Una acordada de la Suprema Corte, con fecha 17 de febrero, marca los lineamientos para que el Poder Judicial se adecue al Código Procesal de Familia y Violencia Familiar que está vigente desde fines de 2018. Revela cómo este fuero está tan colapsado de causas que la Suprema Corte solicitó al Ejecutivo que, como parte de la reestructuración, se autorice el nombramiento de diez nuevos jueces de familia.
La acordada 29.489 apunta a la reorganización de tareas y mejoramiento de las oficinas judiciales, para su óptimo aprovechamiento y la organización de las tareas, funciones y roles de cada uno de los integrantes de los tribunales. Para ello, 60 personas serán trasladadas a otras oficinas.
Los fundamentos, firmados por el presidente del máximo tribunal, Jorge Nanclares, y los supremos Julio Gómez y Omar Palermo, destacan la sobrecarga existente en el fuero familiar dada la normativa procesal que, entre otras cosas, exige oralidad en los procesos. En la práctica, esto no es otra cosa que más recursos: humanos y económicos.
Desde hace dos años, la restricción presupuestaria no ha permitido incorporar personal en al Justicia, "aun con vacantes producidas. Por lo tanto, hay que arreglarse con lo que hay para que el proceso sea ágil, flexible y con capacidad de respuesta a la ciudadanía", dijo un funcionario judicial a Los Andes.
La acordada despertó la reacción del gremio de empleados judiciales, que asegura que afectará sus derechos laborales. Ayer, representantes gremiales se reunieron con Nanclares, Gómez y Palermo para intentar acercar posiciones. "Pudimos exponer nuestra preocupación sobre las decisiones que pueden violar los derechos laborales, y ratificaron la apertura del diálogo y la posibilidad de trabajar sobre la acordada y, en conjunto, llegar a una solución", explicó Adriana Domínguez, secretaria adjunta..
Las vulneraciones a las que hace referencia Domínguez radican en los traslados de empleados y empleadas a oficinas ubicadas en otro departamento o en otros edificios. Además de posible "carga horaria ampliada", entre otros términos utilizados en el texto que motoriza la reforma y que alertaron al gremio.
Si bien la representante sindical aseguró que no se pactó una nueva reunión pero que iban a seguir dialogando con los ministros sobre el engranaje en los fueros alcanzados por la decisión del máximo tribunal, desde el Poder Judicial adelantaron que "la acordada se va a implementar igual".
Los argumentos
La comparativa entre el fuero civil y el de familia expuesta en la acordada (ver infografía) es otro de los argumentos sobre los se reafirma la necesidad de esta reforma judicial.
El fuero civil cuenta en la Primera Circunscripción con 30 jueces y por lo tanto la carga laboral es de aproximadamente 288 procesos por cada magistrado y/o magistrada. En cambio, en el fuero de familia hay 13 jueces que implican una carga laboral de 2.229 procesos por cada uno.
De 2010 a 2019, de acuerdo al ingreso de causas, la demanda en Familia aumentó 60%, siendo los casos de violencia intrafamiliar los que mayor incremento presentan. En lo Civil, en el mismo período, hubo una disminución del 56%.
Con estos números, en la Corte decidieron que cerca de 30 trabajadores judiciales pasarán a reforzar el fuero de familia, entre los que están incluidos prosecretarios, secretarios de gestión y administrativos que trabajan dentro de los tribunales de Gestión Judicial Asociada.
A eso le suma el pedido puntual al Poder Legislativo y al Gobierno para la creación de 10 cargos de jueces de familia, que está incluida en el Presupuesto 2020 que aún no aprueba la Legislatura. Implica una suma mayor a los 30 millones de pesos anuales, teniendo en cuenta que un nuevo juez de primera instancia cobra hoy un sueldo básico de $ 236.042, sin descuentos.
Los diez cargos serán destinados a Las Heras, Godoy Cruz, Luján, Maipú, Lavalle, San Rafael, San Martín, Tunuyán (uno en cada departamento), y dos en Capital.
“Es el fuero que está más sobrecargado”
Delicia Ruggeri, jueza de la Cámara de Apelaciones de familia de la 1° CJ, explicó que el funcionamiento del fuero, luego de la implementación del nuevo Código Procesal se vio sobrecargado.
"Asumimos lo que es derecho de familia, la parte civil como divorcio, cuidado de hijos, responsabilidad parental y todo lo que tiene que ver con situación de vulneración de derechos, particularmente todo lo que es violencia intrafamiliar y de género", comentó la megistrada.
En esa línea, destacó la inclusión de la oralidad en los procesos, pero que para ello "son necesarios más recursos", como los 10 cargos a crear para magistrados y/o magistradas.
Ruggeri celebró la decisión de la Suprema Corte de la asignación de recursos a porque "los necesita" y que si bien los magistrados y magistradas no se "ponen al frente de la petición" han demostrado "con el trabajo a la sobrecarga".
"Bienvenido que se haya escuchado al fuero, venimos trabajando hace muchos años con estas problemáticas, siempre con escasos recursos y en este ultimo tiempo y la reforma del código nos exige la oralidad, pero se requiere disponer de los recursos para hacer las cosas bien, ademas de hacerlas", indicó.
