Cada vez que el Estado intervino en la actividad, a la vitivinicultura le fue muy mal. Por el contrario, en oportunidad en que la actividad privada tuvo oportunidad de trabajar con libertad y con reglas de juego claras, el crecimiento de la actividad fue exponencial. En ese marco podría encuadrarse la intención de dos legisladores del Frente para la Victoria que, en conjunto con el titular del INV, impulsan un proyecto para conformar un fondo "estabilizador" para equilibrar el mercado de vinos. Lo que no tienen en cuenta es que el problema actual de la vitivinicultura no es culpa de alguno de los sectores internos -bodegueros o productores-, sino que surge de políticas económicas nacionales que se contraponen con los intereses de las actividades económicas de base agraria y que afectan por igual a todas las economías regionales.
Para comprender mejor lo que ocurre en el sector, convendría mirar un poco lo que marca la historia. Recordar lo que sucedía cuando el Estado tenía intervención directa en la actividad a través de las bodegas estatales (Giol en Mendoza y Cavic en San Juan) para regular el precio del vino, mientras paralelamente se establecían medidas como bloqueos o prorrateos que tenían como intención defender a los productores pero que en definitiva regulaban todo hacia abajo, por lo que todos los eslabones de la cadena sufrían las consecuencias.
Por el contrario, cuando la industria pudo trabajar con libertad, con reglas de juego claras y permanentes en el tiempo el cambio fue por demás positivo. El crecimiento resultó evidente, hubo un aumento en las exportaciones a razón de dos dígitos anuales y también aumentó el mercado interno, como consecuencia de que también en la Argentina los consumidores pudieron degustar vinos de mejor calidad. La propia industria se fijó metas, coordinó un Plan Estratégico Vitivinícola que fue tomado como ejemplo por el propio Gobierno nacional para otras actividades y trabajó en conjunto con la vista puesta en una mejor relación precio-calidad.
Todo ello funcionó a la perfección durante más de dos décadas y los problemas surgieron a partir de 2013, en que el mantenimiento de un dólar desfasado y una inflación constante y creciente modificó los esquemas.
Ahora, en momentos en que la vitivinicultura atraviesa un momento difícil, con precios que afectan al productor, el eslabón más bajo de la cadena y que mantiene a las bodegas trabajando al límite de la subsistencia aparecen iniciativas que, en lugar de intentar modificar las medidas nacionales que afectan al sector (y al resto de las economías regionales), tienden a establecer una intervención directa del Estado en el manejo de la actividad, a través de la conformación de un denominado Fondo de Estabilización de Stocks y que es impulsado por dos legisladores mendocinos ultrakircheristas y un titular del INV que ha excedido los límites que le establece la ley, que es el de presidir un organismo eminentemente técnico, sin intervenir en las políticas vitivinícolas.
Otro de los aspectos controvertidos surge de cómo se conformará ese denominado "fondo". Porque los propios impulsores señalan que podría surgir de un aporte del Gobierno o de la reducción temporaria de impuestos, cosa imposible en el actual estado de la economía nacional. Mientras la tercera vía, la que consideran más factible, sería a través de la aplicación de una tasa a la cadena comercial. Pensar en esta última posibilidad es ser demasiado inocente, porque es sabido que esa tasa no será absorbida por los supermercados, sino que se trasladará al consumidor (lo que hará menos competitivos a los vinos) o la propia industria, con lo que en definitiva terminará también afectando al productor.
No deja de llamar la atención la intención de impulsar un proyecto como el mencionado a poco más de tres meses del cambio de gobierno a nivel nacional, como tampoco puede entenderse que hayan actuado sin una consulta previa con las principales actividades del sector, como surge de las declaraciones de los dirigentes.
