La Justicia analiza videos para identificar a quienes participaron del daño a la Legislatura provincial. En tanto, ya se trabaja para restaurar la fachada y estiman que el impacto estético y simbólico fue mayor que el daño a la infraestructura.
Todo comenzó al cierre de la marcha para pedir justicia por los femicidios de Ayelén Arroyo, Julieta González y Janet Zapata. Cuando varios manifestantes se habían ido, un grupo empezó a increpar a la vicegobernadora Laura Montero y a Jorge Coni, padre de una de las chicas que falleció en Ecuador.
No contentos con ello, unos entraron al edificio por una salida de emergencia e hicieron algunos daños.
La Policía intervino y detuvo a cinco personas mayores y dos menores. Ninguno de los mayores pudo ser vinculado al hecho y sólo se les retuvo para averiguar antecedentes. Los otros sí fueron vinculados, pero por sus edades quedaron a disposición de la fiscalía de menores.
Así lo explicó el fiscal Gustavo Pirrello, quien lleva adelante la causa y espera el material de las cámaras de seguridad para identificar responsables.
“Hay entre 70 y 100 personas que integraban el grupo que causaba disturbios. Eso se determinará con el material fílmico. Pedí el material de las cámaras de seguridad y de los medios periodísticos”, explicó el fiscal.
Se trata de un delito tipificado como daño agravado, con pena de prisión de 1 a 4 años. Vale aclarar que está la posibilidad de que el culpable arregle el conflicto reparando lo que hizo.
A la hora de buscar responsables, las miradas fueron hacia grupos políticos y organizaciones que se sumaron a la marcha. Así por ejemplo, en fotos junto al fuego y la pintura aparecen chicas con el pañuelo verde de la campaña nacional a favor del aborto.
De todas formas, el fiscal aclaró que se acusa a la persona de forma directa y no al grupo con el que estaba.
Este diario habló con legisladores de distintos partidos y la opinión era similar. Lamentando el acto violento y reconociendo que no era la mayoría de los presentes, esperaron que eso no empañara el pedido de justicia y se comprometieron a avanzar durante la semana en retomar iniciativas sobre violencia de género. En un sentido parecido se expresó la vicegobernadora en distintos medios.
Detrás de la pintura
Como resultado de los incidentes, la Legislatura amaneció con pintadas de aerosol, vidrios rotos y leves daños en las puertas y las celosías de unas ventanas. El perjuicio quizás hubiera sido mayor si el personal y algunas legisladoras refugiadas no hubieran improvisado trincheras para cortar el paso.
“El impacto ha sido más en lo estético que en el daño a la infraestructura en sí. La pintura en aerosol negra en puertas y paredes cuesta sacarla. Hay que hacer un tratamiento especial”, explicó Carlos Santilli, director de Infraestructura de la Legislatura.
Los arreglos en principio los pagará la Legislatura (es decir cada mendocino) y Santilli estimó que si una empresa tuviera que hacerlo en total le costaría algo menos de $ 30 mil.
Ayer al mediodía policía científica continuaba analizando la puerta llena de frases pero ahora trabajan empleados de la Casa de las Leyes para que el lunes esté como de costumbre.
Algunos administrativos coincidían en que el impacto no estaba en el costo del daño, relativamente bajo, sino en que entraran con violencia al edificio. Más aún cuando no había vallas pero sí un micrófono en la entrada apostando al diálogo que nunca fue.
Los más contundentes en su opinión fueron cinco diputados radicales (Gabriel Balsells Miró, Analía Jaime, Néstor Parés, Gladys Sánchez y Beatriz Varela), que impulsaron un proyecto de resolución para “repudiar la actitud agresiva de las personas que causaron desmanes en la marcha realizada por la ciudadanía”.
Según un comunicado de los legisladores, “a medida que transcurrían las exposiciones, comenzaron a advertirse actitudes de personas cuya motivación para encontrarse en el lugar no condecía con la de la marcha, sino, que se encontraba dirigida a causar desmanes”,Balsells hizo hincapié en que se trató de un “grupo minoritario” de personas “en una actitud evidentemente organizada y premeditada”.
Sea por la opinión pública o por un compromiso con el tema, los últimos casos de femicidio y la protesta produjeron un vendaval en la política mendocina.
A los pedidos de diputadas y senadoras por declarar la emergencia por violencia de género, otros funcionarios públicos se sumaron ayer a la ola.
El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, afirmó que el gobierno pedirá el enjuiciamientodel fiscal que llevó adelante la investigación del caso Ayelén Arroyo.
La lupa se pone sobre Fabricio Sidoti, quien recibió la denuncia de la joven por el intento de abuso de su padre (ver página 14). Para Garay, se trató de una muerte que el sistema pudo haber evitado.
En Tribunales estuvieron la vicegobernadora; el procurador general Alejandro Gullé y cuatro jueces de la Suprema Corte: Jorge Nanclares, Omar Palermo, Mario Adaro y Alejandro Pérez Hualde.
El objetivo explícito era coordinar acciones para abordar la violencia de género, que incluye la creación de una fiscalía especializada.
