Luis Moreno Ocampo, ex-fiscal adjunto del juicio a los comandantes del proceso militar en 1985 y ex-fiscal jefe de la Corte Internacional de La Haya, fue muy certero al sostener, en una entrevista al diario Perfil, que la presentación judicial del fiscal recientemente fallecido, Alberto Nisman, se trata de una denuncia más que de una acusación.
En términos concretos, lo que quiso explicar es que cuando jurídicamente se hace una presentación de esas características, se está en el inicio y no en el final de una investigación. El fiscal acumuló pruebas y cuando creyó tener un caso judiciable lo fundamentó y lo presentó ante el juez para que se procediera a verificar la pertinencia de sus deducciones fundamentadas en pruebas.
El Gobierno nacional ha tomado exactamente al revés las conclusiones del fiscal Nisman: cree que ya todo lo que estaba por decir y hacerse ya se dijo y se hizo, que lo presentado hasta el momento no prueba nada y que, por lo tanto, hay que clausurar el caso. Nada más alejado de la realidad.
De lo que se trata, y con muy superior fuerza debido a que el responsable de esa denuncia ha muerto en las circunstancias más extrañas posibles, es de llevar hasta las últimas consecuencias los indicios y pruebas que aportó Nisman. Analizar una por una las escuchas autorizadas legalmente y desarrollar todas las pistas que se deducen a partir de las pruebas aportadas, es misión indelegable de la Justicia.
El memorándum firmado con Irán es lo suficientemente sospechoso en cuanto a sus contenidos y en cuanto a las tratativas secretas a partir de las cuales se llegó al mismo, por lo que requiere que se profundice en esas cuestiones ante las cuales el fiscal Nisman se atrevió a insinuar una participación criminal de las más altas autoridades de la República.
Y, junto a ello, o precisamente por ello, aparece ahora la sospecha de que en el análisis de dicha denuncia pueden existir también claves de la muerte del propio Nisman. Dos razones más que evidentes -la causa del memorándum y la causa Nisman- para seguir investigando incluso con más celeridad y profundidad de lo que lo hiciera el fiscal.
Es precisamente a ese desarrollo jurídico al que parece oponerse a toda costa el Gobierno, con una Presidenta tirando por doquier, sin ton ni son, sospechosos del probable asesinato sin ninguna prueba que lo sustente o con un secretario general de la Presidencia que propone arrojar a la basura la presentación de Nisman ya sea desviando la atención o queriendo que el trabajo del fiscal muerto llegue ya mismo a una conclusión definitiva.
Lo que se desea es dar un punto final a este puntapié inicial que habla sobre las peores corrupciones de la Argentina oculta. Eso es lo que la Justicia activa, la comunidad movilizada y la divulgación e investigaciones periodísticas deben impedir para que la justicia y la verdad algún día sean posible en esta Argentina como nunca antes golpeada en sus instituciones, en su moral pública y en su credibilidad, tanto interna como internacional.
