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hace 2 horas
La justicia federal encontró ayer 90.000 dólares en una caja de seguridad del detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, durante un allanamiento realizado en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de empresarios amigos durante el kirchnerismo, informaron fuentes judiciales.
Los dólares fueron encontrados por la Gendarmería en una de las cajas de seguridad de Julio De Vido del Banco Patagonia sucursal Río Gallegos, donde también estaba su título de arquitecto, durante un operativo ordenado por el juez federal Julián Ercolini.
A pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques el juez también ordenó abrir las cajas de seguridad del detenido ex secretario de Obras Públicas José López y del ex funcionario de Planificación Carlos Santiago Kirchner.
La caja de López, detenido hace más de un año cuando intentaba esconder 9 millones de dólares en bolsos en un convento, estaba vacía, mientras que en la del primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner se encontraron bandas elásticas y un sobre de una empresa constructora investigada en la causa, según fuentes judiciales.
Otro procedimiento similar quedó pendiente para hoy en la sucursal Río Gallegos del Banco Francés, frente a la otra entidad que fue allanada en la calle Sarmiento, en pleno centro de la capital santacruceña, según las mismas fuentes.
El juez Ercolini adoptó además, una serie de medidas tendientes a ejecutar los embargos que ya habían sido dispuestos en el marco del expediente en el que la ex presidenta Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una "asociación ilícita" que direccionó desde el Estado las concesiones de obra pública en favor de empresas del empresario detenido Lázaro Báez.
Máximo y Florencia con 25 inmuebles
Entre los bienes embargados figuran los 25 inmuebles cedidos a los hijos de la ex presidenta en el marco de la sucesión de los bienes de Kirchner que luego se convirtió en el condominio Máximo y Florencia Kirchner.
El juez también ejecutó las medidas dispuestas a embargar el dinero de las cuentas cuentas bancarias de los imputados en el caso, un automóvil Honda CRV y acciones de las empresas Los Sauces y Hotesur, cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.
Para ejecutar los embargos de esos bienes, Ercolini cursó oficios a los registros de la Propiedad Inmueble, al Banco Central y automotor en los que notificó que no pueden ser vendidos.
Según se dispuso en el expediente, se hará un inventario del contenido de las cajas, que ya estaban fajadas, y el dinero o los valores encontrados quedarán afectados al embargo.
Además el juez ordenó ejecutar el embargo sobre 81 inmuebles y porcentajes de inmuebles, cuatro automóviles y acciones de las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, entre otras, del detenido Báez.
En relación a De Vido, el juez, además de ordenar la apertura de cajas de seguridad a su nombre, dispuso el embargo del 50 por ciento de un inmueble y dos automóviles.
Al ex secretario de Obras Públicas le trabó embargo sobre siete inmuebles -cinco de ellos en Santa Cruz y dos en Tucumán-, un vehículo y una embarcación.
En el caso de Carlos Kirchner, que era subsecretario de Coordinación de Obra Pública de Planificación, se ejecutó el embargo sobre ocho propiedades, una lancha, siete vehículos y diez "productos bancarios", según trascendió de fuentes judiciales.
La ex presidenta, los ex funcionarios investigados y Báez se encuentran procesados desde hace un año por integrar "una asociación ilícita que habría funcionado, al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015", y que defraudó al Estado al direccionar las concesiones de obra pública en favor de Austral Construcciones, firma de Báez.
En el fallo de diciembre del año pasado, el juez Ercolini sostuvo que "se habría verificado que los procesos licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al quince por ciento del presupuesto original".
Al ponderar el perjuicio que ello habría ocasionado al Estado, el magistrado había considerado que "el monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas al nombrado Báez asciende a las suma de 46.230.902.061,62 millones de pesos".
Para Ercolini, la asociación ilícita invocada habría estado "destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada" de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz.
Para el magistrado, el montaje de esa asociación se habría iniciado con "la conversión formal de Báez, amigo de los nombrados (Néstor) Kirchner y (Cristina) Fernández, con el que establecieron numerosas operaciones comerciales, en empresario de la construcción", actividad a la que era ajeno antes del 2003.
"A tal fin, pocos días antes de que Néstor Carlos Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación, el 8 de mayo de 2003, Báez, junto con dos socios -Guido Santiago Blondeau y Sergio Leonardo Gotti- formó la firma Austral Construcciones S.A", había resumido Ercolini.
