la secretaria de Acción Política de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que en su momento estuvo muy enojada con esta ONG -al igual que Sitea, Ampros y Judiciales-, destacó que “el acuerdo paritario nuestro está orientado a aquellos trabajadores que trabajan, que cumplen tareas y horario normal y habitual. Los concursos no se han hecho no por culpa de los gremios.
Corresponde que esa gente esté en planta. Esa es una situación. La otra es la de los funcionarios que ascendieron, que tienen cargos fuera de nivel. Eso es fácil de diferenciar. Nuestros compañeros que debían pasar a planta muchos no han pasado aún.
Del total de los que pasaron en la gestión de Pérez habrá que ver cuáles son los cargos políticos fuera de nivel y fueron ascensos irregulares. Si la Corte pidió eso, deberá responderlo el Gobierno”, determinó Raquel Blas.
Cabe recordar que en octubre, cuando se conoció el pedido de esta ONG, los mencionados sindicatos -que agrupan a trabajadores del Estado- llamaron a una conferencia intergremial de urgencia.
Allí aseguraron que se estaba solicitando la anulación de los acuerdos paritarios que tanto les costó lograr, que los denunciantes estaban vinculados a Cornejo, que se trataba de un antecedente “grave” y que era “violatorio” de los derechos de los trabajadores a organizarse y paritar por sus condiciones de trabajo y de salario.
