La contienda legal entre la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam) y el Gobierno Provincial tuvo un nuevo capítulo. Luego de haber desestimado la medida cautelar en noviembre pasado, el Tribunal de Gestión Judicial Asociada 4, presidido por la conjueza Marcela Luján Puerto, rechazó la acción de amparo presentada por la Asociación. La acción apuntaba a declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de varios artículos tanto de la Ley de Movilidad N° 9086 como de su decreto reglamentario N° 1512, lo que en un principio se presentó por separado, pero quedó unificado.
El reclamo de los taxistas abordó varios puntos entre los que se destacaron el pedido para que no se considere la calificación legal del transporte de personas por medio de taxis y remis como "servicio de interés general" sino que vuelva a ser considerado como servicio público. También solicitaron que se establezcan condiciones de igualdad y eliminación respecto del transporte privado de personas por plataformas electrónicas por considerarlas "competencia desleal" lo que apunta directamente contra Uber y Cabify. En tanto pidieron que se limite la aplicación y extensión de la figura de las mandatarias, para que su utilización sea optativa y no obligatoria para los concesionarios de los permisos de taxis y remis.
De todas formas, todavía falta la Justicia resuelva dos acciones de inconstitucionalidad que presentó Aprotam en la Suprema Corte de Justicia de la provincia.
Miradas contrapuestas
Fernando Sáez, presidente de Aprotam, reconoció que esperaba esta respuesta judicial. "Sospechábamos el rechazo porque de los tres poderes constituidos: ejecutivo, legislativo y judicial, el ejecutivo lo controla todo, no existe la independencia de poderes", acusó. "Nosotros sabemos que el gobierno ha estado presionando", añadió.
En tanto adelantó que la semana que viene denunciarán en la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura Provincial, varios manejos de la plataforma Uber que consideran perjudiciales. "La desigualdad es enorme y hoy en día se está viendo. El peligro que tenemos es que con este nivel de precio, en un tiempo corto no van a haber más taxis en Mendoza", anticipó a la vez que hizo hincapié en la gravedad de la situación. "Previamente agotaremos todas las instancias, vamos a ver los detalles del fallo y replantear cómo seguimos", deslizó.
En la otra vereda el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, remarcó que a 8 meses de sancionada la Ley de Movilidad, la Justicia consideró que es una normativa robusta desde el punto de vista jurídico. "Lo importante es que ellos no han podido acreditar jurídicamente nada, no pudieron explicar el prejuicio que les causa", manifestó. En tanto remarcó que se trató de una ley que se aprobó por consenso en ambas cámaras. "Por eso que digan que no hay independencia de poderes es extraño", deslizó.
El funcionario informó además que actualmente tienen casi 500 vehículos habilitados (376 de Uber y 122 de Cabify) para trabajar con plataformas electrónicas. "Hemos mantenido un buen ritmo de altas y se ha desarrollado todo en absoluta normalidad", relató. Asimismo señaló que los vehículos son controlados constantemente por inspectores. "Todavía falta tener más oferta para que el usuario pueda elegir sin interferencia", reconoció a la vez que aseguró que no se ha perjudicado a los taxistas.
Consideraciones judiciales
En el fallo "Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (A.PRO.TA.M) c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ Acción de Amparo", Luján Puerto considera que la vía elegida (amparo) no califica, en el particular como la más idónea. Remarca que "en ninguno de los expedientes acumulados los actores han justificado cual era el daño grave e irreparable que le ocasionaba plantear la cuestión por medio de la acción declarativa de inconstitucionalidad".
Observa que la queja o interés de Aprotam sólo se limita al de plataformas electrónicas por entender que con su inclusión en la ley existiría una competencia desleal.
Asegura que “no se explica cómo la inclusión del transporte de servicios con plataforma electrónica como Uber o Cabify y cualquier otro operador más que puede existir en el futuro, pueda implicar una competencia desleal, desde que también para ellos obtener licencia y/o permiso para prestar el servicio está sujeto a determinados recaudos establecidos por la norma cuya inconstitucionalidad se pide, cercenando así los derechos que también tienen a trabajar”...
Tarifas con índice de congestión en Buenos Aires
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cedió a las quejas de los taxistas y decidió incorporar un "índice dinámico de congestión" a las tarifas prestablecidas que se cobran en el Aeroparque Jorge Newbery. Fuentes oficiales adelantaron a Infobae que el mecanismo será extendido a las terminales de Ezeiza, Buquebus, y Retiro.
“Se trata de una evolución en el cálculo de la tarifa. Ahora, el costo final del viaje tendrá en cuenta el impacto de la congestión en la calle. El valor del ticket dependerá del día y del horario en que se inicia el viaje”, explicaron desde la Secretaría de Transporte.
