Vencidos los primeros 120 días de la medida cautelar para impedir que se actualizaran los cuadros tarifarios de gas natural en Mendoza, la titular del 2° Juzgado Federal de Mendoza, Olga Pura Arrabal de Canals, dispuso prorrogar la medida por otros cuatro meses. Con lo cual, Distribuidora de Gas Cuyana (Ecogas) no podrá modificar el costo del metro cúbico a facturar a los usuarios al menos hasta principios de abril, entrado el otoño de 2015.
Del mismo modo, la magistrada no dio cabida a un recurso “de reposición” (contra el “efecto devolutivo” de conceder la apelación) presentado por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación a instancias de la empresa, y otro de modificación de la misma Ecogas, ambos con idéntico objetivo: limitar la cautelar y reponer los cuadros autorizados en su momento por la Secretaría de Energía, con incrementos sucesivos a partir del 1 de junio y 1 de agosto pasados de hasta el 100%.
La medida, con fecha 7 de noviembre, se incorpora al expediente caratulado “Protectora Asociación Defensa del Consumidor c/Enargas y Otros p/ Amparo Colectivo” y tendrá vigencia hasta el 7 de abril de 2015.
En sus considerandos advierte que “conforme lo peticionado por la actora (la ONG Protectora) es procedente ordenar la prórroga de la medida cautelar por ciento veinte días a partir de su notificación, atento el estado de la causa y el trámite impreso a estas actuaciones como consecuencia de los sucesivos recursos formulados por las partes”.
De ese modo, si le dio cabida a la solicitud de Protectora, que había iniciado la causa, de extender el amparo por el mismo plazo transcurrido hasta aquí.
Hasta entonces, Arrabal de Canals deberá resolver la cuestión de fondo, esto es, el si o no definitivo al incremento, cuestionado oportunamente tanto por su magnitud como por la metodología, puesto que remitía a una audiencia pública realizada en el año 2005.
“Es esperable que la jueza resuelva la cuestión de fondo durante la vigencia de la cautelar. De no ser así, una posibilidad es solicitar otra prórroga”, consignó José Ramón, apoderado legal de la ONG que impulsa la acción judicial.
