La jueza Elena Highton de Nolasco, la única mujer entre los integrantes de la Corte Suprema, seguirá en su puesto luego del 7 de diciembre, cuando cumplirá los 75 años, a pesar de que la Constitución Nacional exige a los jueces que se retiren a esa edad.
La única vía prevista por la Constitución para que un magistrado pueda quedarse en su silla cinco años más tras pasar esa edad es que el Presidente proponga una extensión de su mandato y que esa propuesta sea refrendada por el Senado.
Nada de eso ocurrió, pero Highton logró su cometido porque el Gobierno decidió dejar extinguir el plazo que tenía para apelar un fallo judicial de primera instancia de la semana pasada que hizo lugar a un amparo que presentó la jueza para evitar la jubilación obligatoria.
El jueves de la semana pasada, la jueza de la Corte logró que un juez de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo, Enrique Lavié Pico, hiciera lugar al amparo que presentó el año pasado para poder seguir en su cargo.
En su fallo, Lavié Pico declaró la “nulidad” de la reforma hecha en 1994 del Artículo 99, inciso 4to. de la Constitución. Ese artículo dice que, en referencia al nombramiento de los jueces, que “un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años”.
Ese fallo menciona antecedentes de jueces que lograron quedarse tras cumplir los 75 años. El caso más notorio fue el de Carlos Fayt, que había sido nombrado antes de la Reforma Constitucional de 1994.
El escrito del juez y la decisión del Gobierno de dejarlo pasar pueden tener consecuencias sobre los planes de centenares de jueces que se verán animados a solicitar un tratamiento similar y quedarse en sus cargos hasta que les parezca pertinente o hasta que lo defina la biología, liberados de molestas trabas constitucionales.
