El lunes la Corte Suprema de la Nación presentó al jefe de Gabinete Marcos Peña, la solicitud de ampliación de partidas presupuestarias para cubrir la actualización salarial de jueces y empleados de la Justicia Federal y es seguro que ese pedido sea respondido afirmativamente.
En Mendoza 841 empleados de Tribunales Federales de Mendoza y San Rafael (517 en el edificio de calle España y Pedro Molina y 324 en el sur provincial), más 15 jueces y 5 fiscales serán los que logren la "paritaria" más jugosa de todas las que se realizaron en la Argentina: según diario Clarín el incremento que al cierre del año llegará al 69%.
En la nota de la Corte remitida a Jefatura de Gabinete, se pide una ampliación de partidas por 3.925 millones de pesos para cubrir el aumento salarial en la Justicia Federal de todo el país.
La carta pide "disponer las modificaciones en las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros, a efectos de otorgar un diez por ciento (10%) de incremento salarial en el mes de setiembre, un diez por ciento (10%) de incremento salarial en el mes de noviembre y un diez por ciento (10%) de incremento salarial en el mes de diciembre".
Este incremento se suma a tres aumentos ya otorgados. Uno 10% en marzo, correspondiente al cronograma de aumentos 2018, 7,5% en mayo y 7,5% en junio.
La cuenta fue sacada por diario Clarín, teniendo en cuenta que el último acuerdo salarial se alcanzó en octubre de 2018, que sumado al que seguramente obtendrán ahora, ronda el 70% de aumento.
En octubre de 2018, el incremento fue del 10%, como se dijo, en marzo fue otro 10%. El básico de los miembros de la Corte Suprema nacional saltó de $183.601,93, a los actuales $256.731,74. El salto entre octubre y junio llega al 40%. A eso hay que agregarle los tres tramos de 10% de aumento y así se arriba al cálculo publicado por Clarín.
Este incremento también alcanzará a los casi 500 jueces, fiscales y defensores oficiales que revistan en el Poder Judicial de Mendoza, gracias al acuerdo firmado por la Asociación de Magistrados local con el gobernador Celso Jaque en 2008. Ese convenio cerró la pelea del Ejecutivo con el Legislativo que se desató durante el gobierno de Julio Cobos.
Por ese acuerdo los magistrados mendocinos están enganchados a los incrementos de sus pares de la Justicia Federal. No cobran lo mismo, pero si los mismos aumentos, que también alcanzan a los funcionarios judiciales equiparados a magistrados, de los que Los Andes no pudo acceder al dato de cuántos son.
Distinto a sus pares de Tribunales Federales, los empleados judiciales de Mendoza no están enganchados a los salarios de los magistrados, por eso no se beneficiarán con esta jugosa "paritaria".
El mecanismo en Mendoza se desata cuando la Corte nacional publique su acordada con el cronograma de incrementos. En ese momento, la Corte local hace el pedido al Gobierno provincial para que instrumente el mismo cronograma de incrementos. Y, por ese acuerdo firmado por Jaque, el Ejecutivo debe hacer la reasignación de partidas para cumplir con los mismos incrementos.
Entre los enganchados al salario judicial, también gozarán del aumento el fiscal de Estado, Asesor de Gobierno y los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
De acuerdo a la información suministrada por el sitio web del Poder Judicial mendocino, la "asignación de clase" de los miembros de la Suprema Corte de Mendoza cobran 170.133,33 pesos, a los que hay que agregarle antigüedad y otros ítems, así como restar aportes; jueces y fiscales de cámara tienen una asignación de clase de 153.119,99 pesos; un juez de primera instancia percibe en el mismo concepto (sin adicionales, ni descuentos) 139.509,32 pesos, fiscal, defensor oficial, juez de faltas y tributario tiene una asignación de 122.495,97 pesos y, por último, un juez de paz 111.437,31 pesos. Esos montos se incrementarán cerca de un 30% de aquí a fin de año.
La ley de su lado
Los jueces tienen de su lado la Constitución nacional y así no hay forma de que los estados nacional y provincial se resistan los incrementos salariales, aún en medio de una crisis profunda como la actual.
El argumento para que nadie pueda objetar los incrementos de los magistrados nace del artículo 110 de la Constitución: "los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones".
Es lo que se suele llamar la "intangibilidad". Es un derecho de los jueces para garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar que los otros poderes puedan afectar esa garantía o condicionar a los jueces en su tarea.
La pregunta que flota en el ambiente es si esa intangibilidad es absoluta y debe cumplirse a rajatabla o si, en circunstancias de emergencia debe armonizarse con otras normas, teniendo en cuenta el esfuerzo que hacen todos los argentinos; más aún, cabría preguntarse si bajo la emergencia, la prioridad sería la salvaguarda del Estado y, eso implica, que también los magistrados pusieran el hombro como el resto de los mortales.
Sólo los nuevos pagan Ganancias
Al incremento salarial del 70% hay que agregarle que sólo los magistrados que ingresaron después 1 de enero de 2017 pagan impuesto a las ganancias. Esta medida corre para los jueces mendocinos y los del fuero federal.
Más aún, no todo el sueldo de los jueces está alcanzado por ganancias, sólo los ítems "compensación jerárquica", "compensación funcional" y "bonificación por título" y parcialmente alcanzada, la "bonificación por antigüedad" y la "permanencia en la categoría". Esto fue resuelto por el Consejo de la Magistratura.
La decisión de que los nuevos jueces pagaran ganancias y los límites a ese pago nacieron de un fallo de la Corte nacional del 27 de noviembre de 2018, "Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ Consejo de la Magistratura y otros s/ inc. de medida cautelar".
La cautelar fue planteada por la Asociación de Magistrados contra la Ley 27.346 sancionada en 2016, que fue impulsada por el diputado del Pro Pablo Tonelli, en la que se establecía que solo los nuevos nombrados pagaran gravamen, por el derecho adquirido de quienes no lo pagaban.
Claves
-Tres incrementos del 10% con los sueldos de setiembre, noviembre y diciembre.
-Alcanzará a 20 magistrados federales locales y los 841 empleados de los juzgados federales de la Ciudad de Mendoza y San Rafael.
-El incremento también alcanzará a los 500 jueces, fiscales y defensores oficiales de la Justicia local, pero no a los trabajadores judiciales.
