La presión sobre el gobierno español de Mariano Rajoy se incrementó ayer al complicarse la situación del ex ministro de Economía de su Partido Popular (PP) y ex director del FMI, Rodrigo Rato, detenido anteayer durante varias horas, y al que la Justicia bloqueó todas sus cuentas en el marco de la investigación por presunto blanqueo de capitales.
En medio del revuelo político y la indignación general ante un nuevo caso de corrupción en torno al PP, unas 500 personas se congregaron ayer frente a la sede central del PP en Madrid para reclamar “Elecciones ya”.
“Rato, ladrón, te esperan en prisión”, “dimisión” o “ladrones” fueron algunas de las consignas que coreaban los manifestantes, convocados a través de las redes sociales. Entre insultos, Rato regresó ayer a la mañana a su despacho de Madrid para presenciar un segundo registro policial luego de su fugaz arresto.
“Hijo de p...”, “ladrón”, “cabrón”, gritó un grupo de vecinos al ver a Rato en el momento en que, vestido con un traje gris y camisa blanca, abandonó su domicilio del céntrico barrio madrileño de Salamanca, custodiado por la policía y en medio de una gran expectativa mediática.
El registro de la oficina del que fuera ministro de Economía y vicepresidente del gobierno de José María Aznar (1996-2004) comenzó el jueves por la tarde y continuó hasta ayer a las 14 horas.
Al regresar a su casa, Rato se mostró serio. Su foto agachando la cabeza para ingresar al coche policial que lo había llevado a su oficina el día anterior ya había dado la vuelta al mundo, dejando detrás de sí una oscura imagen del otrora todopoderoso vicepresidente conservador.
A última hora de ayer, el juez del caso, Antonio Serrano, ordenó bloquear todas las cuentas corrientes, depósitos, fondos y préstamos cuya titularidad sea de Rato, según medios españoles.
La caída estrepitosa del ex jefe del FMI se produjo el jueves cuando fue detenido durante ocho horas para garantizar su presencia en los registros que realizaron los agentes en su casa y su oficina tras una denuncia presentada en su contra por la Fiscalía de Madrid por delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamientos de bienes.
La Fiscalía actuó después de que la prensa española publicara, el martes pasado, que Rato sería una de las 705 personas investigadas por la unidad de prevención de blanqueo de capitales, Seplac, de todas las que se habían adherido a la amnistía fiscal abierta en 2012 por el gobierno de Rajoy, el actual presidente español y líder del PP.
De acuerdo con fuentes fiscales, la denuncia fue presentada de forma urgente para “preservar las pruebas”, y el juez de guardia ordenó el arresto de Rato para que fuera trasladado bajo custodia de los agentes de Aduanas a su despacho con ese mismo fin. Rato estuvo presente en las primeras cuatro horas de esa inspección de su oficina, pero pasadas las doce de la noche quedó en libertad.
Las investigaciones respecto a Rodrigo Rato se centran en “un complejo entramado societario y familiar” que el ex ministro y algunos socios suyos tendrían en paraísos fiscales. Estas empresas habrían sido creadas para evitar embargos por el “caso Bankia”, que investiga irregularidades en la gestión de esta entidad que Rato presidía y que llevó al borde de la quiebra.
Imputado por tarjetas "black"
Rato también está imputado por el caso del uso de "tarjetas black" de Caja Madrid y Bankia, que no tributaron al fisco durante años.
La sola información de que Rato -un símbolo del establishment financiero y del modelo económico neoliberal del PP- se había sumado a la polémica amnistía de Rajoy, provocó un gran revuelo político en España. Y el arresto de Rato no hizo más que incrementar el escándalo y la presión en torno al gobierno de Rajoy, al que la oposición acusa de haber creado una amnistía fiscal para sus amigos del PP.
“El presidente del gobierno ha sido el facilitador del blanqueo de capitales de estas personas que eran dirigentes del PP”, aseguró ayer el portavoz del opositor Partido Socialista (PSOE), Antonio Hernando, cuya fuerza política registró un pedido de comparecencia de Rajoy en el Congreso de Diputados para dar explicaciones.
“Es fundamental comprender que estamos en manos de una mafia, el ministerio de Hacienda no puede ser un cortijo privado del señor Montoro y del Partido Popular”, dijo por su parte Pablo Iglesias, el líder de Podemos, quien pidió al gobierno de Rajoy que “asuma la responsabilidad”.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, rechazó el pedido de comparecencia de Rajoy alegando que el caso de Rato es una investigación que afecta al ex político y banquero a nivel personal. “Estamos ante un asunto particular, no ante hechos relacionados con un cargo en el ámbito público”, sostuvo la “número dos” de Rajoy.
La detención de Rato fue un golpe para el PP, como reconocieron algunos de sus dirigentes.
En tanto, fuentes cercanas al jefe del Ejecutivo aseguran que Rajoy está “tranquilo” ante la investigación -porque considera que su gobierno actúa cumpliendo la ley contra su ex compañero- pero también se muestra “preocupado” por las consecuencias que este caso pueda tener a nivel electoral, con las elecciones municipales y regionales del próximo 24 de mayo a la vuelta de la esquina.
