"Lawfare". Una sola palabra es suficiente para sintetizar las más de tres horas del monólogo al que apeló el lunes la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, para defenderse en el juicio por irregularidades en la obra pública en Santa Cruz.
Es el mismo concepto al que se aferran los líderes de izquierda latinoamericana perseguidos por la Justicia para calificar lo que entienden es una persecución judicial con soporte mediático cuyo objetivo es quitarlos del camino.
"Lawfare", una contracción de law (ley) y warefare (guerra), que no figura en el diccionario inglés de Oxford, significa "hacer la guerra". Hace referencia, según detalla Rafael Bielsa en su libro Lawfare, guerra judicial-mediática, al uso ilegítimo que puede hacer el Poder Judicial del Derecho nacional o internacional con el objetivo de dañar a un oponente, en la lucha para obtener determinado objetivo político, como la exclusión de una candidatura electoral. "Los fiscales acusan, los jueces procesan y los medios condenan", sintetiza el ex canciller.
El general estadounidense Charles Dunlap, miembro de la Duke Law School, publicó en 2001 un texto en el que hizo referencia al concepto de "lawfare" como "un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar".
"Eso es lo que está pasando en Argentina. Fiscales y jueces que cometen delitos en uso de las facultades que les confiere la Constitución para defender y garantizar el estado de derecho. Todo esto, tuvo un claro intento, que fue demonizar un proyecto político a través de las causas judiciales. Es el 'lawfare'", expuso Cristina Fernández.
Democracia en riesgo
No es la única persona que usó esta expresión en los últimos tiempos. El presidente electo, Alberto Fernández, aludió a una "difamación mediática contra democracias de América Latina", mientras que el Papa cuestionó "el uso arbitrario" de las prisiones preventivas "como instrumentos del 'lawfare'", que ponen en riesgo el sistema democrático.
El impeachment a la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff; el encarcelamiento a Lula Da Silva, quien no pudo competir en las elecciones de 2018; la orden de prisión y captura internacional dictada contra el ex mandatario de Ecuador, Rafael Correa, acusado de ser el autor intelectual del secuestro de un opositor, o la destitución "por mal desempeño" del ex presidente paraguayo, Fernando Lugo, son algunos de los casos que la izquierda denuncia.
"No me parece casual que siempre se use este mecanismo contra dirigentes políticos de un determinado signo político. El Papa lo denunció hace unos meses cuando habló del encarcelamiento preventivo y cómo esto vulnera la presunción de inocencia. Esto sucede sobre todo porque los imputados (los dirigentes políticos) ya son calificados como culpables por los medios. Sería imposible que esto funcionara sin un juego combinado del Poder Judicial y los medios que funcionan prácticamente en bloque. Es preocupante porque se judicializa la política. Cuestiones que deberían dirimirse en el ámbito electoral, por ejemplo, terminan en un ámbito de un poder ajeno, y parte de la Justicia termina jugando un papel subordinado a cierto sector de la política", sostuvo el abogado y experto en Política Internacional, Gonzalo Fiore Viani.
El nombramiento del ex juez del Lava Jato, Sergio Moro, como ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro, sería un claro ejemplo del mecanismo que menciona el experto.
En la misma sintonía se ha pronunciado el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari quien, durante la V Jornada de la Red de Jueces Penales Bonaerense, habló de “causas armadas artificialmente, abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante”.
Contra el progresismo
Enrique Santiago Romero, abogado, secretario general del Partido Comunista de España y asesor jurídico de las Farc colombianas, afirmó que "contra todos los que han puesto en marcha con éxito alternativas a las políticas neoliberales se ha utilizado el lawfare, la 'guerra jurídica asimétrica', que ha sustituido la doctrina de la Seguridad Nacional -guerra contra insurgente- que se impartía desde las Escuelas de las Américas.
Ahora son judiciales las escuelas desde las que el Norte expande su estrategia para acabar con los gobiernos de izquierda inhabilitando políticamente a los líderes que pretenden rescatar la soberanía nacional de sus pueblos”.
La abogada y politóloga ecuatoriana, Angélica Porras, afirma que el lawfare es una "enfermedad endémica" en América Latina. "En los últimos tiempos la persecución al que piensa diferente ya no se hace por medio de los militares, la desaparición y la tortura, como se hacía en los 70 y 80, sino que se utiliza a la Justicia", opinó la profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar.
La judicialización de la política, apuntan los especialistas, anula la democracia.
"El 'lawfare' cercena las libertades democráticas, sobre todo si hay injerencias extranjeras, y vulnera tanto la soberanía como la integridad nacional. Es un proceso que puede erosionar la democracia y al mismo Estado", expresó Silvina Romano, investigadora del Conicet y del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
La experta vincula, la renuncia forzada y el golpe institucional contra Evo Morales en Bolivia, a lawfare. “En otros países se acudió al lawfare como estrategia previa a un posicionamiento o arremetida de poder por parte de la oposición. En el caso de Bolivia se hace el golpe de Estado y ahora sí se acude a la ley como un arma para evitar que el líder con mayor capacidad de organización política y social vuelva a alguna función política. La persecución de (Juan Ramón) Quintana es muy sintomática porque era uno de los miembros del MAS y del Gobierno que estaba más claramente posicionado en contra de la política exterior estadounidense hacia Bolivia y hacia América Latina”, sostuvo en diálogo con radio M24 de Uruguay.
Cómo evitarlo
Los analistas coinciden en que la mejor manera de evitar lawfare es dotar de mayor transparencia los nombramientos en el Poder Judicial y aumentar el control de parte de los ciudadanos. El fiscal cordobés Marcelo Hidalgo sostuvo que implementar los jurados populares sería una buena manera de evitar la guerra judicial.
“Los jurados populares son la máxima expresión de la autonomía y allegados jurídicos de aquel momento ‘nacional y popular’ que pedían la aplicación de jurados populares y hoy sería un instrumento que permitiría brindar la máxima transparencia e independencia. Es la manera de construir ciudadanía y república, que es hacer participar a los ciudadanos juzgando en paridad de situación a una ex presidente, a un presidente, a quien sea”, explicó.
